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Luego de pasar la noche perdidos en el desierto de Samalayuca, cuatro migrantes de procedencia extranjera fueron rescatados esta mañana, gracias a un operativo implementado por corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

El aseguramiento de las personas en movilidad, se dio alrededor de las 7:45 horas, gracias al rastreo aéreo efectuado a bordo del helicóptero Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), luego de poco más de hora y media de sobrevuelos por la zona, se informó a través de un comunicado de prensa.

Tres de las personas rescatadas son originarias de Venezuela y una más de Colombia, quienes presentaban un cuadro de deshidratación al momento de ser encontradas, por lo que fueron trasladadas a un hospital para su recuperación.

Un médico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que viajaba en la aeronave, fue el encargado de brindarles los primeros auxilios, se indicó.

El operativo para dar con su paradero, en el cual participaron elementos de los tres órdenes de Gobierno, inició la tarde del pasado lunes, luego de una llamada hecha al sistema de emergencias 9-1-1 por los mismos afectados.

Vía WhatsApp, las personas enviaron su ubicación a las autoridades para facilitar la llegada de los cuerpos de rescate. Sin embargo, los elementos al arribar al punto solo encontraron algunas prendas de vestir.

La búsqueda se extendió hasta las 2:00 horas de hoy y se reanudó esta madrugada, con la inclusión de la aeronave, que ayer no pudo sobrevolar debido a las condiciones climáticas adversas.

Tras ser encontrados, fueron trasladados en el helicóptero a un costado de la carretera Panamericana, de donde fueron llevados a Ciudad Juárez, en una ambulancia, añade el reporte.

En el operativo participó personal de la SSPE, Rescate Municipal de Juárez, Cruz Roja, Guardia Nacional, CEPC, Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Migración, se dio a conocer.

Este martes previo a la sesión del Congreso del Estado, cuatro mujeres se manifestaron y exigieron a los diputados, atención a los casos que lleva el juez de control, Jorge Napoleón Raya Valdés, en especial, en delitos de violación y pensiones alimenticias.

Las mujeres dijeron que el juez celebró una audiencia, el pasado domingo en la que en solo dos minutos, dejó en libertad a Carlos Jaciel C.P., de 18 años de edad, acusado de violación en contra de una joven de 16 años.

El argumento del juez fue que el joven no actúa ni piensa acorde a su edad, por lo tanto no es “consciente de la cosas y actúa agresivamente”, explicaron las mujeres, quienes denunciaron que el juez carece de perspectiva de género y derechos humanos.

Una de las familiares de la víctima, agregó que la joven se ha visto afectada en su salud mental, debido a la forma en que ha sido revictimizada, no desea acudir a la escuela, tampoco quiere estar en su casa y ha sido canalizada con psiquiatras para su atención.

Mientras que, Jaciel C.P. sólo se le impuso no acercarse a la joven, además de señalar que él sí ha podido continuar con su vida, escuela, trabajar y jugar fútbol, actividades en las que no se ha visto imposibilitado, como manifestaron para el auto de libertad.

En otro caso, denunciaron que el mismo juez ordenó una pensión alimenticia de mil quinientos pesos, cuando el responsable de familia gana alrededor de 100 mil pesos mensuales.

“¿Quién vive con 1500 pesos al mes?”, gritaron en la sala de prensa a un costado de las y los diputados.

Las mujeres dijeron que son acompañadas por el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres, en donde han recibido atención puntual y que están en proceso de apelar el auto de libertad, y que no cederán hasta que se revoque la sentencia y se castigue de forma ejemplar al juez por “misógino”.

Al momento, informaron que la diputada del PRI, Ivón Salazar fue la primera en recibirlas y comprometerse en acompañar los casos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya informó que el trabajador asesinado ayer en la avenida Cantera, se trata del contador público Nicolás Antonio Monárrez Gaxiola, de 36 años de edad.

Monárrez Gaxiola fue atacado junto con su hijo y otro compañero de trabajo del Sistema Penitenciario de Chihuahua, los cuales resultaron heridos, pero se reportan fuera de peligro.

“Monárrez Gaxiola era el responsable del área de Comercio Penitenciario, del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales”, explicó el secretario.

Gilberto Loya informó que gracias a las cámaras particulares, se logra captar el momento de la agresión, en el que de cuatro vehículos involucrados en el atentado, una Caravan color arena, un Jetta color rojo, un neón color gris y un Hyundai oscuro, descienden varios sujetos e inician la agresión.

Por lo que durante el despliegue de búsqueda y localización de los responsables con las corporaciones de seguridad, se logra la detención de 7 personas presuntamente involucradas en el homicidio, 4 de ellas de sexo masculino y 3 de ellas de sexo femenino. Además del aseguramiento de los 4 vehículos involucrados y 3 armas de fuego calibre “corto”.

Derivado del trabajo de indagatorias, Loya confirmó que el primer aseguramiento se dio en la ciudad de Chihuahua, donde ubicaron el Jetta de color rojo en el Periférico de la Juventud, el cual no contaba con reporte de robo.

Posteriormente, en un arco perteneciente a la Plataforma Escudo Chihuahua y Plataforma Centinela se captó sobre la carretera federal Chihuahua-Cuauhtémoc, a la Caravan y el neón.

Mientras que el Hyundai oscuro, se ubicó por aeronaves no tripuladas, mejor conocidas como drones. Ahí se generó la primera en el municipio de Cuauhtémoc, donde se encontraba estacionado el Hyunday con dos mujeres y un hombre, quienes manifestaron algunas de las participaciones en el hecho.

Lo que llevó a la detención de otra mujer y otro hombre, al interior de un hotel en la colonia centro del mismo municipio y a la calle 110 y Tenochtitlán, en donde se localizó el Neón y sus tripulantes. La Suv color arena fue localizada tiempo después en el municipio de Riva Palacio, la cual contaba con reporte de robo desde el 05 de abril.

“Nos queda muy claro que esto que paso es una reacción de las bandas delincuenciales que tratan de seguir operando desde los centros penitenciarios y que son respuestas violentas de todo el trabajo que hemos realizado, desde que tomamos el control de los Ceresos en enero de 2023”, respondió Gilberto Loya.

Lo cual aceptó, se agudizó a partir del traslado de 209 reos de alta peligrosidad, el pasado 05 de marzo de 2024.

Tras la riña del viernes entre migrantes, Instituto Nacional de Migración y personal de Ferromex, con una persona baleada y los operativos que se han dado en la zona de Tabalaopa, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña informó que hay grupos internos disputándose el control de migrantes en la zona.

“Hemos obtenido información bastante relevante, el que más me llama la atención, es que la supuesta agresión a los elementos por parte de 150 personas rescatadas durante ese episodio, aparentemente hay otro grupo de migrantes que pretende hacerse del control y recepción de los mismos, para su envío a Ciudad Juárez”, explicó.

Santiago de la Peña informó que se trata de un grupo organizado, del cual se tienen identificados algunos personajes por parte del INM y Guardia Nacional, por lo que se busca una labor coordinada, tutelar los derechos de las personas migrantes, aplicar la ley municipal sobre faltas administrativas para que ese campamento cerca de Ferromex, “no se convierta en un punto caliente”.

“Hemos identificado que a partir de la actuación del INM y el apoyo de GN, que se les engancha para prestarles y venderles el servicio de traslado a Ciudad Juárez, también de las investigaciones se ha determinado que el calibre del migrante que reportaron en medios baleado, no corresponde a los calibres de elementos de la Guardia Nacional”, adelantó.

De la Peña reiteró a los medios de comunicación que continúen las investigaciones, ya que no necesariamente, fue la Guardia Nacional como se ha manejado en prensa de que están agrediendo a las personas migrantes, sino que puede ser un conflicto entre grupos migrantes.

Condición de migrante, no brinda inmunidad ni fuero constitucional

“A ellos no les gusta que el INM vaya a cumplir con su trabajo al momento de revisar su condición migratoria, el Instituto está cumpliendo su obligación, para ello solicita la concurrencia de otras autoridades, hay que dejarlos hacer su trabajo, cuidando siempre que no se atropellen los derechos humanos de los migrantes”, comentó.

El funcionario estatal dijo que las personas que transitan por territorio nacional, en su consideración de migrantes, no les otorga inmunidad o fuero constitucional, tienen que acatar la legislación mexicana y los reglamentos municipales, “no están en una zona donde no se aplica la ley, si se cometen delitos tenemos la obligación de actuar con todo el peso de la ley”.

Exige Gobierno justicia para víctimas de incendio en estación migratoria

Santiago de la Peña insistió en que el Estado mantiene la exigencia de todo el peso de la ley, en contra de las personas responsables de la tragedia en donde fallecieron 40 personas migrantes y 27 más resultaron heridas en una estación migratoria de Ciudad Juárez.

Lo anterior, tras darse a conocer el cambio de medida cautelar a Eduardo Apodaca Magallanes, exjefe del Departamento de Recursos Materiales de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, a quien se le otorgó el beneficio de enfrentar su proceso en libertad.

Apodaca Magallanes es parte de los funcionarios acusados de la tragedia ocurrida en la Estación Migratoria el 31 de marzo del 2023, por los delitos de ejercicio Ilícito del servicio público, homicidio y lesiones.

“Hemos visto como otros funcionarios de mucho mayor rango, ni siquiera esas medidas les han aplicado, y siguen en libertad y ostentándose como funcionarios públicos, esperamos que se haga justicia, sin importar que tengan el funcionariado público, que los juzguen de acuerdo a lo que dice la ley”, criticó el secretario.

El cambio de medida cautelar, se le otorgó a Apodaca Magallanes debido a que tras su detención se le impuso una garantía de 30 millones de pesos, pero de acuerdo al Juzgado Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, no se contemplaron otros tipos de medidas cautelares, tampoco establecieron un plazo para la garantía, entre otros.

Por lo anterior, se justificó que hubo una indebida fundamentación de la medida cautelar y se cambió la determinación.