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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua ponerse en contacto con el gabinete de seguridad federal, luego de que se confirmó que el grupo criminal Tren Aragua opera en dicha entidad en contubernio con otras organizaciones delictivas.

En la conferencia de prensa matutina de este 31 de octubre, encabezada desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE de Chihuahua, quien informó la creación de un grupo específico para combatir a la organización criminal con orígenes en Venezuela.

Tras ello, solicitó a las autoridades chihuahuenses ponerse en contacto con el gobierno federal.

“Pediría al secretario que se ponga en contacto. Hay investigación, inteligencia y detenciones, lo mostramos el martes pasado. Ayer hubo detenciones muy importantes que se desarrollan a partir de esta nueva estrategia de mayor coordinación”, declaró.

Cabe destacar que, el pasado 25 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rechazó que el Tren de Aragua sea un principal generador de violencia, publicó Infobae.

―”¿Qué presencia tiene en nuestro país dicho cártel?”, se le cuestionó.

―”Hemos tenido detenciones de varios grupos delincuenciales de Venezuela y Sudamérica, sin embargo, este grupo no lo tenemos registrado como principal generador de violencia”, respondió.

Tren de Aragua en México

Aunque las autoridades de Chihuahua identificaron a miembros del Tren de Aragua operar en la entidad desde hace al menos dos años, fue el pasado 28 de octubre cuando la SSPE informó acciones contundentes para frenar su expansión.

Según informó Loya Chávez en una conferencia de prensa, la estructura criminal opera en alianza con un grupo criminal con presencia en Ciudad Juárez; específicamente para los delitos de secuestro y trata de personas.

“No descartamos que pueda empezar a vincularse hacia acá, lo mismo que tiene ya operaciones con gente de Perú, con gente de Colombia”, reveló.

Derivado de ello, se dio a conocer la conformación de un grupo especial multidisciplinario que buscará investigar su forma de operar y frenar sus operaciones. Dicha acción, según se informó, se llevará a cabo junto a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y las autoridades de Texas.

El Tren de Aragua, fundado entre 2009 y 2010, es la estructura criminal más poderosa de Venezuela. Su líder es identificado como Héctor ‘Niño’ Guerrero.

De acuerdo con InSight Crime, este grupo criminal inició como una pandilla carcelaria, pero ha logrado extender sus operaciones criminales a otros países suramericanos: Colombia, Perú y Chile.

Durante los últimos meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado la presencia de miembros de Tren de Aragua en su territorio, razón por la que en julio de 2024 lo declararon una “Organización Criminal Transnacional”.

Se le señala de delitos como extorsión, secuestro, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes, contrabando, minería ilegal, tráfico de drogas, ciberdelincuencia y robo.

Hasta 158 personas, la mayoría en la comunidad autónoma de Valencia, es el último reporte del número de muertos en España por las lluvias torrenciales y el desbordamiento de ríos y embalses.

Además de que continúan en paradero desconocido decenas de personas, cuyos familiares siguen buscando desesperadamente sin tener noticias de ellas casi 48 horas después del desastre natural.

El único dato que arroja algo de esperanza a las centenares de miles de familias afectadas es que el temporal de lluvia extrema está perdiendo fuerza y con ello el pronóstico es que en las próximas horas no se agrande aún más la tragedia.

Los datos son cada vez más dramáticos, el último reporte del gobierno español, es de 158 fallecidos, de ellos 155 se registraron en Valencia y tres entre Castilla-La Mancha y Andalucía.

El principal objetivo de los numerosos comandos de rescate es salvar a las decenas de personas que siguen en paradero desconocido, muchas de ellas probablemente agazapadas en sus propias viviendas a la espera que baje la fuerza de la riada o encaramados en alguna azotea o punto alto de la zona para evitar que la fuerza del agua se los trague.

Uno de los principales impedimentos para conocer con fiabilidad el número exacto de desaparecidos es que los servicios eléctricos y de telefonía siguen prácticamente caídos en toda la zona afectada.

Además que las autopistas se han convertido en unos inmensos desguaces de vehículos destrozados por la violencia de la fuerza del agua.

El gobierno español movilizó más de mil 200 soldados y militares expertos en tareas de rescate a través del ministerio de Defensa, la Unidad Militar de Emergencias y las Fuerzas Armadas Españolas.

Ahora mismo todas las miradas están puestas en la región este de Cataluña, donde se activó la alerta roja ante la llegada de lluvias torrenciales provocadas por el mismo fenómeno natural, ocasionada en parte por el cambio climático y el aumento de la temperatura de los océanos, en este caso el mar Mediterráneo.

El Poder Judicial del Estado envió al Congreso del Estado una iniciativa de reformas legislativas, para asegurarse de que magistrados y jueces que dejen el cargo con motivo de la reforma judicial federal, reciban de manera vitalicia la compensación que perciben actualmente.

La propuesta, aprobada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, contempla reformas a los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reciban una proporción de su compensación de acuerdo con los años que tengan de servicio en el Poder Judicial.

De esa forma, quienes tengan 10 años de servicio al momento de terminar su encargo a causa de la reforma judicial, recibirían el 55 por ciento de su compensación; los que tengan 15 años, el 60 por ciento.

Asimismo, quienes cumplan con los 20 años de servicio se irían con el 70 por ciento de su compensación, y los de 25 años o más, hasta el 75 por ciento.

En todos los casos, la prestación mencionada se pagaría de manera vitalicia.

El proyecto, enviado por la presidenta del TSJ, Miriam Hernández Acosta al Congreso del Estado, contempla que las magistradas y magistrados, juezas y jueces concluirán su encargo una vez que cumplan el plazo constitucional para el que fueron nombrados.

En ese caso, se proyecta que los magistrados o jueces, concluyan el periodo para el que fueron nombrados tendrán derecho a una pensión vitalicia por retiro anticipado.

La prestación se pagaría cuando él o la magistrada o juez se retiren del cargo antes de concluir su periodo, ya sea de manera voluntaria o por disposición de la ley, aun cuando no tengan derecho a gozar de la jubilación conforme a la Ley de Pensiones Civiles del Estado.

En caso de fallecimiento de las o los integrantes del pleno del TSJ durante el ejercicio del cargo o que gocen de haber de retiro, jubilación o pensión de retiro anticipado, se le otorgará una pensión a su cónyuge y sus hijas e hijos menores o consistente en el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía el finado.

En tanto, las secretarias y los secretarios de Sala del Poder Judicial, al jubilarse o pensionarse, conforme a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, continuarán recibiendo el cincuenta por ciento de la compensación que perciben los funcionarios en activo en el cargo o categoría que ocupaban cuando se hubieren jubilado, siempre y cuando tuvieren una antigüedad de cinco años con dicha percepción.

El proyecto se aprobó el 28 de octubre pasado y se enviará al Congreso del Estado para su análisis, dictamen y probable aprobación.

La exsecretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Silvia Ivonne H.P., fue vinculada a proceso por el delito de Peculado con penalidad agravada, informó la Fiscalía Anticorrupción.

Lo anterior, luego de haber encontrado indicios que presumen la comisión de la conducta delictiva, en calidad de coautora ya que en, su momento, en conjunto con otros servidores públicos dispusieron de bienes propiedad del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Tras escuchar los alegatos de la defensa, la jueza de Control desechó algunos de los argumentos vertidos por los abogados en contra de los antecedentes del Ministerio Público, así como de la imputada, quien asesorada por su defensa, decidió declarar durante las audiencias, de quien dijo reveló un escenario de la mecánica que permitió suponer la existencia de una comunidad delictual, es decir la colaboración y participación conjunta de varias personas, en este caso, servidores públicos, en la comisión de un delito o de varios delitos relacionados, se dio a conocer.

La jueza de control determinó que la exsecretaria de NCG tenía la obligación de fungir como fedataria de los actos realizados por el Ayuntamiento, como lo fue, entre otras cosas, validar los títulos de propiedad de los predios referidos en la causa penal 3980/2023, mismos que, se presume, firmó de manera consciente y voluntaria.

Es decir, la exfuncionaria tenía conocimiento de las irregularidades en el proceso de desincorporación de los bienes del municipio, lo que reveló un conocimiento pleno de que se transgredía las disposiciones normativas, se indicó.

La autoridad judicial determinó un plazo de tres meses para que se realice la investigación complementaria, tiempo en el que la imputada se mantendrá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

(mr)