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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) adscrito al grupo de Policía Forestal llevó a cabo el aseguramiento de un tractocamión con 43 rollos de madera, así como un arma de fuego, en el municipio de Guadalupe y Calvo, se informó a través de un comunicado de prensa.

Lo anterior como resultado de los operativos que mantiene este grupo de la SSPE para la búsqueda del delito de tala ilegal, así como transporte clandestino de madera y cualquier acto consecutivo de delitos, en coordinación con personal de la Dirección de Logística, división Aeronaves no tripuladas (drones).

Al realizar revisiones en el poblado de El Ocote, municipio de Guadalupe y Calvo, los agentes ubicaron el tractocamión, del que descendió un masculino quien emprendió la huida a pie del lugar, por lo que los agentes procedieron a realizar la inspección del vehículo en búsqueda de alguna persona que requiera auxilio o cualquier intervención, se indicó.

Durante la inspección, los agentes ubicaron un arma de fuego tipo fusil, por lo que de inmediato se realizaron las acciones necesarias para trasladar la unidad, así como el arma, a las instalaciones de Fiscalía General Del Estado, Zona sur, en el municipio Guadalupe y Calvo.

El excoordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado en la administración 2018-2021 de Javier Corral Jurado, identificado como Antonio P.C., continuará con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, luego de que el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial le negara el amparo para salir de prisión.

A Antonio P.C. se le impuso la medida el 15 de marzo del año en curso, y fue vinculado a proceso el 20 de marzo, por el delito de peculado al recibir un cheque por 160 mil 532 pesos, cuando ya no era funcionario estatal.

En la audiencia, el Ministerio Público expuso que Antonio P.C., fungió como titular de Comunicación Social de Gobierno del Estado hasta el 18 de diciembre del 2018 y recibió el cheque 01-16-8826, el 30 de diciembre por concepto de “Pago por Única Vez”.

De acuerdo a la parte acusadora, el pago no correspondía a la compensación proporcional del exfuncionario, ya que su compensación era menor al pago erogado, por lo que no había una justificación de tal emisión y tampoco eran recurrentes para los titulares de un encargo.

Además de argumentar que no había ningún adeudo al empleado por días trabajados que quedaran fuera de la fecha de nómina, pues ya se habían recibido de conformidad todas las prestaciones que como trabajador de Gobierno del Estado tenía, aunado a que su renuncia fue voluntaria.

El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, aseveró que la liberación de los detenidos acusados de retener a 104 migrantes, es una muestra del debate nacional que los gobernadores han planteado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la medida cautelar de prisión preventiva.

“Este seguramente se va a convertir en un caso emblemático y de estudio desde el punto de vista jurídico, ya que no es posible que se haga el hallazgo, liberen más de 100 migrantes y un juez, sin tomar en cuenta los argumentos de las Fiscalías, simplemente suelte a los implicados en el tema por algún tecnicismo”, criticó el funcionario estatal.

De la Peña dijo que el tráfico de personas es un delito que va a seguir dando “dolores de cabeza”, en el que se debe actuar con toda la contundencia del Estado, lo que incluye luchar porque no se revoque la prisión preventiva oficiosa.

El Instituto Nacional de Migración informó que el martes 30 de abril, llevó a cabo la identificación migratoria de 104 personas provenientes de Centro, Sudamérica y de México, que fueron rescatadas por fuerzas de seguridad estatal en una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Entre los cuales se encontraban 85 hombres, 15 mujeres y 4 menores no acompañados, pertenecientes 25 a El Salvador, 54 a Guatemala, 1 de Honduras, 7 de Ecuador y 17 de México.

El 9 de mayo, se dio a conocer que Ricardo R.E. de 21 años de edad, Carlos M.G. de 27, José S.M. de 41 y Luis C.B. de 20, detenidos el 30 de abril, fueron liberados debido a que las víctimas se negaron a interponer una denuncia por privación ilegal de la libertad, ya que argumentaron estar en la vivienda “de paso”, esperando cruzar a Estados Unidos.

El juez federal encargado del proceso, solo vinculó a proceso al joven identificado como Ricardo R.E. de 21 años, por la portación ilegal de un arma de fuego, descartando la posibilidad de otros delitos como secuestro y tráfico de personas, entre otros y permitiendo abandonar el penal sin mayor investigación.

La titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Sandra Gutiérrez Fierro, informó que son 2 mil 27 escuelas las que se habilitarán para desarrollar la jornada electoral del domingo 2 de junio, en la que se votarán presidencia de la República, diputaciones, senadurías, alcaldías, sindicaturas y regidurías.

Gutiérrez Fierro dijo que enlistaron las escuelas con mayor accesibilidad, tanto en ubicación como su entrada y distribución para personas adultas mayores, con alguna discapacidad o problema de movilidad, así como con los servicios técnicos requeridos por el Instituto Estatal Electoral.

De acuerdo al convenio con el IEE y también con el Instituto Nacional Electoral, dentro de esas 2 mil 27 escuelas, 170 serán también sede de funcionariado electoral, y 93 se utilizarán como centros de recepción y traslado fijo, ya que las escuelas públicas se consideran como espacios que garantizan los niveles de seguridad e integridad de los funcionarios durante la jornada.