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Chihuahua y los estados vecinos serán de los más afectados por la entrada del Frente Frío No. 14 que entró a territorio nacional esta semana, el cual ya ocasionó notables descensos de temperatura en varias regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en Chihuahua y Durango, la temperatura baja provocará heladas en diversos puntos de ambas entidades e, incluso, climas gélidos con en sus zonas serranas.

Tanto en Chihuahua como en Durango y Sonora habrá temperaturas que alcanzarán los -5 grados Celsius durante la mañana de los próximos dos días, según el SMN.

Además del frío, se esperan fuertes vientos, con rachas de entre 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León.

A su vez, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Chihuahua advirtió este martes que la parte más fría se sentirá el miércoles 11, con temperaturas debajo de los cero grados en casi toda la región norte, nor y sur oeste de la entidad.

El estado de Chihuahua ocupa el sexto lugar nacional en percepción de corrupción durante los últimos 10 años, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según las seis mediciones realizadas desde 2013 hasta 2023, el 14.9 por ciento de las personas encuestadas en el estado reportaron haber sido víctimas de algún acto de corrupción al realizar trámites o gestiones ante el gobierno.

Este porcentaje posiciona a Chihuahua como una de las entidades con mayores problemas en esta área, solo por detrás de la Ciudad de México, Quintana Roo, Durango, Estado de México y Morelos. En la medición más reciente, correspondiente a 2023, el estado registró la prevalencia más alta a nivel nacional, con un 21.9 por ciento de ciudadanos mayores de 18 años afectados, superando por un amplio margen el promedio nacional de 14 por ciento.

Evolución de la corrupción en Chihuahua

A lo largo de la última década, Chihuahua ha alternado entre los primeros lugares en percepción de corrupción y momentos de mejora relativa. En 2013, se ubicó en el tercer lugar nacional con una prevalencia del 14.7 por ciento, mientras que en 2015 y 2017 se colocó en el quinto sitio, con tasas de 17.6 por ciento y 15.6 por ciento, respectivamente.

En contraste, las encuestas de 2019 y 2021 mostraron una disminución significativa, con Chihuahua cayendo al lugar 29 en ambos años, al registrar tasas del 9.4 por ciento y 10.4 por ciento. Sin embargo, el regreso al primer lugar en 2023 evidencia la persistencia del problema, particularmente en trámites relacionados con autoridades de seguridad pública, donde el 59.4 por ciento de las personas reportaron haber experimentado actos de corrupción.

Corrupción en México, un fenómeno persistente

En el ámbito nacional, el Inegi reporta que el 14 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas de corrupción en 2023. Aunque esto representa un aumento relativo del 15.7 por ciento respecto a 2013, el nivel de denuncias sigue siendo alarmantemente bajo: solo el 4.8 por ciento de las víctimas reportaron el acto ante una autoridad competente.

Entre las razones para no denunciar, destacan la percepción de inutilidad (29.5 por ciento), la creencia de que es una pérdida de tiempo (18.5 por ciento) y la normalización de la corrupción como una práctica común (12.6 por ciento).

Contexto global y acciones pendientes

La publicación de estos datos coincide con el Día Internacional contra la Corrupción, celebrado cada 9 de diciembre desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Corrupción en 2003. Este instrumento obliga a los países signatarios, incluido México, a fortalecer medidas para prevenir y combatir este problema.

En el caso de Chihuahua, los resultados subrayan la urgencia de adoptar políticas públicas más efectivas para reducir la prevalencia de actos irregulares y fomentar la denuncia ciudadana, con miras a mejorar la confianza en las instituciones gubernamentales.

La diputada Brenda Ríos (Morena), informó que ya recibió el apoyo de la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, Citlali Hernández, para continuar con la denuncia por violencia de género que presentó en contra del presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, del PAN.

En un comunicado oficial, la legisladora dio a conocer que sostuvo una reunión con la funcionaria federal, quien le expresó “su respaldo al proceso de la denuncia presentada contra el alcalde Marco Bonilla, por violencia política en razón de género”.

Durante el encuentro, agregó Brenda Ríos, se hizo énfasis en la denuncia por presuntos actos de corrupción con lo que ella ha calificado como “Cártel inmobiliario”.

La denuncia contra Bonilla, añadió Brenda Ríos, “no solo busca la defensa de su dignidad, sino también visibilizar la violencia estructural que enfrentan las mujeres en espacios de poder”.

“Este proceso es un paso importante hacia la erradicación de la violencia de género y hacia la construcción de un entorno donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, especialmente en el marco de los 16 días de activismo de la ONU dedicados a esta causa,” señaló la diputada Brenda Ríos.

Asimismo, condenó los comentarios machistas emitidos por el alcalde Bonilla, los cuales ocurrieron días después del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Estos hechos lamentables refuerzan la necesidad de garantizar que las instituciones públicas no sean utilizadas para perpetuar conductas que vulneran a las mujeres, sino que sean plataformas de respeto e igualdad,” enfatizó.

Ante Citlali Hernández, quien hasta hace poco era la secretaria General de Morena, Brenda Ríos reiteró su compromiso de trabajar “incansablemente para combatir la violencia política en razón de género”, y agradeció el respaldo, subrayando la importancia de mantener la sororidad y solidaridad entre mujeres en la lucha por un México más equitativo.

La violencia de género que habría sufrido la morenista se derivó de las respuestas que le dieron tanto el propio alcalde como la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia Municipal a la denuncia que ella presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, en la cual identificó al edil como presunto líder del “Cártel Inmobiliario”.

A propósito de esa acción, la Coordinación de Comunicación Social llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se refirieron a Brenda Ríos simplemente por su segundo nombre: Francisca, el cual no usa con frecuencia.

Además, le refirieron su forma de vestir y las características de la casa donde habita con su familia.

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, la asociación civil Transparencia Mexicana, dio a conocer un estudio que revela la ínfima cantidad de sanciones que se han aplicado por actos irregulares de parte de funcionarios de gobierno.

A lo largo de siete años, y en todo el país, los tribunales administrativos han emitido apenas 488 resoluciones, a razón de 69 por año, o menos de 5 por mes.

De todos esos procedimientos, solo 281 han derivado en sanciones, lo que se traduce en un promedio de 40 sanciones por año desde que entró en vigor la Ley de Responsabilidades.

El estudio, elaborado en colaboración con la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, fue presentado este fin de semana en las oficinas de Transparencia Mexicana en la Ciudad de México, ante titulares y representantes de los órganos fiscalizadores del país.

En dicha reunión, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, afirmó que la baja obtención de sanciones condenatorias en vía administrativa es parte un reflejo de los defectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en 2017.

Dicho marco normativo ha complicado la aplicación de sanciones en una gran cantidad de casos en los que se identifican conductas deshonestas de los servidores públicos en el ejercicio del gasto público pero que no están previstas como faltas en la Ley.

Durante su participación en el citado evento, expuso que Chihuahua se encuentra dentro de los 5 órganos fiscalizadores con mejores resultados en efectividad, tomando como base las sanciones obtenidas en los tribunales administrativos.

La Auditoría Superior de la Federación y las auditorías de México, Nayarit, Zacatecas, Chihuahua y Chiapas concentran la mayor parte de las sentencias con sanción emitidas por los tribunales administrativos.

En México hay 33 órganos fiscalizadores, 32 estatales y la Auditoría Superior de la Federación, los cuales revisan año con año las cuentas públicas de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, los tres poderes y los órganos con autonomía constitucional.

El radio presupuestal que revisan asciende a los 9 billones de pesos al año, a lo que habría que agregar los recursos propios que ejercen las entidades federativas.

Otro de los aspectos abordados fueron las diversas formas de fiscalización del gasto público, pues cada estado de la República tiene plazos y formas distintas derivadas de sus propias leyes locales.

A partir de 2017, lo órganos de fiscalización fueron dotados de facultades para no solo auditar, sino también presentar denuncias administrativas ante los tribunales de justicia administrativa por faltas graves.

Antes de ese año, los resultados de auditorías a las cuentas públicas eran enviados para su atención a los órganos internos de control de cada institución auditada sin hacer distinción entre faltas graves y no graves.