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El exenfermero Jorge Alberto C. A., fue sentenciado a 172 años y seis meses de prisión, por los homicidios que cometió a cinco miembros de una familia el pasado 29 de junio de 2018.

En audiencia de individualización de sanciones, la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, dio a conocer a través de un comunicado de prensa que obtuvo la sentencia condenatoria.

Fue el pasado 12 de junio cuando en un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, se pronunció el fallo condenatorio que declaró a Jorge Alberto C. A, penalmente responsable por hechos ocurridos el 29 de junio de 2018, al interior de una vivienda de la calle Universidad de Nayarit, en la colonia Residencial Universidad.

El reporte indica que durante la investigación ministerial se logró establecer que Jorge Alberto C. A., disparó con un arma de fuego a las víctimas María Magdalena R. A., Ricardo Iván C. P., Daniela R. A., Daniel Gregorio R. V., y Rita A., quienes le reclamaban la entrega de un riñón, órgano por el que le habían pagado la cantidad de 500 mil pesos y que sería para una de las víctimas.

Además de la sentencia de 172 años y seis meses de prisión que purgará, fue condenado a pagar la reparación del daño material por la cantidad de 9 millones 550 mil pesos.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro presentará un recurso de apelación contra la resolución judicial que puso en libertad a los coacusados, Lisseth C. S y Jorge Alberto C., esposa e hijo del sentenciado, ya que, durante el juicio oral, la representación social de las víctimas, presentó pruebas que demostraban su participación en estos homicidios.

Cabe mencionar que desde el año 2022, Jorge Alberto C. A, purga una sentencia de 22 años de prisión por el homicidio de Laura S. L., que cometió el 7 de diciembre de 2017, en el exterior de la en la Guardería número uno del IMSS, en la ciudad de Chihuahua.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó que hasta el miércoles había en el estado cinco incendios activos, con una superficie afectada de 11 mil 818 hectáreas.

Eso representa un total de 149 hectáreas más que el martes, lo que la coloca como la segunda área afectada más grande de todo el país.

Un total de 141 combatientes trabajan en los incendios activos.

El incendio de mayor siniestralidad esta localizado en el municipio de  Madera; actualmente esta controlado a un 98% y liquidado al 95%.

Este siniestro afecta las zonas de Predios Chiqueritos, El Terrero, La Mandolina y ejidos Huizopa, El Largo y anexos (zona sur), lo que incluye el Área Natural Protegida de Tutuaca.

Tiene una extensión preliminar de 10 mil hectáreas; para sofocarlo trabajan por 59 brigadistas y equipo aéreo.

A dos años del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y a más de un año de la muerte del que accionó el arma de fuego contra ellos –El Chueco-, no se advierte que haya justicia por el caso, consideró el padre de la Compañía de Jesús, Javier ‘Pato’ Ávila.

En entrevista con Norte Digital, aseguró que la impunidad sigue.

Mencionó que concretamente en el área de Cerocahui sí hay más presencia de fuerzas del orden, sin embargo, cuestiona qué pasaría el día que se retiren del lugar.

Dijo que elementos de la Guardia Nacional vigilan la parroquia donde fueron privados de la vida sus compañeros sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar,  hace dos años, que se cumplen este 20 de junio.

Indicó que tanto los sacerdotes como las religiosas que atienden el poblado cuentan con medidas cautelares de protección, sin embargo no sucede lo mismo con el pueblo.

No obstante, anotó “que ningún grupo armado en todo México va a cometer la tontería de pasearse armados ahí por la región, porque saben a qué se atienen, como lo hacían antes”.

La inseguridad y la violencia persisten

Subrayó que la inseguridad sigue en el resto de la sierra, continúan los desplazamientos de gente, originados por el robo de madera y de sus tierras, entre otros delitos.

Explicó que como defensores de los derechos humanos siguen en la lucha, buscando la justicia y sobre todo la paz, a raíz de los asesinatos de los dos padres, así como de los civiles Paul Osvaldo Berrelleza y Pedro Palma.

Señaló que a nivel nacional se empezaron a desarrollar unos diálogos luego de los brutales crímenes y ha habido un proceso muy positivo, ya que muchas personas de la sociedad se han sumado.

“Hay una exigencia, como que se prendió mucho la conciencia a nivel nacional con lo que pasó con los padres y despertaron”, aunque consideró que algunas autoridades siguen todavía adormiladas.

Por otra parte, recordó que los jesuitas llegaron a la sierra de Chihuahua desde el año 1604 y en 1767 fueron regresados a España por órdenes de la misma monarquía. Regresaron el 12 de octubre de 1900 a la tarahumara.

Dijo que van más de 200 años en la sierra de lo que hoy es Chihuahua, de tal manera que hay una gran historia y reconocimiento por parte de los pueblos.

Sin embargo, las condiciones actuales son muy diferentes a las de antes.

La vergüenza del sistema

Subrayó que con la desaparición de “El Chueco” de la escena, lo que se temía es que el problema continuara y considera que así ha ocurrido, porque en las comunidades siguen los grupos del crimen.

“El chueco’ tenía mucha fuerza, mucho poder, mandaba mucho en la región y esto fue lo que pasó, no lo detuvieron, pero fue peor, lo mataron y les tiraron el cuerpo”, enfatizó.

Subrayó que fue una vergüenza para los sistemas de impartición de justicia y los gobiernos tanto estatal como federal, que les hubieran dicho: “miren ustedes no pudieron, ahí está, ahí les aventamos el cuerpo, por si lo necesitan para algo”.

“Se molestó mucho el presidente de la República (AMLO) cuando hice esas declaraciones, pero bueno, pues es la realidad”, anotó el religioso. 

Javier ‘Pato’ Ávila subrayó que la exigencia sigue siendo la misma: que haya paz, que haya justicia, que se recupere el espacio de tranquilidad para la Sierra Tarahumara, que se persiga más el delito y que no haya impunidad.

Agregó que es necesario atacar las causas de la violencia y del delito, y una de ellas es mejorar las condiciones económicas de los pobladores de la sierra, para que la gente tenga opciones de salir adelante, sin que se vean cooptados por la delincuencia organizada.

En un juicio oral en contra del acusado Mario Alberto A. C., por el delito de violación agravada dictan una sentencia condenatoria de 20 años y 10 meses de prisión.

La Unidad de Investigación Ministerial de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Meoqui, demostró con pruebas fehacientes, la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Mario Alberto A. C. cometió agresión sexual en contra de una menor de 14 años de edad, en hechos registrados en enero del 2021, al interior de un domicilio de la ciudad de Meoqui.

Conducta ilícita por la que purgará su sentencia en el Cereso número 1, además de pagar la reparación del daño por la cantidad de 48 mil pesos y el pago de la reparación de daño moral por la cantidad de 57 mil 720 pesos.

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