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Rosa y Eduardo Martínez Pérez de 10 y 6 años, respectivamente, fueron vistos en la comunidad de Guachochi el día 3 de octubre cuando se dirigían a la escuela.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur, mantienen los operativos permanentes con 70 elementos de diversas corporaciones y apoyo interinstitucional, para dar con el paradero de ambos menores de edad.

Desde el momento en que las autoridades y esta representación social tuvieron conocimiento de los hechos, se iniciaron las diligencias de búsqueda, así como la activación de la Alerta Amber a nivel estatal.

De igual manera, hay un operativo constante y permanente de más de 70 elementos de la AEI, FEM, Comisión Local de Búsqueda, Protección civil y la Guardia Nacional desde Guachochi hasta la Sinforosa y en otras regiones como en las comunidades de Rosanachi, Agua azul, Caborachi, Ochocachi, entre otros.

Destaca que se ha contado con el apoyo aéreo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) además de drones, recorridos pedestres, la utilización de más de 40 vehículos, aunado al apoyo de ultramaratonistas y personas voluntarias y familiares.

Como parte de las labores instrumentadas desde el primer momento, son:

• 07/10/24 Reciben el reporte. Se pide colaboración a hospitales del CAAPS, IMSS y transporte de pasajeros

• 08/10/24 Solicitan la colaboración a la Guardia Nacional y Dirección de Seguridad Pública Municipal.

• 09/10/24 Se remite oficio de colaboración a la Comisión Local de Búsqueda (CLB)

• 11 y 12/10/24 Recorridos y rastreos de búsqueda por personal de la AEI y familiares.

• 14/10/24 Se realizan rastreos a cargo de la AEI, DSPM, SEDENA, Protección Civil, Personal de Presidencia Municipal, DIF, maestros y padres de familia (alrededor de 70 participantes)

• 15/10/24 Participan más de 70 elementos de la AEI, FEM y CLB.

Está fiscalía refrenda su compromiso de continuar con las labores de búsqueda hasta encontrar a los menores y reintegrarlos a su núcleo familiar.

El Gobierno de Estados Unidos ratificó su compromiso para trabajar con autoridades mexicanas, en temas de trasiego de armas, drogas y tráfico de personas, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, en un comunicado de prensa.

En la reunión bilateral de seguridad participaron Gilberto Loya y la secretaria adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lesley Ziman.

El compromiso establece una coordinación asertiva entre agencias de seguridad mexicanas y norteamericanas, para lo cual servirá como puente la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).

Durante la reunión fue presentada la nueva directora de INL en México, Katie Stana, quien sostuvo que el gran reto es interactuar como una gran red de agencias, así como Kristen Pisani, directora general de INL/WHP, quien destacó la necesidad de generar políticas públicas similares en ambos lados de la frontera.

“Agradezco la coordinación que hemos tenido con autoridades como INL, que en mucho nos ha demostrado el apoyo de la Embajada, del Consulado Americano, lo que nos ha servido para afianzar aún más la coordinación con autoridades norteamericanas”, expresó el titular de la SSPE.

Destacó que este trabajo ya es una realidad gracias a los acuerdos binacionales diplomáticos que ha firmado la titular del Ejecutivo, por lo que actualmente hay colaboración con agencias como FBI, DEA, ATF, Border Patrol, INL, entre otras.

En el evento participaron los secretarios de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo; Tamaulipas, Sergio Chávez García; Zacatecas, general Arturo Medina Mayoral y de Quintana Roo, el capitán de navío Julio César Gómez Torres.

Por el estado de Querétaro estuvo, Iován Elías Pérez Hernández; por Nayarit, Manases Langarica Verdín; de Aguascalientes, Manuel Alonso García y por Durango, Óscar Armando Galván Villarreal.

Además acudieron Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, titular de la Agencia Federal de Investigación; Manuel de Jesús Gómez Rojas, jefe de la Policía Federal Ministerial; Edna Patricia Cepeda Morales, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR y Arturo Zuany Portillo, director de la Agencia Estatal de investigación, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Conocido como el “padre Marcelo”, este sacerdote tzotzil, asesinado el domingo pasado, ha puesto en evidencia la cruda realidad de violencia que azota a la región mexicana de Chiapas.

El hecho sacudió a la comunidad de San Cristóbal de las Casas, dado que el párroco era una figura emblemática en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en la lucha contra el crimen organizado y en el activismo por la paz en uno de los estados más violentos de México.

Marcelo Pérez Pérez nació en San Andrés Larráinzar, Chiapas, una comunidad indígena tzotzil, que marcó profundamente su identidad y su misión en la vida.

A lo largo de más de dos décadas de labor pastoral, el padre Marcelo se dedicó a servir a las comunidades indígenas más vulnerables, convirtiéndose en un defensor inquebrantable de sus derechos.

Uno de los hitos de su vida fue su servicio como párroco en Chenalhó y Simojovel, dos municipios chiapanecos marcados por conflictos sociales, pobreza y una creciente presencia del crimen organizado.

Desde 2014, Pérez Pérez se convirtió en un líder visible en la resistencia contra el crimen organizado en Chiapas, ya que ese año encabezó una peregrinación para denunciar el creciente tráfico de drogas y la penetración de grupos criminales en las comunidades indígenas.

Perseguido y amenazado

En 2020, el sacerdote denunció públicamente que había recibido amenazas a través de llamadas telefónicas. Detalló que su cabeza tenía un valor que oscilaba entre 150 mil y un millón de pesos.

A pesar de esto, sus pedidos de protección no fueron respondidos de manera adecuada por las autoridades.

El 13 de septiembre de 2024, el padre Marcelo participó en la Marcha por la Paz en Tuxtla Gutiérrez, donde más de 20 mil personas se unieron para exigir un alto a la violencia en Chiapas.

Fue fundador del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, una organización conformada por indígenas tzeltales, tzotziles y ch’oles de 13 municipios en la región de los Altos y la Selva de Chiapas.

Asesinato y reacción pública

El asesinato de Marcelo Pérez Pérez ocurrió la mañana del 20 de octubre de 2024, cuando el sacerdote fue interceptado por dos hombres armados a bordo de una motocicleta en el barrio Cuxtitali de San Cristóbal de las Casas.

Los atacantes, presuntamente de la banda criminal de Los Motonetos, le dispararon a quemarropa mientras él se encontraba dentro de su vehículo.

La diócesis de San Cristóbal de las Casas, encabezada por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, condenó enérgicamente el crimen y exigió al gobierno una investigación exhaustiva y justicia.

Al mismo tiempo, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, lamentó el homicidio y exhortó al gobierno en el poder a buscar soluciones para desmantelar a los grupos armados que tanto daño hacen a la comunidad.

El asesinato de Marcelo Pérez no pasó desapercibido en el ámbito internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un comunicado condenando el crimen y solicitando a las autoridades mexicanas que realicen una investigación “pronta, exhaustiva y eficaz”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su consternación, recordando que desde 2015 el padre Marcelo contaba con medidas cautelares, debido al constante riesgo que enfrentaba.

Cabe apuntar que la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que ya se investiga el caso y dará más detalles sobre ello este lunes.

Miles de personas se unieron en una marcha en San Cristóbal, siguiendo el féretro del sacerdote hasta la parroquia de Guadalupe, clamando por “justicia” y portando banderas blancas.

Con el objetivo de garantizar la investigación de los delitos cometidos en perjuicio de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad, durante el 2024, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia ha logrado los siguientes resultados a nivel estatal:

• 13 mil 320 carpetas iniciadas por violencia familiar, delitos sexuales, incumplimiento de la obligación alimentaria, trata de personas y feminicidio, además de la activación de Protocolos Alba ante ausencias de niñas, adolescentes y mujeres.

• Mil 465 órdenes de aprehensión ejecutadas contra probables agresores de mujeres, puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes.

• 3 mil 372 carpetas judicializadas, es decir, llevadas ante los tribunales judiciales.

• 591 sentencias condenatorias.

• 25 mil 711 personas atendidas para denuncias, asesorías, entrevistas y otros trámites.

Estos resultados, son el trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Peritos y Analistas de la Fiscalía de Mujeres en los municipios de Chihuahua, Delicias, Camargo, Meoqui, Saucillo, Ciudad Juárez, Parral, Guachochi, Cuauhtémoc, Guerrero, Nuevo Casas Grandes y en la comunidad de Creel.

Tan solo en el mes de septiembre, inició a nivel estatal 1,457 carpetas por delitos de género, de las cuales 533 corresponden a la Zona Centro, 668 a la Zona Norte, 38 a la Zona Noroeste, 77 a la Occidente y 81 a la Zona Sur.

De estas, se judicializaron 356, en donde 70 corresponden a la FEM Zona Centro con sedes en Chihuahua; 201 de la Zona Norte, con sede en Juárez; cinco a Noroeste con sede en Nuevo Casas Grandes; 47 a Occidente, con sede en Cuauhtémoc y 33 a Sur, con sede en Parral.