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El Congreso del Estado analizará una iniciativa para sancionar con penas de hasta doce años de cárcel a quien haga un uso indebido de un automóvil de renta.

El proyecto consiste en agregar un artículo el Código Penal del Estado de Chihuahua y tipificar como delito el uso irregular de ese tipo de autos, ya sea mediante alteraciones a su equipamiento y su documentación, o bien, porque se les utiliza para cometer ilícitos.

La propuesta busca establecer penas de entre seis y doce años de prisión para conductas como desmantelamiento, comercialización ilegal y alteración de documentación de vehículos arrendados.

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía Fernández, presentó la propuesta durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado efectuada este martes 3 de diciembre.

Zubía destacó que la problemática afecta gravemente a las empresas arrendadoras y al sector turístico en Chihuahua.

Según datos de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVE), las pérdidas por estas prácticas superan los 150 millones de pesos anuales a nivel nacional.

“El abuso en el uso de vehículos de renta no solo genera pérdidas económicas, también afecta la confianza y la competitividad en este sector clave para la economía del estado”, señaló el legislador.

La iniciativa incluye la creación del artículo 212 Ter del Código Penal estatal, que sancionaría a quienes no devuelvan los vehículos rentados, los utilicen en actividades ilícitas o modifiquen su documentación para ocultar su identidad.

Esta medida, indicó el diputado, responde a la necesidad de proteger tanto a las empresas como a los usuarios legítimos del servicio de arrendamiento.

“La reforma busca enviar un mensaje claro: no toleraremos ninguna práctica que atente contra la certeza jurídica de las empresas y los ciudadanos. Chihuahua debe ser un estado seguro y confiable para quienes visitan y para quienes invierten en él”, concluyó Zubía.

El aumento al Impuesto Sobre Nóminas contemplado en el Paquete Económico Estatal 2025 le daría a Gobierno un “sobrante” de 800 millones de pesos respecto a lo que tiene contemplado para un fondo de infraestructura.

El coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, señaló que, actualmente, el Gobierno recauda cerca de 7 mil millones de pesos al año por ese impuesto, con una tasa de 3 por ciento sobre el total de las nóminas de las empresas.

Si se aumenta a un 4 por ciento, la recaudación crecería en 2 mil 300 millones, es decir, 800 millones de pesos más que lo que se contempla para el llamado “Fondo de Infraestructura”, que es de mil 500.

En entrevista colectiva, mencionó que tan solo en 2023 le aprobaron al Gobierno una partida de6 mil 916 millones de pesos para servicios generales, pero acabó gastando mil 490 millones de pesos.

“Ahí están los mil 500 millones de pesos que quiere cargarle a los empresarios vía impuesto de nómina”, detalló Estrada Sotelo.

Antes de incrementar las tasas impositivas, el Gobierno del Estado debe revisar el gasto de servicios personales y generales, en vez de proponer incrementos a los impuestos, añadió.

El legislador morenista se refirió además a la oposición expresada por diversos sectores del empresariado estatal hacia el proyecto de incrementar el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) a un 4 por ciento del total de la nómina de cada empresa.

Actualmente, esa tasa es del 3 por ciento y así ha permanecido desde la década pasada, salvo en e 2022, cuando se aprobó un incremento a 4 por ciento, pero con la condición que fuera solo durante un año.

En gastos superfluos y servicios generales existe mucho dinero gastado en exceso que podría servir para crear dicho fondo, señaló el diputado Estrada.

“Hay muchísimo más dinero que se está gastando en excesos de lo que ha autorizado este Congreso, el cual podría servir para dicho fondo, en lugar de subir los impuestos”, dijo.

Dijo entender la inconformidad del empresariado ante ese probable aumento, porque, para el gobierno estatal, la única forma de tener un fondo para infraestructura es aumentando el impuesto sobre nómina y no buscando otras alternativas.

Estrada Sotelo explicó que al aumentar el ISN del 3 al 4 por ciento, prácticamente se incrementa el impuesto entre el 25 al 33 por ciento ese impuesto.

Por lo que ante estos datos el legislador morenista insto al Gobierno Estatal a revisar sus gastos, “no es solo porque al empresario no le guste pagar un mayor impuesto, sino que en realidad no hay una eficiencia en el gasto de lo que se vea autorizado a Gobierno del Estado”.

El Congreso del Estado exhortó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que se asignen recursos a los programas de conservación del medio ambiente, gestión hídrica, infraestructura hidráulica y modernización de sistemas de riego dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PEF-25).

El llamado del Legislativo de Chihuahua se aprobó por mayoría de votos, sin la anuencia de la bancada de Morena.

El diputado Ismael Pérez Pavía (PAN), representante del Distrito 11º con cabecera en Meoqui, donde se encuentra parte del Distrito de Riego 05, afirmó en la tribuna del Congreso que el PEF-25 contempla recortes “alarmante” a las partidas destinadas a atender los efectos de la sequía que afecta a Chihuahua y al resto del país.

Mencionó entre esas reducciones, la que tendrá la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que será de 73 mil 265 millones de pesos en 2024 a solo 44 mil 370 millones para el próximo año.

A su vez, el renglón de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sufrirá un recorte del 97.4 por ciento, es decir, de 11 mil 255 millones de pesos a solo 288 millones.

En tanto, la modernización de riego y temporal tendría una disminución del 90.4 por ciento, ya que le quitarían casi 19 mil millones de pesos, pese a que es un programa clave “para aumentar la eficiencia hídrica en el sector agrícola, un sector que representa el 76 por ciento del uso del agua en México”, dijo el legislador panista.

Agregó que, el presupuesto 2025 refleja una desconexión preocupante entre las prioridades nacionales e internacionales de México y en un momento crítico para el planeta, donde la crisis climática exige acción inmediata y decidida, recortar los recursos destinados al medio ambiente y la gestión hídrica es un retroceso que el país no puede permitirse.

El punto de acuerdo de Pérez Pavía fue respaldado por los grupos parlamentarios del PRI y PAN y se aprobó como un exhorto del Congreso del Estado.

Más de 160 mil personas de Chihuahua tiene algún tipo de discapacidad, ya sea de movilidad, visual, auditiva o mental, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Con datos del Censo 2020—que se levantó en el 2021—el Inegi reporta que hay 167,788 personas en Chihuahua sufren de algún tipo de limitación física o mental.

A nivel nacional, son 8.8 millones de personas las que se encuentran en esa condición, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del Inegi.

De ese total, 4.7 millones (53.5 %) eran mujeres y 4.1 millones (46.5 %), hombres, mientras que el grupo de edad más afectado es el de las personas de 60 años o más.

La población con discapacidad se refiere a los casos que tienen registrada como respuesta “Lo hace con mucha dificultad” o “No puede hacerlo” en al menos una de las actividades por la que se preguntó.

El Inegi informó que el porcentaje de población afectada se calculó con respecto al total de población de 5 años y más.

Las entidades federativas con las concentraciones más altas de personas de 5 años y más con discapacidad fueron Zacatecas (11.2 %), Tabasco (10.1 %), Durango (9.9 %) y Oaxaca (8.8 %).

En ese renglón estadístico, Chihuahua se ubicó en el sitio número 26 de la tabla nacional, con un 6.9% de discapacitados entre su población de 5 años y más, cifra inferior al promedio nacional, que es de 7.2%.

La vista débil o, de plano, perdida es la discapacidad más frecuente, pues un 45.8% de las personas con algún tipo de limitación física aceptó tenerla.

La segunda fue la movilidad, con un 40% de personas discapacitadas que dijeron tener dificultades o, de plano, no poder caminar, subir o bajar usando sus piernas.

De las causas por las que las personas perdieron habilidades o capacidades, la más frecuente es la enfermedad, con un 43.9% de los casos, seguido por la edad, 27.2 y en cuarto lugar, los accidentes, con 11.4%.

Las discapacidades de nacimiento constituyen el 14% de los casos y es la tercera causal de entre las más frecuentes.

La pérdida de movilidad motriz, de vista, oído o algún otro tipo de habilidad física fue una causal de rezago educativo durante el 2023, pues solo 46 de cada 100 personas de 5 a 29 años con discapacidad asistían a la escuela.

En cambio, la población sin discapacidad representó 60 de cada 100 personas.

De las personas de 15 años y más con discapacidad, 14.9 % no tenían escolaridad, cifra mayor en comparación con 3.2 % de las personas sin discapacidad y que no contaban con escolaridad.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra en todo el mundo el 3 de diciembre de cada año, desde 1992, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas así lo estableció, con el objetivo de promover sus derechos y su bienestar en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo.