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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, arrestaron en la capital del estado al exlugarteniente de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”.

Carlos C. R., de 45 años de edad, fue detenido mediante orden de aprehensión como presunto responsable del delito de la desaparición de Paul Osvaldo B. R. el pasado 20 de junio de 2022.

A través de un comunicado de prensa se informó que las investigaciones ministeriales señalan que el día 20 de junio del 2022, el ahora detenido, junto con quien fuera líder criminal en Urique, José Noriel Portillo Gil, alías “El Chueco” y diversos sujetos armados, llegaron hasta un domicilio en Cerocahui en busca de un masculino.

Agrega la indagatoria que al no encontrar a quien buscaban, interrogaron a su hermano, Paul Osvaldo B. R., a quien le dispararon para luego subirlo a un vehículo y antes de retirarse prendieron fuego a su vivienda.

El cuerpo de Paul Osvaldo B. R., fue localizado sin vida el 4 de julio del 2022 en la localidad El Chorro, municipio de Urique, luego de un operativo conjunto por parte del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado, se indicó.

Fue el pasado jueves 13 de junio que elementos de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión, ubicaron en la ciudad de Chihuahua en calles de colonia Melchor Ocampo, añade el comunicado.

Carlos C. R., fue trasladado a Cuauhtémoc para internarlo en el Cereso local a disposición del juez de Control del Distrito Judicial Arteaga, apunta la información oficial.

(mr)

Leticia Ortega Máynez, diputada e integrante del Grupo Parlamentario de morena exhortó al fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Victoria Hernández Acosta, para que actúen en estricto apego a la ley y al debido proceso en lo correspondiente a las investigaciones y procesos judiciales en contra del exgobernador de Chihuahua César D. J.

Durante la proposición con carácter de punto de acuerdo, la legisladora sentenció que el PRIAN esperó a que pasaran las elecciones para pagarle la deuda a César D. J., por lo que el martes 4 de junio, mediante un oficio sin previamente convocar a audiencia, la jueza de Control, Hortencia García Rodríguez, ordenó su liberación.

“La liberación no podía hacerse antes de la elección por el efecto adverso que hubiera tenido entre los chihuahuenses y posiblemente en todo el país, pero finalmente se concretó dos días después de concluirse el proceso electoral”, mencionó Ortega Máynez.

Por lo tanto el exgobernador enfrentará en arraigo domiciliario el juicio en su contra por los presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad agravada, luego de una planeada y conveniente estadía en el hospital.

Señaló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no apeló la decisión y pidió únicamente que se coloque al acusado un brazalete electrónico para localizarlo.

De esta forma, el último gobernador priista de Chihuahua, a quien se le imputan una larga serie de delitos de corrupción en el desvío de 96.7 millones del erario para beneficio personal, podrá enfrentar su proceso en la comodidad de su hogar.

“La liberación de esta persona que saqueó miles de millones de pesos de las arcas de Chihuahua es una burla a todo el país. Lo ocurrido con el exgobernador es simplemente inconcebible en la actualidad política. El desgaste y esfuerzos diplomáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que logró que Estados Unidos enviara a Duarte a Chihuahua para ser juzgado, se fueron al traste”, expuso la legisladora.

Ortega Máynez añadió que esta lamentable acción, evidencia la urgente necesidad de una reforma al Poder Judicial, “no queremos autoridades que ayuden a aquellos que afectaron a nuestro Estado, no queremos un proceso viciado, ni retroceder. ¡Las y los chihuahuenses exigimos que no haya ni un paso atrás en este caso!”.

El Partido Acción Nacional (PAN)presentó un Juicio de Inconformidad en contra de la elección de la Presidencia de la República, para que la Sala Superior anule la elección por lo que consideran “graves violaciones que se dieron durante el proceso electoral”.

Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, a través de un comunicado de prensa emitido este viernes, dijo que su partido siempre advirtió graves y reiteradas intervenciones del Ejecutivo Federal que violaron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

“El proceso fue una elección de Estado que se caracterizó por no contar con un piso parejo, por la intervención del Presidente de la República, la violencia e injerencia del crimen organizado y el uso del aparato del Estado para promover la candidatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia”, señaló.

Cortés Mendoza dijo que López Obrador estuvo utilizando las mañaneras para fungir como jefe de campaña de Claudia Sheinbaum desde el destape de las “corcholatas” hasta el cierre de la campaña, para lo cual empleó todos los recursos públicos a su alcance para promocionar su candidatura.

El dirigente panista denunció que hay constancia de 55 sentencias de la Sala Superior, donde se acreditó que el Presidente vulneró principios constitucionales e incurrió en infracciones electorales.

Lo anterior generó una elección presidencial sin condiciones de igualdad para la candidata Xóchitl Gálvez, dijo.

Además aseguró que durante todo el proceso se usaron de forma indebida los programas sociales, que fueron dirigidos a descalificar a la oposición e influir y manipular el voto de la ciudadanía.

La contienda se mantuvo en un clima de violencia generalizada e intervención del crimen organizado y en el proceso electoral se alcanzó una media de 10 asesinatos por mes, con un total de 310 asesinatos en todo el proceso electoral, de acuerdo con Data Cívica, apuntó.

Fueron 2,210 candidaturas las que presentaron renuncias y 15,929 sustituciones de funcionarios del INE, aunado a la imposibilidad de instalar 227 casillas previo a la jornada electoral, afectando directamente a 170,250 ciudadanos. Todo ello, solo explicado por la intervención del crimen organizado, se afirma en el comunicado.

Por todas estas razones, más allá de la diferencia del resultado electoral, Acción Nacional promovió un Juicio de Inconformidad, que tiene por objeto solicitar la nulidad de la elección, porque no podemos dejar de impugnar la elección presidencial, porque significaría validar una elección de Estado, se indicó.

“La Sala Superior deberá valorar todos los elementos en los que se desarrolló el proceso de manera previa a emitir la calificación de la elección Presidencial, además de tener el deber de resolver todas las quejas y denuncias que se encuentran pendientes de resolución, emitir garantías de reparación y no repetición sobre las intervenciones del Ejecutivo Federal, sobre los hechos de violencia e intervención del crimen organizado, y el impacto de todos estos actos en la pasada elección”, puntualiza el comunicado del PAN.

(mr)

“El Estado está obligado a garantizar de manera plena los derechos de niñas, niños y adolescentes, bajo el principio de interés superior de la niñez y adolescencia, por lo cual se debe de garantizar que las personas menores de edad tengan un entorno afectivo comprensivo y sin violencia, para que puedan desarrollarse de la mejor manera posible”, dijo la diputada Georgina Zapata Lucero al presentar en la Oficialía del Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de Chihuahua.

Dicha iniciativa va dirigida a garantizar una crianza positiva a la niñez chihuahuense y con esto brindarles un mejor desarrollo físico y mental a los menores, explicó.

La legisladora mencionó que la crianza positiva es el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes.

Señaló que cuando un menor vive en un entorno negativo, donde experimenta violencia pueden desarrollar diversos problemas emocionales lo que los lleva normalmente a tener problemas en las escuelas y a tener dificultades para convivir con otras personas y en muchos de los casos a repetir la violencia que sufrieron.

Por eso, enfatizó, es de suma importancia que se les brinde un entorno seguro y sin violencia, de parte de quien ejerce la patria potestad sobre ellos, garantizando el respeto de sus derechos humanos y del interés superior de la niñez.