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El Congreso del Estado aprobó este 16 de enero la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo que seleccionará a las personas que propondrá para contender por los cargos de jueces y magistrados que estarán en juego en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025.

El comité mencionado quedó integrado por Yazmín Alejandra Rivera Castillo, Alfredo Issa Holguín, Laura Alejandra de las Casas Muñoz, Héctor Jaime Terrazas Salcido y Pamela Arizbeth Quiñonez Loya.

Dicho comité elegirá a las personas que podrán contender por alguno de los 304 cargos que estarán en juego, que incluyen 30 magistrados, 135 juezas,  135 jueces y 5 del Tribunal de Disciplina Judicial.

Se estima que el proceso de Chihuahua para elegir juzgadores será el más grande de cuantos se celebrarán en los 32 estados de la República Mexicana.

La lista de personas que seleccionarán a los aspirantes quedó integrada desde el  14 de enero pasado, cuando la Junta de Coordinación Política aprobó los nombres antes mencionados, de los cuales dos fueron propuesta del grupo parlamentario de Morena, dos del PAN y uno del PRI.

La Junta de Coordinación Política analizó y evaluó puntualmente cada uno de los perfiles profesionales, académicos y jurídicos recibidos, con el propósito de seleccionar a cinco personas idóneas para el desempeño de estos cargos y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 500, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De ahí, la totalidad de las propuestas en cuestión fueron sometidas a consideración de este Órgano Colegiado, aprobándose por mayoría de las y los presentes el anterior acuerdo.

Con ello, se atiende a cabalidad lo dispuesto en el artículo 101, fracción II, inciso b) de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y se privilegia la paridad de género y se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 500, numeral 2, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Presidentes municipales del país emanados del Partido Acción Nacional demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se reestablezcan los fondos y programas de apoyo a los municipios que desapareció la administración del presidente López Obrador.

En específico, los panistas se refirieron al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (FAIP).

“Eran fundamentales para la seguridad y la infraestructura” de los municipios, subrayan los alcaldes en un comunicado dirigido a la primera mandataria del país.

Asimismo, piden que se restituyan otros fondos y programas, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Fortaseg), el Fondo Minero, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal.

También piden la reinstauración del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), del Fondo Metropolitano, el Fonden, y de programas como el de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, el Programa de Estancias Infantiles y diversas partidas del ramo 23 destinadas a la cultura y al deporte”.

Además, proponen que el Gobierno Federal que otorgue tarifas eléctricas preferenciales a los organismos operadores de agua, y duplicar los estímulos del Programa de Devolución de Derechos (Prodder), por mencionar algunas ideas.

A unas horas de que inicie la reunión de alcaldes del país con la presidenta de la República, la Coordinación Nacional del PAN le solicitó que convoque a una Convención Nacional, en donde puedan analizar y discutir reformas “para robustecer a los municipios”.

El “Encuentro Nacional Municipal” con alcaldes y alcaldesas de todo el país requiere, además, que se reconozca a los municipios y alcaldías como los gobiernos más cercanos a los ciudadanos.

“Somos quienes conocemos mejor los problemas de los vecinos. Debemos quitar la idea de que el Gobierno Federal sabe todo y lo puede todo. No es así. Sólo con municipios fuertes podremos construir una Nación libre y democrática”.

“En Acción Nacional reconocemos la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para acercarse a los municipios, y por ello, buscaremos construir una agenda municipalista que abone al bien común para que le vaya bien a los gobiernos locales y a todo México”, concluyeron.

Organismos de la sociedad civil y el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), trabajarán de manera conjunta para atender a jóvenes infractores que han incurrido en faltas administrativas, para evitar que continúen con ese tipo de conductas o lleguen a cometer delitos más graves.

La Red de Participación Social que incluye a organizaciones como “1,2,3 por mí” y “Por mi comunidad, A.C.”, junto con Ficosec, iniciará su sexto año consecutivo del Proyecto de Acompañamiento Integral en Justicia Cívica (PAI).

De esa forma, se dará continuidad con actividades con enfoque restaurativo para que las personas infractoras asuman las consecuencias de sus actos y participen de mejor manera en su comunidad.

Asimismo, se les brindará una atención psicológica con enfoque cognitivo conductual que ayude en el cambio de mentalidad y comportamientos.

Al mismo tiempo, se le dará apoyo a la familia para mejorar la convivencia al interior y aumentar en un 16% sus habilidades socioemocionales y cognitivas a partir de ellas. 

Este año,  se proyecta llegar al 60% de los jóvenes que hayan infringido alguna normativa administrativa, para evitar que vuelvan a hacerlo y así favorecer su proceso de reinserción

La meta establecida es llegar a 300 beneficiarios, en los cuales se refleje su cambio de conducta. 

El PAI ha incorporado acciones que dan la oportunidad de mejorar la sana convivencia atendiendo problemáticas de raíz.

Entre los objetivos establecidos, está el de sensibilizar a la población en la importancia de la cultura de la legalidad, además de apostar en la atención psicológica individual y ofrecer la consejería en el tema de adicciones.

El proyecto recibirá a las personas que hayan sido canalizadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal a través de sus juzgados cívicos.

Las sedes de implementación son: Calle Proletarios y Ciudad Juárez, Col. Revolución; Manuel González Cossío 8315, Col. Torres del Rey; Carlos Pacheco No. 8808, Col. 2 de Octubre; Av. Independencia No. 5603, Col. Santa Rosa e instalaciones de la Comandancia Norte.

Para dar a conocer esta información estuvieron presentes la subdirectora de Justicia Cívica y Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Liliana Armendáriz, la representante de la Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 por mí y por mi comunidad, A.C., Cecilia Olivares, la coordinadora del proyecto PAI, Janeth Aguilar, así como el director de Fundación FICOSEC,A.C., Arturo Luján Olivas.

El estado de Chihuahua podría recibir hasta 12 mil 500 migrantes deportados desde los Estados Unidos en los centros de atención que instalará a lo largo de la frontera con ese país, informó el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda.

Para dar atención a esos viajeros expulsados, se instalarán tres campamentos en Ciudad Juárez y otros dos en Ojinaga, cada uno con capacidad de “hasta” 2 mil 500 personas albergadas.

La operación de esos campamentos es producto de un acuerdo con el Gobierno Federal, para afrontar las consecuencias de las políticas antiinmigrantes que aplicará el Gobierno del presidente Donald Trump, a partir del 20 de enero próximo.

Anteriormente, la gobernadora Maru Campos Galván había advertido que Chihuahua no sería santuario de migrantes y que, en cambio, a quienes sean deportados por la entidad que gobierna se le darían las facilidades para regresar a su lugar de origen.

En entrevista concedida al diario Milenio, publicada el 27 de diciembre pasado, la mandataria dijo que el gobierno a su cargo no tiene los recursos para atenderlos y, además, su presencia representa un riesgo para la seguridad pública del estado.

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