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El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió pruebas al periodista Carlos Loret de Mola, quien ayer jueves dio a conocer las declaraciones de presunto líder del grupo criminal Los Ardillos de Guerrero, quien señaló que Los Zetas apoyaron la primera campaña presidencial del tabasqueño en 2006.

El Mandatario calificó como ridículo y un montaje la entrevista del periodista con el sureste jefe criminal.

“Loret fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido, me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña de 2006 y todo un gran despliegue informativo, ¡pruebas!, ¿dónde están las pruebas?”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo cuestionó ese montaje que de manera ridícula hizo el periodista con un “encapuchado”.

“Pero además me dicen que tiene que pasar sierras para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo; yo creo que eso lo hizo aquí donde tiene su hacienda en Valle de Bravo, ahí debe tener su set de televisión como lo hizo cuando lo de García Luna”, ironizó.

El hombre identificado como Celso Ortega, líder de Los Ardillos, dijo que en Michoacán “a la llegada del “Z-42? me manda a traer y me dice que tenía que venir a hacer política a mi región por Andrés Manuel López Obrador porque ellos (Los Zetas) estaban pagando la campaña presidencial de López Obrador por el PRD”.

Después de realizar el trabajo de los distintos laboratorios de la Fiscalía General del Estado y tras agotar los protocolos establecidos, se logró establecer la identidad de Luis Alejandro D. Z. y anoche la FGE entregó el cuerpo a sus familiares.

La Fiscalía afirmó que se trató de un trabajo exhaustivo de seguimiento y aplicación de las distintas pruebas forenses y científicas por parte de las distintas áreas de servicios periciales, que permitieron el resultado de identificación.

Cabe resaltar la aportación de los familiares, quienes proporcionaron datos fehacientes relacionados a las características físicas, dentales, la vestimenta con la que fue visto por última vez y circunstancias especiales de su familiar.

La Fiscalía General del Estado reiteró que “mantiene las investigaciones y refrenda su compromiso para el esclarecimiento de este lamentable acontecimiento”.

Mediante redes sociales, Mario Vázquez externó su preocupación por el clima de inseguridad afecta a todo el país, señalando que “ya no se puede sostener la idea de que la ruta correcta es no molestar a los generadores de violencia, están lastimando a las familias, pareciera que con permiso”, publicó.

Esto, recordando la estrategia de seguridad del Gobierno federal que solo ha provocado una efervescencia de la delincuencia organizada en todo el país, no solo en las carreteras, sino también afectando a productores agrícolas quienes sufren el cobro de “derecho de piso” y dejando una estela de casi 180 mil muertos en los últimos cinco años.

Por esto calificó como legítimo el paro nacional de transportistas y expresó su solidaridad para con ellos, que ahora están en franca protesta a nivel nacional, con los agricultores, así como con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que no tienen el apoyo de la federación.

“Es momento de superar la idea de rencor y odio que intentan sembrar para que no pidamos un México seguro y libre. Es momento de recordar que México es uno sólo y que en la división no podemos cuidarnos entre nosotros. Es hora de la reconciliación, es hora de gritar fuerte por los nuestros y por los demás”, indicó.

Ante el incremento en prácticamente todo el país del llamado “cobro de piso” que lo mismo afecta a comerciantes ambulantes, taquerías, tortillerías, transportistas, aguacateros, limoneros y grandes industrias, el Senado de la República analiza una reforma para tipificarlo como delito y sancionar con 12 años de cárcel a quienes lo cometan.

La iniciativa de reforma fue presentada por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, quien expuso que se debe considerar el cobro de derecho de piso como actos de la delincuencia organizada e imponer de ocho a 12 años de prisión a quien cometa este tipo de ilícitos.

La legisladora del PT comentó que se trata de una práctica desleal que ha institucionado el crimen organizado en el país, lo cual genera un ambiente de miedo, violencia e inseguridad en la sociedad, además de obstaculizar el desarrollo económico y social de las personas.

Destacó que esta actividad viola los derechos humanos de las personas, lo cual afecta su derecho al trabajo y a la libertad para ejercer la profesión, industria y el comercio.

En el proyecto que se analiza en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la legisladora plantea que un elemento importante que se debe considerar es que este delito tiene graves impactos negativos en la economía, porque desincentiva la inversión y el emprendimiento en áreas geográficas afectadas por el crimen organizado.

Por ello, dijo, es de vital importancia combatir esta práctica criminal, ya que socava el Estado de derecho.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 (ENVIPE), durante 2022 se cometieron 26.8 millones de delitos asociados a 21.1 millones de víctimas, lo que representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima.

En este sentido, expresó que combatir la extorsión en la modalidad de cobro de derecho de piso es esencial para proteger a la sociedad, promover el Estado de derecho, salvaguardar los derechos individuales, fomentar la economía y prevenir la expansión del crimen organizado.