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“Sabemos que había una resolución que terminaba la medida cautelar de prisión preventiva, el día 1 de junio de 2024, fue apelada por el Ministerio Público estuvo radicada en la Quinta Sala Penal, al momento no hemos recibido la notificación de ello”, respondió el integrante del equipo jurídico del exgobernador César D.J., el abogado Juan Carlos Mendoza.

El defensor jurídico del exmandatario estatal dijo que no tienen conocimiento de que se haya modificado la fecha al 5 de junio de 2024, el vencimiento de la medida cautelar, que dejaría en libertad D.J., como lo manejó de manera extraoficial un medio de comunicación impreso local.

“Nosotros como abogados no hemos recibido nada ahorita, todavía no la hemos advertido, al menos físicamente no la han entregado, habrá que revisar, a lo mejor en el transcurso del día, nos dan la impugnación”, explicó. 

Juan Carlos Mendoza dijo que independiente de que sea 1 ó 5 de junio, para esa fecha ya se habrán cumplido dos situaciones: la primera, que se agotó una medida cautelar de 6 meses, y la segunda, que ya no puede prorrogarse porque ya estaría en un supuesto de más de 2 años en prisión, que la Constitución prohíbe.

“Nosotros confiaríamos, todavía esperamos la buena fue que debe investir al Ministerio Público, como representación de la sociedad, que actuarán conforme a la legalidad y no buscarán prorrogar de manera inconstitucional la prisión preventiva que no tiene razón de ser”, agregó.

Mendoza aseveró que de cumplirse con lo que estipula la ley, el exgobernador César D.J. podría continuar su proceso desde casa, fuera de la prisión.

Al ser cuestionado si habría otra forma de apelación del Ministerio Público para mantener al ex funcionario público en prisión preventiva, argumentó que sólo le quedaría decir “que la Constitución es papel muerto”.

El abogado comentó que revisan la fecha de operación cardiaca que requiere su defendido, y que se tuvo que posponer debido a los ataques al Cereso Aquiles Serdán donde se encuentra recluido, ya que su intervención médica estaba programada el día que el penal fue colocado en código negro por ejecuciones a su personal a principios de abril.

“Su salud está muy comprometida, en el tema cardiaco al no poder ser atendido debidamente, le impide la atención de otros malestares que ha estado sufriendo como el tema digestivo y renal, estamos en espera de estos tiempos porque la recuperación de una intervención quirúrgica en el Cereso, sería complicado, por no decir, desastroso, es echar un volado a la vida”, expresó.

El litigante agregó que están revisando que va a pasar con la medida cautelar y sujetos a revisar los elementos que rodean el proceso, para definir el tema de salud a la brevedad.

“Es muy sencillo, el señor si tuviese que compurgar alguna pena, por alguna responsabilidad del proceso que está llevando, prácticamente ya lo hubiera compurgado si resultase culpable, eso nos da una pista, de que sería un absurdo sustraerse de enfrentar el proceso”, reiteró.

Además de insistir que, los delitos por lo que está siendo procesado penalmente, ya fueron procesados administrativamente, mismos montos, mismos conceptos.

“Le quiero manifestar de manera clara, que el señor ya fue absuelto de manera administrativa, hay un principio general en derecho, él que puede lo más, puede lo menos. Si el Estado en su acción persecutoria no lo pudo sancionar administrativa, mucho menos lo puede hacer penalmente”, detalló.

El abogado recordó que D.J., fue absuelto por 7 procedimientos administrativos, por más de 501 millones de pesos, “es interesante que administrativamente, tiene la misma denominación, aunque no se constituye como un delito sino como un hecho ilícito o responsabilidad administrativa grave, se llama Peculado, desvío de recursos públicos ante distintos entes gubernamentales”.

Añadió que ha sido también absuelto de la causa penal 1260, por 120 millones de pesos, donde un juez federal dictó la revocación de vinculación a proceso por la no responsabilidad, así como la falta de facultades del Estado para poderlo perseguir por ese delito.

Aunado a la extinción de dominio, otro delito que también ganó, donde dijo trataron de privarlo de distintas propiedades, las cuales fueron resueltas a su favor.

“Estamos atentos a lo que pueda venir, demostrando la inocencia que cada vez ha quedado más constatado en los distintos procesos que ha sido sujeto el licenciado Duarte; nos va diciendo y dejando constancia fehaciente e incontrovertible de que todo lo dicho en contra de él, ha sido una serie de mentiras y de carácter político, para alguien que tuvo interés y no tuvo nunca manera de demostrarlo”, puntualizó.