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Los argumentos que la Fiscalía Anticorrupción vertió sobre la culpabilidad del excoordinador de Comunicación Social corralista, Antonio P.C., por el delito de “uso ilegal de atribuciones y facultades”, fueron suficientes para que la jueza Miriam Montejo dictara vinculación a proceso para el imputado.

Y, al conceder el plazo máximo de seis meses a la Fiscalía, fijo la realización del juicio para el 26 de marzo de 2024.

Por lo tanto, la Fiscalía Anticorrupción en este lapso llevará a cabo su investigación para obtener testimonios de entrevistar al personal que tuvo cercanía con los hechos.

A la defensa le pareció excesivo el plazo solicitado, al considerar que es exagerado entrevistar a toda el área de una dependencia estatal, porque representa un perjuicio para su representado ya que deben prevalecer los derechos del imputado y no se trata de un delito grave.

Los cargos en contra del exvocero corralista fueron por favorecer los siguientes contratos:

Araly Cristina Paulina del Rocío L.A. Directora Administrativa y cómplices externos, Abril Susana Pilar R.L. y Efraín Alonso M. D., en esta capital adquisiciones con cargo al gobierno del estado a nombre de la moral Xtreme Sports S. de R.L. de C.V.; con la misma moral, SH/ADE/001/2018 con fecha del 17 enero de 2018 por 800 mil 779 pesos.

También, el contrato SH/ADE/006/H/2018 con fecha del 1 febrero de 2018 con un monto de 4 millones 175 mil pesos.

Asimismo, se indicó la licitación que se otorgó a la persona moral Upcon, S.A. de C. V. con el contrato SH/LPE/017/2018, con fecha del 14 de febrero del 2018 por 3 millones 917 mil 188 pesos.

Además, el contrato SH/DAS/ADOC/017/2018 con fecha 9 de febrero, con la moral Malcomsat, S.A. de C.V. por un monto de 354 mil 960 pesos para comprar dos computadoras.

Finalmente, el contrato simplificado número 117000105 con fecha del 25 de julio del 2018 con Malcomsat, S.A. de C.V. con un monto de 73 mil 269 pesos para una cámara de vídeo.

En el debate de argumentos de la audiencia de vinculación a proceso de Antonio P.C., a quien le fijaron como medida cautelar la prisión preventiva justificada por uso ilegal de atribuciones y facultades, el Ministerio Público, Ramón Anchondo, argumentó que “los contratos son una cosa y la vida privada es otra, y pienso que la vida privada sí tiene que ver con el conflicto de intereses”.

Señaló como pruebas principales los testimonios de un empleado de Xtreme Sports, quien reconoció hacer trabajos de edición y producción; en contraparte, los dichos de empleados de la Coordinación de Comunicación Social que consideraron innecesario la contratación de la empresa.

También señaló que el Comité de Adquisiciones y Servicios fue coptado por el subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján Peña, y por el gobernador Javier Corral, de quien dijo, no eran ajenas esas contrataciones de servicio.

Además, mostró como comprobante de la supuesta relación amorosa entre el imputado y la representante de Xtreme Sports, Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, una licencia de conducir de Antonio P.C. donde aparece el celular de ella como número de emergencia.

Por éstas y otros razonamientos, la Fiscalía Anticorrupción pidió que al imputado se le formalice el auto de vinculación a proceso.

Esto lo solicitó el defensor José Luis Contreras Cruz a la jueza Miriam Montejo, aludiendo que el testimonio de Pablo Pinedo no reconocía ninguna relación de su padre con las personas involucradas, ni la relación amorosa con Abril Susana.

En su argumentación, el defensor indicó que no encontraba un beneficio para Abril Susana, en su calidad de apoderada de la empresa y tampoco para el excoordinador de Comunicación Social.

La licencia de conducir que mostró el MP, según Contreras, es de una fecha posterior a la de la celebración de los contratos, de enero a junio de 2018, entre Gobierno del Estado con las empresas involucradas (Xtreme Sports, Malcom Sat y Upcom) a finales de ese año.

“Son pruebas suficientes para que usted, su señoría, para solicitar el auto de no vinculación a proceso a favor de Antonio P.C.”, demando la defensoría.

Luego del debate, la jueza estableció una prórroga para emitir su veredicto.

“Que no quede duda que soy inocente, no soy ingenuo y sé que estoy siendo utilizado como instrumento de revancha política, por haber pertenecido a la antigua administración que por no conceder el gasto en publicidad, que todo Gobierno da a los medios, con la sola intención de callar la mala administración que se ejerce sobre lo público”, argumentó Antonio P.C. durante su audiencia de vinculación a proceso, bajo la advertencia de la jueza Miriam Montejo de que su testimonio podría ser utilizado en su contra.

Y en su argumentación puso como ejemplo a la gobernadora del Estado, que fue acusada por lo mismo, “pero ella acusada directamente como autora de corrupción, por cantidades mayores por las que aquí se me acusa y, no solo eso, le fue permitido llevar su proceso en libertad donde además fue vinculada a proceso y aún con todo, hoy es gobernadora y a un día de tomar protesta, la misma Fiscalía le retiró los cargos”.

Al hacer uso de la palabra en esta audiencia, Antonio P.C. señaló que el Ministerio Público no ha demostrado el supuesto conflicto de interés de Araly Cristina L.A., su hermana Abril Susana del Pilar R.L. y el representante de Xtreme Sports, Efraín Alonso M.D.

“Puede darse cuenta –expuso Antonio P. C. ante la jueza– que estoy enfrentando un juicio donde quienes señalan que hay un conflicto de interés, no me lo han comprobado con argumentos, con elementos objetivos comprobables, solo con sustentos de oídas”.

Aseguró que no se ha respetado su presunción de inocencia, como sí lo hicieron con la gobernadora, por no tener la posibilidad de llevar su caso en libertad.

En consecuencia, debo admitir que una de las culpas que cargo, es la de haber pertenecido a la administración del exgobernador Javier Corral, ya que nunca toleró que yo siguiera sus caprichos y nunca me dirigiera a su persona como señor gobernador”, señaló Antonio P.C.

Con el cambio de abogado defensor, este martes, 25 minutos después de la hora programada, a las 16:00 horas, inició la audiencia de vinculación a proceso de Antonio P. C., quien fuera coordinador de Comunicación Social durante la primera etapa, 2016-2018, de la administración del exgobernador Javier Corral.

En la audiencia inicial celebrada el pasado viernes 22 de este mes, la jueza Miriam Montejo leyó la formulación del cargo: uso ilegal de atribuciones y facultades con penalidad agravada por cinco hechos diferentes, cometidos durante el año 2018 y en los que se desviaron 9 millones 321 mil pesos del erario estatal de Chihuahua con contratos de adquisición de bienes y servicios.

Un día después, la jueza, luego de escuchar los cargos de la Fiscalía Anticorrupción y argumentos de la defensa del presunto inculpado, dictaminó que sí había indicios del delito y aplicó a Antonio P.C. como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término de dos años.

Esta tarde, la jueza Miriam Montejo aprobó la defensa del inculpado por parte del abogado Caín Villegas ante la renuncia del abogado defensor José Luis Contreras Cruz.

La audiencia continuó con la presentación de un testigo por parte de la defensa del inculpado: Pablo Pinedo, hijo de Antonio P.C. quien a preguntas expresas de Caín Villegas, reconoció llevar una buena relación y comunicación con su padre y negó categóricamente conocer a Araly Cristina L.A., exdirectora administrativa en la Coordinación de Comunicación Social; a Abril Susana del Pilar R.L., prima de Abril Susana y representante de Xtreme Sports y al también representante, Efraín Alonso M.D.

Pinedo hijo también negó haberlos observado y escuchado hablar de ellos en conversaciones; solo reconoció conocer de ellos por medio de publicaciones en un medio de comunicación.