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El Congreso del Estado de Chihuahua solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que proceda a la reparación integral del daño a la familia de Jessica Silva, con una compensación justa y suficiente, y que sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. 

El exhorto fue promovido por el legislador Francisco Adrián Sánchez Villegas de Movimiento Ciudadano, quien recordó que la muerte de Jessica Silva ocurrió el 8 de septiembre de 2020 en Delicias, cuando ella tenía 35 años de edad, y junto con su esposo, Jaime Torres, participaban en una manifestación en la presa La Boquilla. 

“A pesar de los obstáculos establecidos por el Gobierno Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe cumplir con la recomendación de la CNDH de brindar una compensación justa por los daños sufridos a las víctimas con lo cual se alcance la reparación integral”, expuso en sus motivos el legislador naranja. 

Agregó que la CEAV tiene múltiples funciones, que incluyen, entre otras, la reparación integral del daño a las víctimas, la prestación de servicios de asesoría jurídica, apoyo psicológico y social, así como garantizar que se cumplan las medidas de satisfacción y no repetición para prevenir victimizaciones.

Además de que es responsable de inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para que puedan recibir las ayudas y reparaciones que les corresponden conforme a la Ley General de Víctimas y otras normativas aplicables.

“La CNDH ya determinó que se repare el daño. La Sexagésima Séptima Legislatura en unanimidad con independencia de ideologías ya exigió que se otorgue justicia a Jessica Silva. El no cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH prolonga la incertidumbre para la familia”, puntualizó. 

Al acuerdo se sumó el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes detallaron que “el homicidio de Jessica Silva es el resultado del abuso de autoridad en contra de los agricultores de la región, que solamente buscaban proteger, lo más vital, el agua”. 

El exhorto fue apoyado con 17 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones de parte de la fracción parlamentaria de Morena.

La Fiscalía General del Estado ha negado que Gloria Cañez Chávez haya sido activista y defensora de comunidades indígenas en la comunidad de La Yerbabuena, municipio de Balleza.

En cambio, la señalan como una persona que tenía intereses personales y económicos en obtener un permiso para talar el bosque, e incluso, como que había sido denunciada por las comunidades indígenas. 

Sin embargo, fuentes cercanas a Gloria Cañez aseguraron que ella efectivamente era una activista y que fungía como representante de una comunidad indígena de La Yerbabuena, misma que buscaba obtener los permisos para aprovechar el recurso maderable en sus terrenos ancestrales.

Además, fue publicado por el Senado de la República, una queja que la comunidad de La Yerbabuena interpuso contra un magistrado en el 2006, por la falta de atención al conflicto agrario que la comunidad inició para que los territorios fueran reconocidos como suyos y pudieran aprovechar el recurso maderable que hay en él. En dicho documento, se nombra a Gloria Cañez Chávez como su representante legal. 

 https://www.senado.gob.mx/comisiones/reforma_agraria/docs/ratificacion_magistrado/JLC_Queja26.pdf

El pasado 9 de septiembre fueron encontrados al interior de su domicilio, los cuerpos sin vida de Gloria Cañez Chávez y su hija Sally Avella Cañez, de 63 y 23 años de edad respectivamente. Ellas vivían en la comunidad de la Yerbabuena, en Balleza. En la escena del crimen se encontraron 51 casquillos percutidos de calibres .223, 7.2×39 y 40 mm, es decir, municiones para armas de alto poder.  

Por su parte, Juan Carlos Portillo, Fiscal de la Zona Sur de Chihuahua, indicó que la dependencia no posee datos de que la víctima haya sido activista, y afirmó que la línea de investigación del crimen es la disputa por la autorización y el control de la explotación de un recurso forestal de la región. 

“No es tala ilegal, son los conflictos por la autorización para la actividad maderera”, comentó el fiscal.

Además, dijo que la familia tiene “antecedentes”, pues el esposo y el hermano de Gloria Cañez fueron acusados de cometer un homicidio en 2010. “Su esposo fue victimado en diciembre del 2014 en carretera de Guadalupe y Calvo, la muerte del esposo fue derivado de la disputa por el permiso de la actividad maderable”, señaló el funcionario. 

Activistas y defensores de los derechos humanos que conocieron a Gloria, informaron que el esposo y el hermano de la víctima fueron declarados inocentes de los asesinatos que se les atribuyó, ya que no se les encontraron pruebas que comprobaran su responsabilidad. 

Por otro lado, Juan Carlos Portillo supuso que el asesinato de Gloria está relacionado con que “ella se encontraba en las asambleas para el establecimiento de presidencias seccionales”, sin que esto haya sido comprobado aún por la línea de investigación que desarrolla la fiscalía. 

Además, el fiscal general César Jáuregui Moreno también declaró que Gloria Cañez no era una activista y que “tenía denuncias en su contra”, aunque no especificó por qué fue denunciada. 

“Sí tenía denuncias en su contra, pero era por gente que quería dañarla. La denunciaron de no entregar unas despensas, pero a mí me consta que ella siempre entregó los apoyos que conseguía para las familias indígenas que ella ayudaba”, comentó una activista en su defensa, y que pidió a esta redacción permanecer en el anonimato para resguardar su propia seguridad. 

Esta misma persona, informó que la semana pasada también fue asesinada una persona que era un representante del ejido Pilares, también en Balleza. 

“Esa persona era la que tenía el grupo ejidal más grande y fue asesinado porque no cedió a los caprichos del crimen organizado”, informó la fuente. 

“Que no salgan ahora con que no era una líder y activista, cuando yo personalmente vi lo que ella batalló para darles apoyo a la comunidad de La Yerbabuena y los traía y los llevaba a las audiencias del juicio agrario por su territorio”.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto promovido por el diputado Benjamín Carrera Chávez y el Grupo Parlamentario de Morena para que del fondo de multas obtenidas de los espectáculos que promuevan la violencia contra las mujeres, se destine a apoyos económicos directos y periódicos a víctimas de violencia. 

Carrera Chávez explicó que en Chihuahua desde 2015 se sanciona la interpretación y reproducción de contenido musical que haga apología del delito, pero persiste el desconocimiento en cuanto a, de qué manera estos montos e incluso dicha medida, se han materializado en un beneficio directo para la población.

“La medida aprobada por el Cabildo de la capital ha suscitado una serie de cuestionamientos en torno a la aplicación de dichas sanciones, así como al destino de las multas que rondan desde los 600 mil hasta poco más de un millón de pesos, generando expectativa respecto a si esta medida verdaderamente contribuye a erradicar la violencia de género”, expuso Carrera.

La violencia de género no debe ser mercantilizada, sino que debe tomarse muy en serio; por lo que están de acuerdo con la multa, pero deben traducirse en un beneficio directo a través de apoyos tangibles otorgados de manera periódica a las víctimas de violencia, indicó.

En este sentido, Georgina Bujanda Ríos de la Comisión de Justicia e integrante del Partido Acción Nacional, respaldó el acuerdo y solicitó una moción para que se aumente los recursos para los refugios confidenciales dentro del Presupuesto Federal de Egresos para el 2024, “y que se incluya a Ciudad Juárez, ya que no sólo la violencia familiar y feminicida se encuentra en Chihuahua”. 

La moción y el exhorto obtuvieron 26 votos a favor y uno en contra de parte del diputado Gustavo de la Rosa Hickerson.

Mil 690 elementos de distintas corporaciones resguardarán la seguridad de la noche del Grito del 15 de septiembre, informó el alcalde Marco Bonilla Mendoza.

“El plan de operaciones ya está listo”, aseguró el presidente municipal, “están considerados 450 policías municipales, 900 policías estatales, 120 policías viales, 120 policías militares, 20 elementos de la Guardia Nacional para un total de  mil 690 elementos”.

El alcalde, quien está invitado por la gobernadora Maru Campos a estar en la celebración del Grito, aseguró que habrá arcos lectores de metales para evitar el ingreso de algún tipo de arma.

“Y vamos a tener revisiones en filtros de seguridad también. Se estarán revisando a todas las personas y se permitió la instalación de vendedores ambulantes con 52 permisos otorgados”, explicó Bonilla.

Protección Civil Municipal estará en supervisión permanente, sobre todo el área de los fuegos pirotécnicos, añadió el alcalde.

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