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El jurado en el caso de indemnización por difamación del expresidente Donald Trump llegó a un veredicto. Se indicó que el exmandatario debe pagar a la escritora E. Jean Carroll más de 83 millones de dólares en daños y perjuicios por difamación.

El juez convocó a las partes a la sala para escuchar la lectura del veredicto.

El jurado de nueve personas comenzó a deliberar a la 1:40 pm ET y llegó a un veredicto en poco menos de tres horas.

La decisión se produjo después de polémicos argumentos finales en los que Trump salió furioso de la sala del tribunal. Regresó para presentar los argumentos finales de su propio abogado, pero abandonó el tribunal a las 4 de la tarde, antes de que el jurado emitiera su veredicto.

El jurado, anónimo, compuesto por siete hombres y dos mujeres, decidió daños y perjuicios porque se le ha dicho que acepte como ciertas las conclusiones de otro jurado que en mayo pasado otorgó a Carroll 5 millones de dólares después de concluir que Trump abusó sexualmente de Carroll en el vestuario de almacenes de lujo en Manhattan. También indicó que él la difamó en 2022 al afirmar que ella inventó la acusación para vender unas memorias.

El jurado actual decidió qué daños, si corresponde, debe Trump por dos declaraciones que hizo en junio de 2019 mientras era presidente después de que Carroll hiciera su acusación.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, pidió al jurado al menos 24 millones de dólares en concepto de daños compensatorios por el daño que sufrió y “mucho, mucho dinero” en concepto de daños punitivos para impedir que siguiera difamándola.

Mientras la diputada de Morena, Jael Argüelles, presentaba un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para que la gobernadora María Eugenia Campos, el alcalde Marco Bonilla y el Consejo Estatal Electoral promovieran un ambiente de respeto y paz en el proceso electoral, la sesión concluyó por falta de quórum. 

La diputada Argüelles denunció en Tribuna las agresiones de las que fueron víctimas militantes y simpatizantes de Morena durante una brigada en la colonia Cerro Prieto, en la que identificaron a una persona con el nombre de Reyna Arellano, quien es lideresa del PAN y empleada del municipio de Chihuahua. 

Además de recordar que la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, realizó un pronunciamiento público “con palabras impropias de la función pública y la relación interinstitucional con el Gobierno Federal”. 

“Posteriormente, Marco Bonilla, secunda los dichos de la gobernadora, no solo uniéndose a sus expresiones, sino que en el marco de lo acontecido en Cerro Prieto tacha de “electoreros” los hechos minimizando la situación de vulnerabilidad y violencia que existió”, dijo. 

La diputada reprochó al gobierno estatal y municipal, que resulta “incongruente” prohibir canciones porque tienen mensajes violentos, pero no para utilizar un lenguaje en uso de funciones públicas, con el fin de “desacreditar a un poder con fines electorales”. 

Por lo que solicitó que ambos funcionarios se abstengan de pronunciar discursos violentos y de odio con calificativos discriminatorios y que demeritan el ejercicio público, respetar a las personas y no revictimizarlas.  

Mientras que al Consejo del IEE, le pidió promover un ambiente pacifico para el desarrollo del proceso electoral 2023-2024, para garantizar los derechos político-electorales de las personas.

Al concluir su intervención, el diputado del PAN, Carlos Olson levantó la mano y comentó que en el PAN nunca han estado a favor de la violencia y que como oposición han denunciado el “cinismo” del Gobierno Federal, y trató de presentar un video en el que dijo se amenaza a beneficiarios de programas sociales federales. 

Por su parte, el diputado Óscar Avitia de la fracción de Morena, expresó que le parece increíble la justificación de Olson sobre la violencia ejercida en contra de los militantes, así como de la gobernadora de quien dijo tuvo “muy bajo nivel político” y lamentó que el grupo del PAN, lo replique y justifique en el Pleno. 

Mientras que Alfredo Chávez, coordinador de los diputados del PAN, mencionó que el exhorto le pareció fuera de lugar, y secundó la expresión de la gobernadora, “los oídos castos de la Cuarta Transformación, no recuerdan cuando el Ejecutivo gritaba cállate chachalaca o al diablo las instituciones”.

Al realizarse la votación del punto de acuerdo, la diputada presidenta Adriana Terrazas Porras, confirmó que con tres votos en contra y uno a favor, no se alcanzó el quórum de la votación, por lo cual se concluyó la sesión y desechó el punto de acuerdo.

La Unidad de Investigación Ministerial de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Delicias, obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de Naydelin Abril M. A., por el delito de homicidio calificado. 

Enfrentará un proceso penal por el homicidio de Brayan C., alias “El Flaco”, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 20 de marzo del 2023, en el canal de riego 005 contiguo a un camino de terracería frente al rancho Cadena.  

De acuerdo con la investigación a cargo de la Unidad de Delitos contra la Vida, el 18 de marzo de 2023, alrededor de las 23:00 horas, Naydelin Abril M. A., en compañía de dos masculinos, llevaron a bordo de un vehículo a la víctima en contra de su voluntad hasta la calle 24 sur, de la colonia Francisco Villa en la ciudad Delicias.

En el citado lugar, la imputada ordenó a sus cómplices que mataran a Brayan C., por lo que se lo llevaron en el vehículo y regresan aproximadamente a las 02:00 horas del domingo 19 de marzo de 2023, para informar a la imputada que habían aventado a Brayan al canal de riego.

Cuando fue localizado el cuerpo de la víctima, estaba esposado, presentaba lesiones producidas con un objeto punzocortante y golpes contusos en región de la cara. De acuerdo con la necropsia, falleció por una lesión en la medula ósea causada con objeto punzo cortante.

El 16 de abril del 2023, se ejecutó una orden de aprehensión y fue llevada a la audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio calificado, no obstante, interpuso un amparo.

Motivo por el cual se repuso el proceso hasta la audiencia efectuada ayer jueves 25 de enero, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de la imputada, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto de la bancada de Morena, para que la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván atienda de manera inmediata y de forma integral el desplazamiento forzado y la violencia que se vive en el municipio de Guadalupe y Calvo y la sierra de Chihuahua. 

La petición solicitada por la diputada de Morena, Leticia Ortega Maynez, expuso que los residentes de la zona  sufren ataques y amenazas por parte de grupos delictivos que buscan reclutar jóvenes o apropiarse de su territorio para llevar a cabo diversos fines delictivos. 

Leticia Ortega agregó que de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, del 2015 al 2023, 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo han abandonado sus viviendas, por lo que es urgente que se brinde el alojamiento digno y seguro para las personas que ya fueron desplazadas de sus territorios. 

Aunado a lo anterior, dijo que el 14 de octubre del 2019 la CNDH emitió la recomendación no. 94 /2019 sobre el caso de desplazamiento forzado interno de 80 personas y por violaciones al derecho de acceso a la justicia y a la verdad, debido a la inadecuada procuración de justicia en agravio de 102 personas integrantes de dicho grupo familiar cometidas por la FGE. 

Mientras que, el 29 de abril del 2022 se emitió otra Recomendación 96/2022 a autoridades de Chihuahua por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada en Uruachi y Guazapares.

“Instamos a la gobernadora a brindar la protección y ayuda humanitaria a todas aquellas personas que son víctimas de desplazamiento forzado, otorgándoles viviendas dignas y seguras, con dormitorios, baños, servicios básicos y condiciones de higiene óptimas”, expresó en la Diputación Permanente. 

El punto de acuerdo fue aprobado con 5 votos a favor, sin embargo, al momento de debate el diputado del PAN, Gabriel García Cantú, solicitó una mención que también fue aprobada, para que se solicitará información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal sobre las acciones emprendidas en el estado de Chihuahua. 

Además de que el titular de la Fiscalía General de la República informe al Legislativo de Chihuahua, el número de carpetas de investigación iniciadas por la comisión del delito de delincuencia organizada en el estado, el número de personas detenidas, vinculadas a proceso y sentenciadas, y si los agentes aprehensores de estas personas han sido por agentes policiales del orden federal, municipal o estatal.

Por último, también incorporó un llamado a las personas titulares de la Comisión Nacional y Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que actúen e intervengan conforme a derecho en el tema.

Registra Baborigame más de 150 personas desplazadas “forzadamente” en 2024 
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