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El estado de Chihuahua se posiciona como el séptimo a nivel nacional en recaudación del impuesto predial, alcanzando un total de 3 mil 082 millones 726 mil 121 pesos anuales, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este logro destaca aún más al considerar que los municipios de Chihuahua y Juárez figuran entre los diez con mayores ingresos por este concepto.

En detalle, la capital del estado captó mil 194 millones 561 mil 857 pesos por ese concepto durante el 2023, mientras que Ciudad Juárez logró recaudar mil 406 millones 840 mil 854 pesos.

Como municipio, Chihuahua se ubica como el cuarto lugar a nivel nacional entre los que lograron mayor ingreso per cápita por Predial, con un promedio de mil 274 pesos por habitante, superando significativamente a Juárez, cuyo ingreso per cápita es de 930 pesos.

A nivel estatal, la captación per cápita es de 796.89 pesos al año por cada uno de los 3 millones 868 mil 446 habitantes que tiene la entidad.

El ´Top 5’ estatal lo completan los municipios de Cuauhtémoc, con 123 millones 900 mil 951 pesos (686 pesos per cápita); Delicias, 73 millones 885 mil 034 pesos (491 pesos per cápita) e Hidalgo del Parral, 48 millones 338 mil 593 (414 pesos per cápita).

Controversia por las nuevas tablas de valores catastrales

Estos datos se dan a conocer en medio de un debate público generado por la reciente aprobación de las tablas de valor catastral que sirven de base para calcular el impuesto predial.

La oposición al Gobierno del Estado, encabezada por el partido Morena, ha señalado que estas actualizaciones representan un incremento real en el monto que deberán pagar los propietarios, lo que, aseguran, afectará la economía familiar.

Diversas organizaciones civiles también se han sumado a la crítica, manifestándose frente a la Torre Legislativa para exigir la revocación de dichas tablas. Sin embargo, estas ya fueron aprobadas por el Congreso estatal, pese a la resistencia social y política.

Autonomía fiscal en Chihuahua

Por otro lado, el Gobierno del Estado ha defendido la gestión fiscal de la entidad, destacando que más del 30 por ciento de su presupuesto proviene de impuestos y derechos estatales, en comparación con el promedio nacional del 10 por ciento.

Esta autonomía financiera contrasta con el trato que, según el partido gobernante, Acción Nacional, la Federación da a Chihuahua.

Argumentan que el estado no recibe recursos suficientes en proporción a su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La discusión sobre el impuesto predial y su impacto en la economía local refleja la complejidad de la relación entre las finanzas estatales, la política nacional y las demandas ciudadanas.

Usuarios de bancos y de otras instituciones financieras que están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) podrán realizar sus movimientos en sucursales solo cuatro días de la próxima semana, ya que el jueves 12 de diciembre cerrarán sus puertas.

Así, los locales bancarios atenderán al público del lunes 9 de diciembre al miércoles 11 del mismo mes, descansando el jueves y reanudando sus actividades el viernes 13, establece la CNBV en su calendario de días inhábiles.

Explica, contrariamente a la creencia popular de que los bancos cierran por el festejo de la Virgen de Guadalupe, que el día es inhábil debido a que se celebra al Empleado Bancario.

La fecha de descanso para ese sector financiero fue establecida por el Congreso de la Unión en 1952, coincidiendo con la celebración de la religión católica, lo que no fue fortuito, sino que los bancos solían cerrar para que sus empleados participaran en las festividades guadalupanas.

Además, la fecha es también conmemorativa por la creación de la Asociación de Bancos de México en 1929, organismo encargado del desarrollo y regulación del sector bancario en la República Mexicana.

Este día no solo se conmemora al empleado de los bancos, ya que también reconoce a quienes laboran en casas de bolsa, bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores, instituciones calificadoras de valores, contrapartes centrales de valores, bolsas de contratos de derivados, cámaras de compensación de instrumentos derivados y sus socios liquidadores.

El conglomerado incluye a los trabajadores de instancias de fondos de inversión, sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y sociedades financieras populares.

Además, a quienes prestan sus servicios en sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades de información crediticia e instituciones de tecnología financiera.

Todas estos establecimientos cerrarán sus puertas para suspender operaciones y la prestación de servicios al público ese día, pero los cajeros automáticos sí funcionarán normalmente.

La Fiscalía General del Estado deberá procurar, a partir de este lunes, la incorporación de agentes investigadores de causas penales que dominen alguno de los idiomas indígenas originarios de la entidad.

Las reformas a la Ley Orgánica de la FGE que establece esa condición entró en vigor este sábado, por lo cual, la dependencia antes citada deberá incorporar a agentes investigadores bilingües o polilingües, para que se ocupen de integrar las carpetas de investigación donde se involucre personas de pueblos indígenas.

La reforma al artículo 14 de la mencionada ley establece que la Agencia Estatal de Investigación “Procurará la integración de agentes investigadores en los términos del artículo 3 Bis de la presente Ley”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Ley Orgánica, la Agencia Estatal de Investigación que cuenta para sus funciones con toda una estructura de personal especializado en investigación penal, la cual ahora deberá incluir a los agentes bilingües o polilingües.

La reforma publicada este sábado incluye, además, la inclusión del artículo 3 Bis, mediante el cual se establece que FGE “procurará contar con el personal que domine el idioma y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas, en los órganos que tengan mayor incidencia de casos que involucren a personas indígenas”.

Sin embargo, existe unos escasez de traductores indígenas, no solo en Chihuahua, sino en el todo el país, para atender a una población que, o no domina el español por completo, o lo desconoce en lo absoluto.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI) señala que la falta de traductores debidamente certificados es una de las barreras que impiden el acceso a la justicia para las personas integrantes de alguna comunidad originaria.

Dicho organismo tiene un catálogo de lenguas indígenas que incluye 69 variantes de 11 familias lingüísticas distintas.

La problemática, señala el INLI en su portal digital, es “amplia y compleja”, porque incluye la discriminación; vejaciones y abusos en los procedimientos de impartición de justicia cuando se trata de un caso que involucra a un indígena.

En ese sentido, agrega que existe una falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena, para tener una adecuada defensa en juicio.

A lo anterior, se suma la falta de denuncias legales sobre delitos cometidos contra indígenas, los procedimientos jurisdiccionales lentos; juicios cargados de irregularidades y las sentencias severas sin proporción con el delito cometido.

A lo anterior, se suma que existe una total ignorancia de los sistemas normativos y usos y costumbres del derecho indígena; creación y operación de instituciones para indígenas sin debidos procesos de consulta.

La cárcel le espera no nada más a quien cometa sexting cibernético mediante el envío de imágenes con contenido sexual, sino también, a quienes las reciban.

La reforma penal que sancionará con hasta 5 años de cárcel a quien reciba imágenes con contenido sexual que involucren a personas que no han dado su consentimiento, ha entrado en vigor y, a partir de este lunes, comenzará a aplicarse.

El Periódico Oficial del Estado publicó este sábado la reforma aprobada por el Congreso del Estado de Chihuahua al artículo 108 bis del Código Penal, para tipificar como delito el hecho de recibir mensajes de texto, audio o video con contenido sexual explícito en perjuicio de terceras personas.

El nuevo tipo penal establece que, a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y de cien a doscientos días de multa, que son de 10 mil 857 a 21 mil 714 pesos del 2024.

Con esta modificación, se amplían las sanciones contra quienes participen en la difusión, recepción o almacenamiento de material de carácter íntimo sin el consentimiento de las personas involucradas.

La reforma fortalece las disposiciones ya existentes en torno al delito de sexting, término que hacía referencia a la divulgación de contenido sexual explícito.

De esa forma, se tipifica como punible la simple recepción de este material si existe la intención de afectaciones a la privacidad o dignidad de terceros. De esta manera, Chihuahua se posiciona como uno de los estados pioneros en endurecer las medidas contra este tipo de violencia digital.

La iniciativa llegó a la tribuna de Congreso del Estado desde el año de 2019, a cargo de la diputada Rocío Sarmiento y el diputado Arturo Parga, ambos de Movimiento Ciudadano, quienes propusieron la reforma al 108 bis del Código Penal para incluir en el castigo.

En aquel entonces, la diputada Sarmiento, quien leyó la iniciativa en la Tribuna del Congreso, expresó que, con una tipificación penal de ese tipo, se logrará sancionar a todas las personas que lleven a cabo la difusión de imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual que perjudican a las víctimas de este delito.

El proyecto de reforma nació a partir de una serie de casos que ocurrieron en la ciudad de Chihuahua, donde circularon en redes sociales imágenes y audios con contenido sexual que involucraban a personas que no dieron su consentimiento ni para ser grabadas, y menos aún para que se difundiera ese material.

Cabe mencionar que el delito de sexting quedó incluido en el Código Penal de Chihuahua desde el año 2019, donde se contemplan sanciones de 4 a 8 años de cárcel a quien cometa conductas como las antes descritas.