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El Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii) se sumó al proyecto “Una Cosecha Justa”, para reducir el riesgo de explotación laboral a niños del estado, y evitar que se les llegue a afectar con trabajos forzados y violaciones a sus derechos laborales.

El programa, que encabeza la organización World Vision, busca tener un impacto directo en los estados de Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, con el apoyo de diversos socios y aliados con experiencia en la defensa de derechos laborales, para diseñar estrategias que prevengan el trabajo infantil.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), Chihuahua tiene una tasa del 9.5 por ciento de trabajo infantil. Esto significa que 9 de cada 100 menores de edad tenían trabajo.

A nivel nacional, la llamada “Tasa de participación en el trabajo infantil” entre niños de 5 a 14 años fue de 8.9 por ciento. Por sexo, la tasa entre niñas fue de 7.8 por ciento y en los niños, de 10.0 por ciento.

Para la población entre 15 y 17 años, la tasa fue de 26.0 por ciento: en las niñas fue de 19.3 por ciento y en los niños, de 32.6 por ciento.

La directora general del instituto, María Eugenia Álvarez, destacó que, como parte de las actividades conjuntas se buscará ofrecer espacios en las estancias infantiles ubicadas cerca de las zonas agrícolas, con el fin de reducir los riesgos a los que se puedan enfrentar los hijos de familias jornaleras agrícolas.

Además, implementarán entornos seguros donde las y los menores de edad recibirán cuidados integrales, aprendizaje, nutrición y el descanso necesario mientras sus madres y padres cumplen con su jornada laboral.

Esto con el fin de que los trabajadores puedan desempeñar sus labores con la tranquilidad de saber que sus hijos están en buenas manos, dentro de espacios adecuados y con todo lo necesario para su desarrollo.

World Vision, la organización promotora del programa, es “líder mundial de asistencia y desarrollo, con 70 años empoderando a las personas en situación de mayor vulnerabilidad para superar la pobreza y desigualdad”, según lo informa en su portal digital.

“Creemos que ninguna niña o niño está perdido y ninguna situación es imposible; por eso operamos donde la necesidad es mayor. Juntos, trabajamos con niñas, niños, adolescentes y sus comunidades a desarrollar la receta perfecta para el éxito sostenible”, agrega.

Luego de que se detectara un contagio de tuberculosis entre varias personas privadas de la libertad radicadas en el Centro de Reinserción Social de Juárez, la diputada por el partido Morena, Magdalena Rentería Pérez, solicitó al pleno del Congreso del Estado pronunciarse en torno al tema y demandar acciones inmediatas por parte de la autoridad estatal.

En su intervención en la tribuna del Legislativo Estatal, la morenista presentó un proyecto de exhorto a la gobernadora del Estado y en particular al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que modifique las condiciones generales de salubridad del citado reclusorio.

En materia de salud al interior de los penales, propuso que se apliquen los protocolos establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para personas que tengan un riesgo más alto de contraer tuberculosis.

En ese sentido, propuso que se hagan pruebas clínicas a quienes padezcan VIH/SIDA; a los que usen medicamentos intravenosos o estén conviviendo con personas infectadas.

Así también, a las Personas Privadas de la Libertad que son originarias de un país donde la tuberculosis es común, como varios países de América Latina, África y Asia, o que viven o trabajan en zonas donde la tuberculosis es común.

Detectado desde julio del 2023

Desde el 24 de julio pasado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado –a cuyo cargo están los penales de la entidad–, Gilberto Loya Chávez, informó sobre la aparición de un brote de tuberculosis en el Cereso 3 de Juárez.

En aquella ocasión, detalló que ya se había establecido un “cerco sanitario” en dicho penal para evitar la propagación de esa enfermedad.

Sin embargo, el 28 de octubre pasado, la misma dependencia dio a conocer de un brote que afectaba a 27 internos del Cereso 3, de los cuales, 15 ya estaban en fase intensiva y otros 16 habían sido aislados del resto de sus compañeros de reclusión.

Acerca de toda esa problemática, la diputada, quien representa al distrito IX con cabecera en Juárez, señaló en su discurso que el motivo del exhorto es porque que las condiciones en los centros penitenciarios a cargo del Gobierno del Estado están lejos de ser dignas y este le ha quedado a deber a los chihuahuenses en el manejo de las prisiones.

Mencionó a manera de ejemplo que existe el antecedente el motín y fuga de reos ocurrido el 1 de enero del 2023, el cual tuvo un saldo de 17 muertos, 14 heridos y 30 fugados.

Ahora, agregó, hay que sumarle la insalubridad sistemática que existe en el sistema penitenciario estatal.

En el Cereso Estatal de Ciudad Juárez hay una propagación de tuberculosis y esto no es algo nuevo, ya que de acuerdo a notas periodísticas desde el año pasado han surgido brotes de esta enfermedad, incluso al punto de llegar a haber defunciones, dijo la legisladora.

Recordó que, en el 2023, Santiago De la Peña, secretario General de Gobierno, declaró acerca de los contagios en el penal de Juárez que, había que ver “las medidas o las acciones que no estén funcionando y ver de dónde proviene este foco de infección”.

A lo anterior, Rentería indicó que, entonces, “es de sentido común que siguen existiendo acciones que no están funcionando y hasta el día de hoy no se ha esclarecido si es que encontraron la procedencia de dicho foco de infección”.

Por todo lo anterior, finalizó la diputada de Morena, se debe asegurar la salubridad dentro de los centros penitenciarios de Chihuahua en un ámbito de respeto de los Derechos Humanos de las personas que se encuentran recluidas, así como de sus custodios y demás personal que ahí labora.

El mal uso de los antibióticos ha ocasionado que las enfermedades contagiosas desarrollen una mayor resistencia a ellos y, por tanto, se conviertan en la principal amenaza de salud pública para las próximas décadas, advirtió la diputada Jael Argüelles Díaz, diputada del partido Movimiento Ciudadano ante el Congreso del Estado.

En su intervención en la tribuna del Legislativo, mencionó que la Organización Mundial de la Salud ha contemplado que la propagación de enfermedades infecciosas que resisten a los antibióticos conocidos podría convertirse en la principal causa de muerte para el año 2050.

En 2019, se estimó que mil 27 millones de muertes fueron atribuibles a las bacterias resistentes a los antibióticos y 5 millones de muertes fueron asociadas a este fenómeno, agregó.

La legisladora, quien es médico cirujano de profesión, mencionó que esta resistencia surge cuando las bacterias cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que hace más difícil el tratamiento de las infecciones.

Esto, a su vez, incrementa el riesgo de una propagación de la enfermedad, sin que se cuente con un antídoto para combatirla.

En su proyecto de punto de acuerdo, mencionó que cada vez son más frecuentes las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, algunas de ellas muy difíciles de tratar o prácticamente incurables, propagándose a otras personas.

Durante los últimos años, continuó la legisladora, se ha buscado el acceso a los antibióticos para toda la población, debido a sus innegables beneficios.

Sin embargo, tanto su uso indiscriminado y la incorrecta puesta en disposición cuando no se utilizan, están acelerando el proceso conocido como la resistencia a los antibióticos, añadió.

Argüelles Díaz advirtió que la relativa facilidad para adquirir antibióticos, la falta de información sobre los peligros de su utilización y su incorrecto desechamiento, así como la contaminación causada por parte de farmacéuticas, distribuidores y consumidores, ha derivado en resistencia a los antimicrobianos.

Es por eso que presentó el proyecto de exhortó a los titulares del sistema de salud federal, estatal y municipal, para que generen acciones que permitan disminuir este problema de salud pública, además de campañas de información para la adecuada disposición final de medicamentos.

“A medida que la farmacorresistencia se propaga por todo el mundo, los antibióticos son cada vez más ineficaces, lo que conduce a más infecciones difíciles de tratar y al aumento de la mortalidad”, precisó la congresista.

A causa de lo antes mencionado, calificó de necesario generar condiciones apropiadas para una disposición correcta y adecuada de los medicamentos, ya sean caducos o aquellos que se les pueda dar una segunda vida a través de bancos de medicamentos del sector público o de la sociedad civil.

Estas deberán incluir desde la información al público, así como contenedores de fácil acceso e infraestructura adecuada para poder cumplir con la tarea encomendada.

“Si no se toman medidas urgentes, la resistencia a los antibióticos podría causar millones de muertes prevenibles y colapsar los sistemas de salud en todo el mundo”, puntualizó.

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Este martes 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial que hace permanente la importación definitiva de vehículos usados a partir de esta fecha.

La medida fue decretada después de que hace unas semanas expiró el anterior decreto ordenado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y que detuvo durante todo ese tiempo la importación que permitía traer esos automotores de manera legal al país.

Este lunes 4 de octubre el Gobierno Federal expidió el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y programado para entrar en vigor este martes.

La medida busca ordenar el mercado de vehículos usados importados al país como parte de las políticas para dar seguridad jurídica a los importadores y propietarios de esos automotores usados, para su legal estancia y tenencia y para que esos vehículos circulen en el territorio nacional, tanto en la franja y región fronteriza, como en todo el territorio nacional.

Los vehículos contemplados para su legal importación a México son solamente aquellos fabricados y, o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá, una medida con la que, señala el decreto, se reducirán las brechas de desigualdad de la población mediante el acceso a un medio de transporte digno.

Asienta el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación que la región fronteriza en el norte de México presenta una dinámica económica específica con los Estados Uinidos de América y que el decreto en cuestión fortalecerá la integración económica de Norteamérica y mantendrá por lo tanto condiciones favorables para la importación definitiva de vehículos usados.

El decreto tiene como objetivo regular la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos al territorio nacional, y entre las reglas que fija está el cumplir con los requisitos para hacer el trámite ante el Registro Público Vehicular (Repuve)

El decreto dictamina además la prohibición para importar vehículos que no cumplan con las condiciones mecánicas y de protección ambiental o que tengan reporte de robo, entre otras cuestiones.

Se señala en el documento que el Gobierno de México continúa implementando estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y protección al patrimonio familiar y otorguen certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados.

El decreto está firmado por la presidenta Sheinbaum, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O.