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La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 21/2024 a los estados de Coahuila y Chihuahua, en la que confirmó que con la prohibición de los libros de texto gratuitos al inicio del ciclo escolar 2023-2024, se perjudicó el interés superior de la niñez, en relación con el derecho de la educación.

Además de que ambos gobiernos estatales retrocedieron en lo establecido en la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con un impacto negativo en el objetivo 4, sobre Educación de calidad.

La CNDH dijo que los estados de Coahuila de Zaragoza y Chihuahua no contribuyeron a políticas encaminadas a eliminar el rezago educativo, derivado de la pandemia, y que sus acciones fueron inconvencionales a los tratados internacionales de derechos humanos de que México es parte.

De acuerdo a la Comisión, las entidades del norte del país, no cumplieron con el principio de la progresividad que rige al derecho y la búsqueda de la protección y garantía mayor a las niñas, niños y adolescentes al ser un grupo en especial grado de vulneración de derechos.

Por lo que recomendaron la entrega inmediata del material educativo, se instruya que los estudiantes de educación básica no puedan ser susceptibles en el presente ciclo escolar 2023-2024 de ser evaluados con calificaciones no aprobatorias.

Que se emita un comunicado mediante el que se reconozca que con la no entrega de los Libros de Texto Gratuitos a las NNA estudiantes en nivel básico en el estado, en el ciclo escolar 2023-2024, se generaron agravios en su perjuicio, obstaculizando un pleno ejercicio de su derecho a la educación.

También solicitó que se dé vista a la Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo para deslindar la responsabilidad por las conductas relacionadas con la omisión en la entrega y distribución de los Libros de Texto Gratuitos.

Además de que se informe a todas las áreas educativas en cada uno de sus niveles y subniveles adscritas a esa Secretaría del estado, que, en las cuestiones concernientes a la educación y a la prestación del servicio educativo de las niñas, niños y adolescentes, se consideren y establezcan directrices adecuadas para su escucha y participación.

En su recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que hubo violación de los derechos humanos a la educación en agravio de niñas, niños y adolescentes de los estados de Coahuila y Chihuahua, y que con la no entrega se vieron afectados más de 15 mil 234 planteles educativos en ambos estados.

Desde el 12 de septiembre de 2018, medios de comunicación locales reportaron el hallazgo de una toma clandestina de gasolina localizada en un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), dentro de un terreno ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, al suroriente de la ciudad.

En aquel entonces el delito de robo de hidrocarburos, o “huachicoleo”, como fue coloquialmente nombrado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aún no era tan visibilizado entre la población, al menos en esta región del norte del país.

Sin embargo, la campaña presidencial de López Obrador se encargó de convertirlo en un tema prioritario de seguridad nacional y desde sus primeros días de gobierno, su entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informaba que al menos 7 organismos, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estarían coordinados con el objetivo de disminuir los índices de este delito, así como el de perseguir a quienes lo realizan.

El combate al huachicol en Chihuahua

En enero de 2019, el para entonces titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Augusto Peniche, señalaba que habían recibido distintas denuncias por parte de Pemex, que habían detectado una serie de tomas clandestinas en los ductos del estado, destacando como un punto crítico los que se encontraban en Ciudad Juárez.

Para el mes de febrero, quien fungía como Secretario General de Gobierno, hoy a cargo de la FGE, César Jáuregui Robles, anunció el cierre indefinido de poliductos de Pemex a lo largo del estado, bajo el argumento que habían detectado distintas tomas clandestinas que estaban siendo saqueadas por grupos del crimen organizado, por lo que durante un tiempo, el combustible que se distribuía a lo largo del estado se hacía por medio de pipas.

A pesar de que, en enero de 2020, la Policía Municipal volvió a localizar una nueva toma clandestina dentro de la colonia Granjas Polo Gamboa, el tema del “huachicoleo” en el estado saltó al ojo público nacional un martes 15 de septiembre de 2020, con el reporte de un gasoducto incendiado en el kilómetro 285+000 de la carretera Ahumada-Ciudad Juárez.

Según elementos militares, hombres dedicados al robo de gasolina habrían intentado perforar el ducto, pero únicamente provocaron un incendio que desencadenó en el cierre de los ductos que proveían de combustible a distintas zonas del estado.

Las palabras “Granjas Polo Gamboa” y “robo de combustible” volvieron a aparecer juntas en repetidas ocasiones en medios de comunicación: desde el 29 de abril de 2021 al 4 de junio de 2023, hubo al menos 4 incidentes relacionados con el hallazgo de tomas clandestinas en este sector de la ciudad.

Además, el 28 de octubre de 2023, la Guardia Nacional hizo el anuncio del decomiso de una pipa con 24 mil litros de gasolina ubicada en el kilómetro 128-000 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, según se informó, el vehículo estaba relacionado con actividades de robo de combustible y fue encontrado abandonado a mitad de la carretera.

Denuncias de “huachicoleo” llegan a su máximo histórico en 2023 en Chihuahua

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), durante 2023 se abrieron 127 denuncias por “robo de combustible” en el estado de Chihuahua. El dato triplicó la cifra que se presentó en 2022, en el que apenas hubo 32 investigaciones por este delito.

La estadística comenzó a ser contabilizada a partir de 2019 por la FGR, luego de la entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Para el primer año, hubo 114 registros de “robo de combustible” en la entidad y conforme pasaban los años la tendencia iba a la baja: 100 casos en 2020, 39 en 2021 y 32 en 2022.

Según los reportes de la FGR, la gran parte de las tomas clandestinas son localizadas por personal técnico de Pemex. Sin embargo, señalan que también han encontrado a personas que venden el combustible robado a lo largo de las carreteras cerca de los municipios de Ahumada, Chihuahua, Delicias y Parral.

Además, también mencionaron que, en el último año hubo al menos 6 incidentes en el que se reportaron pipas abandonadas con gasolina robada a lo largo de la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua.

Sin embargo, un lustro de haber iniciado el combate a este delito, todo parece indicar que los “huachicoleros” han encontrado la forma de darle la vuelta a las autoridades y hacer más perforaciones de las que hacían anteriormente, según lo constatan los reportes oficiales.

Elementos del Grupo Beta Piedras Negras, Coahuila, del Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron del Río Bravo a una niña migrante de nueve años de edad que fue abandonada por su madre en un islote.

De acuerdo con el INM, los agentes del Grupo Beta fueron alertados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el pasado domingo sobre la menor que se encontraba sola en un islote, donde la dejó su madre que sí logró cruzar a ese país, “pero ellos no tenían forma de ayudarla”.

“En un trabajo coordinado, los elementos del Grupo Beta se trasladaron en aerobote al lugar. Ahí encontraron a la pequeña de 9 años de edad, originaria de Brasil, quien fue rescatada y trasladada a la orilla del Río Bravo en territorio estadounidense, en donde la entregaron a los elementos de la Patrulla Fronteriza para reunirla con su madre”, informó Migración.

Ese mismo día, por la tarde, un menor de 15 años y un familiar mayor de edad, ambos de Coahuila, fueron rescatados junto con otros tres adultos: uno proveniente de El Salvador y dos de Honduras.

Todos quedaron varados en medio del Río Bravo y fueron conducidos a territorio mexicano, en donde elementos de la Policía Civil los esperaban y ayudaron a trasladarlos a la Central Camionera de la ciudad.

En otro hecho, por la mañana de ese día, dos migrantes originarios del estado de Guanajuato quedaron también en una isleta a mitad del río, por lo que los agentes Beta acudieron al lugar, donde les proporcionaron chalecos salvavidas y los condujeron a tierra firme en donde socorristas de la Cruz Roja ya los esperaban. Los trasladaron al Hospital Salvador Chavarría para su valoración y atención médica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había más recato, porque la actual ministra presidenta Norma Lucía Piña los jueces “son autónomos, ósea, licencia para robar”.

“Llega la señora Piña y los jueces son autónomos, ósea, licencia para robar, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. Es una relación de componendas como si se trata una mafia”.

Luego de que un juez concedió libertad condicional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigado por el caso Odebrecht y Agronitrogenados, el presidente López Obrador dijo qué hay suficientes pruebas en contra de Lozoya; pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, concediendo impunidad y no aceptar la prisión preventiva.

“La quieren quitar… Ahora mencionan que es violatoria a los derechos humanos”.

El Mandatario refirió que cuando estaba el ministro Zaldívar había más recato, cuando había un asunto como este “nosotros respetuosamente interveníamos”.

“Cuando estaba Zaldívar se hablaba con él, respetuoso de las autoridades, en proteger a las personas, se hablaba con el juez y le advertía cuidado con esto”, dijo.