Sobre el bulevar Juan Pablo II crece un asentamiento de personas en movilidad cuya aspiración es la frontera entre México y Estados Unidos. Alrededor de tres mil esperan la oportunidad de llegar a Ciudad Juárez.
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Personas integrantes de las comunidades rarámuri El Manzano y Monterde, repartieron volantes en la Fiscalía General del Estado y Plaza Hidalgo frente a Palacio de Gobierno, para exigir la pacificación de las zonas serranas de las que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno.
“Somos personas que hemos sido obligadas a huir de nuestros hogares, como resultado de la violencia ocasionada por el crimen organizado y que no hemos cruzado ninguna frontera”, denunciaron en los volantes.
Además de recordar, que para salvaguardar a sus familias dejaron tierras, casas, animales y todas sus pertenencias, por lo que piden pacificación para su retorno y condiciones de vidas digna.
“Queremos que las autoridades prevengan los desplazamientos, actuando para pacificar las comunidades, condiciones de vida digna en la ciudad y se garanticen nuestros derechos”, concluyeron.
Acompañados por Alianza Sierra Madre A.C. y el Centro de Derechos Humanos, las personas desplazadas pidieron el cumplimiento de la recomendación 96/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el desplazamiento interno forzado de 120 personas, originarias de las comunidades de los municipios de Uruachi y Guazapares.
En la que se le recomendó al Gobierno del Estado realizar un censo que corrobore el número de personas víctimas directas e indirectas que salieron de sus domicilios; aplicar un Programa de Atención Integral que incluya una compensación justa y suficiente para las víctimas.
Además de un programa de acceso a la educación para los niños, niñas y adolescentes víctimas del Desplazamiento Interno Forzado; un programa de acceso a viviendas adecuadas y/o subsidios de arrendamiento del que puedan beneficiarse las personas desplazadas.
Aunado a que se verifique si existen las condiciones para el retorno seguro a sus hogares y en caso de no existir se dé el reasentamiento de las víctimas; un plan de seguridad ajustado a las necesidades de la población desplazada que en su caso haya retornado a las comunidades de El Manzano y Monterde, entre otras.
Mientras que la Fiscalía General del Estado, le recomendó la debida diligencia y el plazo razonable, derechos humanos, derecho de acceso a la justicia y a la debida procuración de justicia, dirigido principalmente a los agentes del Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incineró casi 800 kilogramos de distintos tipos de droga, lo anterior en cumplimiento con el Programa de Destrucción de Narcóticos.
En total, fueron 399 kilos 619 gramos 484 miligramos de narcóticos y 395 kilos 466 gramos 100 miligramos de sustancia negativa, los cuales fueron incinerados en Chihuahua capital.
Dicho evento se llevó a cabo en el campo de tiro de la Quinta Zona Militar, en presencia de autoridades militares y de la FGR en la entidad, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del representante del Órgano Interno de Control de la Institución, quien dio fe de la autenticidad y peso de las sustancias, se informó a través de un comunicado de prensa.
La droga destruida está relacionada con 45 expedientes, y consistió en: 393 kilos 167 gramos 200 miligramos de Marihuana, 221 gramos 799 miligramos de metanfetamina, 482 miligramos de cocaína, 66 gramos 480 miligramos de clorhidrato de cocaína, tres kilos 101 gramos 423 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 24 gramos 300 miligramos MDMA y tres kilos 28 gramos de opio, añade el reporte.
Además, nueve gramos 800 miligramos de preparado de Cannabis Sativa L., nueve unidades de alprazolam, 24 unidades de clonazepam, 60 unidades de plantas de amapola, 50 unidades de plantas de marihuana y 395 kilos, 466 gramos con 100 miligramos de sustancia negativa, se indicó.
Los estupefacientes destruidos fueron asegurados en distintas acciones preventivas por autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno de la entidad, finaliza el documento oficial.
La fiscal especializada de la Mujer en Chihuahua, Wendy Chávez informó que la persona responsable de violación agravada a una niña de 7 años, que quedó en libertad por la jueza Silvia Padilla Chávez, mantiene un amparo que no permite proceder en su contra.
Chávez declaró que lo procedente sería volver a iniciar el proceso para que se pueda fijar la penalidad que esta persona debe enfrentar en prisión, pero debido al recurso que impuso, no hay tiempo estimado para que se haga justicia.
“Ante esta situación el actuar de la FEM siempre ha sido buscar los medios legales que estén al alcance, a veces excediendo las obligaciones en favor de las víctimas, cuando hay resoluciones que no les favorecen”, comentó la fiscal.
Wendy Chávez declaró que en efecto fue por una cuestión técnica y no por falta de pruebas, que la jueza Padilla Chávez dejó en libertad al responsable de violación y que el actuar de la titular del Tribunal de Enjuiciamiento Penal fue errado, como lo reiteró el magistrado de la Primera Sala, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.
Sobre la carta que la jueza escribió y entregó a la víctima, además de notificarle la sentencia de fácil lectura, la fiscal explicó que es una obligación generar informaciones para la compresión de las niñas, niños y adolescentes dependiendo de la edad, pero que más que opinar si es grave, esperen que tengan esa misma disposición para notificarle lo que señaló el magistrado.
“Entenderíamos que frente a esta resolución diversa que tuvo su superior, en este caso el Magistrado de la Primera Sala, tenga esa misma disposición la jueza explicarle a la niña el cambio de la determinación”, respondió.
La fiscal dijo que la determinación de la absolución hizo que se levantaran las medidas cautelares, no ha habido acercamientos del agresor a la víctima, por lo que no se ha dictado ninguna medida de protección y tampoco una solicitud por parte de quienes la representan legalmente.
Por último, Wendy Chávez reconoció que el caso es lamentable que se haya resuelto de esta manera, pero fue puntual al señalar que el 95% de resoluciones en sentencias condenatorias son favorables a los intereses de la Fiscalía Especializada de la Mujer.
“Sin embargo, igual que cuando hay muchas resoluciones de feminicidio, pero fallamos en uno o no lo podemos resolver, seguimos teniendo una deuda social. Esperamos en conjunto con el Poder Judicial que sean los menos casos, que por esas determinaciones una persona responsable de una agresión sexual este en libertad”, concluyó.
