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El relleno sanitario es uno de los grandes pendientes de la administración municipal de Marco Bonilla, expresó la presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, Adriana Terrazas Porras.

“Fue uno de los compromisos que hizo desde el inicio de su ejercicio como presidente municipal; tendrá que ponerse de acuerdo con la iniciativa privada que está en contra o buscar definitivamente una reubicación”, explicó Terrazas Porras.

La legisladora presidenta comentó en el marco del segundo informe de actividades de Marco Bonilla, que en materia de seguridad falta mucho por hacer, no obstante, destacó la colaboración entre Gobierno Federal a través de la Guardia Nacional, con la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Estatal.

“Me parece un buen presidente municipal. Un hombre comprometido con muchos avances, buenas intenciones para que a la gente de la capital le vaya bien; un hombre que trabaja 24 horas por 7 días, inteligente y con ganas por Chihuahua”, concluyó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en qué les afecta que se bajen el sueldo en 25% cuando los togados –dijo- tienen un salario de 600 mil pesos mensuales.

“¿Qué les puede afectar que digan voy a aportar 25% de todo lo que recibo, si recibo 600 mil pesos mensuales, voy a recibir, 25% menos, como 450 mil, no 600 mil que se van a afectar y no, se enojan”.

Señaló que la decisión de reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, pero recordó que ya no puede haber privilegios.

“Pero bueno ya ahí a ver qué hace la Cámara de Diputados y no puede haber fueros o privilegios eso ya se quitó, no se permite desde el siglo 19 que existían los fueros”, dijo.

Este miércoles EL UNIVERSAL documentó que Morena en la Cámara de Diputados propone un recorte de 25% del Presupuesto del Poder Judicial lo que podría llevar a la desaparición de 63% juzgados de distritos y 69% de los tribunales colegiados, lo que representaría un retroceso de ocho años.

Sobre el llamado que le hizo la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que lo exhortan a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia del presupuesto del Poder Judicial, cuestionó a los abogados.

“¿Qué estoy haciendo mal? A mí me envían el Presupuesto, que no lo saben los abogados, como ellos mismos lo dicen, que quieren que les lea el artículo. A mí me entregan el Presupuesto del Poder Judicial y así, igual se envía a la Cámara de Diputados, porque deben de saber los abogados, que es facultad exclusiva de Diputados aprobar el presupuesto, como diría el clásico del conservadurismo: ´y yo porque´”.

Calificó a los ministros de “insensibles” porque –insistió- en qué les afecta el recorte de 25% de sus salarios.

“Hablamos de 22 millones de trabajadores que ganan en promedio 16 mil pesos mensuales a quienes ganan 600 o 700 mil pesos mensuales”, expresó.

El mandatario sugirió que le quiten el nombre a la SCJN y la renombren como “Suprema Corte del Derecho o del estado de chueco”.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentará esta misma tarde una iniciativa de reforma para recortar más de 20 mil millones de pesos al poder judicial, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos, a fin de que “todas las disponibilidades que en existan en estos fondos y fideicomisos, se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.

La propuesta del coordinador guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, plantea expedir la ley orgánica del poder judicial de la federación en materia de fondos y fideicomisos.

En su exposición de motivos, Mier Velazco explica que México se encuentra en un momento de “refundación institucional”, motivo por el que, además de la independencia, autonomía, imparcialidad, eficacia, y rendición de cuentas, el Poder Judicial está obligado a aplicar la austeridad “para ser un buen sistema”.

“Sin embargo, los dos elementos restantes, la rendición de cuentas y la austeridad, constituyen aún pendientes importantes por lograr. En materia de austeridad, el avance es casi completamente nulo, y la falta combinada de avances en estas materias, está generando una percepción negativa en la sociedad respecto al Poder Judicial, agraviada por una cultura generalizada de excesos que ya no encuentra fácil de tolerar”, señala el legislador.

Ignacio Mier denuncia en su propuesta que los ministros del Poder Judicial reciben por su sueldo mensual un total de 297 mil 403.77 pesos, por concepto de aguinaldo otros 586 mil 092.53 pesos, por su prima vacacional otros 95 mil 474.68 pesos, además de otros 60 mil 307.52 mensuales para gastos de alimentación, que en total suman 723,690.24 pesos al año, sin contar el “Pago por Riesgo de trabajo a cada ministro que es de 640,372.31 pesos y se les entrega cada año en el mes de junio”.

Agregó que otras prestaciones para los ministros, también incluyen a su familia, por ejemplo: “El “Apoyo para Medicamentos”, en el que se incluye al ministro/a y a su cónyuge es de 188,099 pesos cada año, y el “Apoyo de lentes” que contempla a los ministros, sus cónyuges e hijos, es de 3,100 pesos anuales para cada uno de los integrantes de la familia”.

También acusó la entrega de recursos para contratación de personal en la oficina de cada ministro que contempla el otorgamiento de 5 millones 540 mil 930.32 pesos mensuales; un “estímulo por antigüedad” de mil pesos mensuales; un “Pago de defunción” por un millón 189 mil 615.08 pesos; 30 mil pesos de “Ayuda de gastos funerales”; “Seguro de Vida” por 12 millones de pesos; “Seguro de Gastos Médicos” por 30 millones de pesos; “Seguro de Separación Individualizado” que puede ser de un 2%, 4%, 5% o 10% del sueldo del ministro y en el que la SCJN abona el doble con cual al cabo de 15 años que dura la gestión de los integrantes de la Corte pueden acumular hasta 20 millones de pesos para su retiro.

Por lo anterior, la propone que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se extingan aquellos mandatos que se hayan constituido y desarrollado fuera del amparo de dicha ley.

Lo anterior representa que solo uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo este “el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia” del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 727 millones 411 mil 587 pesos, mientras que los 19 mil 789 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos “deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

Se agrega que, a sabiendas de que algunos de estos fideicomisos resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales que conforman derechos adquiridos, “los actos de extinción de estos mandatos jurídicos deberán respetar los compromisos contractuales de los mismos y respetar los derechos que se hayan generado, cubriéndose los montos que correspondan con cargo a los propios fideicomisos”.

Por lo tanto, “una vez solventados dichos compromisos, los recursos federales remanentes, incluyendo los productos y rendimientos que hayan generado a lo largo de los años, generando ahorros financiados por el presupuesto público, también deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

La iniciativa ya fue publicada en la gaceta parlamentaria y será anunciada esta misma tarde.

El coordinador de Fracción Parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, comentó que el proceso se concluyó tal y como lo planteó el movimiento.

“Fue un proceso ejemplar, llegaron al final los 6 aspirantes que se formaron, el Frente Amplio por la Corrupción no puede decir lo mismo”, agregó.

Sobre las posturas de Ebrard y Monreal, dijo que tienen como militantes la libertad de expresar lo que sienten, pero cuando se conocen las reglas y las casas encuestadoras, “y aun así deciden no respetarlo está bien, no la comparto”.

Por último, el coordinador dijo que el movimiento tiene una esencia más allá de la aspiración individual, por lo que ambos aspirantes están en su derecho de realizar las acciones que consideren.