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La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, a tres sujetos que secuestraron a cuatro migrantes en Ciudad Juárez.

Lo anterior, representa un fuerte golpe a quienes atentan contra la libertad, seguridad y bienestar de las personas en situación de movilidad, indicó la FGE a través de un comunicado de prensa.

En un juicio oral que se prolongó por más de una semana, agentes del Ministerio Público de la Unidad Antisecuestros, demostraron de manera irrefutable que los acusados Eduardo Javier M. H., Brayan Alejandro E. H., y Kevin R. D., cometieron el delito de secuestro, se dio a conocer.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que, en agosto de 2023, los ahora sentenciados utilizaron armas de fuego para privar de la libertad a las víctimas en un hotel ubicado en la colonia La Cuesta, desde donde los trasladaron a una casa de seguridad en la colonia los Aztecas, añade el comunicado.

Durante el tiempo que los mantuvieron custodiadas a sus víctimas para que no escaparan, se comunicaron con sus familiares exigiéndoles la entrega de 15 mil dólares por la libertad de cada uno de ellos, refiere el reporte.

En el juicio oral, el agente del Ministerio Público de la Unidad Antisecuestros, logró demostrar la existencia del delito y que los acusados lo cometieron, obteniendo así la primera sentencia condenatoria ejemplar que se dicta en contra de quienes cometen el delito de secuestro a migrantes, agrega el informe.

Además de la condena de 50 años de prisión, los ahora sentenciados Eduardo Javier M. H., Brayan Alejandro E. H y Kevin R. D., deberán restituir a las víctimas el dinero que pagaron como rescate en calidad de reparación del daño, finaliza el comunicado.

Chihuahua se suma a la lista de entidades federativas donde las empresas de Grupo México han causado sucesos con consecuencias humanas y ambientales graves, sin que las autoridades apliquen sanciones a los responsables.

El 3 de septiembre de 2024, un convoy de seis carro-tanques de Ferromex, filial de Grupo México, se descarriló en el municipio de Villa Ahumada, a pocos kilómetros de la zona urbanizada y de los bancos de arena de Samalayuca.

Este hecho provocó el derrame de 53 mil litros de ácido sulfúrico y una cantidad considerable de cloro, según un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado meses después del suceso.

Además del daño ecológico, cuatro personas que viajaban como migrantes indocumentadas en el tren resultaron gravemente heridas, una de las cuales perdió una pierna, mientras que un niño perdió la vida.

De acuerdo con el decreto LXVIII/PPACU/0030/2024 I P.O. del Congreso del Estado, el Ejército informó que, tras el incidente, se activó el Plan DN-III y la Guardia Nacional cercó el área.

Sin embargo, el 13 de febrero de 2025, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), declaró que no tenía registros del suceso.

El decreto del Congreso de Chihuahua solicitaba a la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que informaran sobre el “estudio de Caracterización”, la magnitud del derrame y los planes de remediación.

En su respuesta, la Semarnat indicó que la Subdirección Técnica de la Dirección Local en Chihuahua no cuenta con expedientes físicos o digitales del mencionado estudio, ni con datos sobre el derrame ocasionado por Ferromex.

Además, no se encontraron antecedentes de procedimientos sancionatorios relacionados con el caso.

Una mancha más al expediente

Según el Grupo Parlamentario de Morena, Grupo México y su filial, Ferromex, tienen un largo historial de incidentes y desastres ambientales que, hasta la fecha, no han sido sancionados.

Entre 1999 y 2019, se registraron al menos 10 sucesos en diversos puntos del país, con saldos de heridos, fallecidos y derrames tóxicos al medio ambiente.

Estos hechos ocurrieron durante los gobiernos de Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox y Felipe Calderón (PAN), y Enrique Peña Nieto (PRI).

No obstante, los últimos desastres ambientales sin consecuencias para el consorcio han ocurrido durante la llamada Cuarta Transformación.

En mayo de 2019, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mina San Martín, en Zacatecas, propiedad de Grupo México, derramó 20 mil litros de sedimentos con cianuro, sulfato de cobre y sulfato de zinc en un río de la comunidad de Sombrerete, que abastece a campos agrícolas de la zona.

En julio de 2019, también bajo la administración de López Obrador, el mismo grupo vertió 3 mil litros de ácido sulfúrico en Guaymas, Sonora, que llegaron al Mar de Cortés, uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del mundo y hogar de la vaquita marina, especie en peligro de extinción.

Ahora, el suceso en Villa Ahumada ocurrió tres días después del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por lo visto, este caso también quedará impune.

¿Se murió el amor? Difícil responder esa pregunta. Lo que sí se encuentra en franco declive es la formalización legal de las relaciones de pareja, el matrimonio, pues.

El día 14 de febrero, conocido en una parte del mundo occidental como “Día del amor y la amistad”, suele servir, entre otros aspectos, como ocasión para iniciar las campañas de matrimonios colectivos que, desde hace años, lleva a cabo el Gobierno del Estado de Chihuahua.

La oferta que suele hacer la autoridad es de realizar la boda sin mayores costos, con la primera acta gratis y una fiesta colectiva donde, además de música, ambiente y felicitaciones de parte de las o los gobernantes, se rifan regalos y hasta paquetes de viajes “de bodas”.

No obstante, esa atractiva oferta, el matrimonio, entendido como el contrato civil que firman dos personas para legalizar su relación sentimental, ha ido en declive.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Inegi, muestran que la cantidad de matrimonios ha ido de bajada en los últimos 10 años.

Mientras que en el año 2013 se firmaron 19 mil 191 contratos de matrimonio, en el 2023, la cantidad bajó a 17 mil 325, una pérdida de mil 866 en un lapso de 10 años, que representa una caída del 9.7%.

La reducción ha sido una constante desde el año 2015, según el Inegi, pues en aquel año 20 mil 150 contratos matrimoniales, la cifra más alta en los últimos 13 años.

Sin embargo, para el 2020, el año de la pandemia, la cantidad bajó a 10 mil 828 matrimonios en todo el estado.

Desde entonces, el registro ha ido aumentando, pero sin alcanzar los niveles de la década pasada.

-¿Por qué no se casa la gente?

De acuerdo con opiniones de especialistas e, incluso, de personas que mantienen su relación en condición de unión libre, el contrato civil dejó de tener relevancia.

En términos generales, se le ve como un “yugo” o un “instrumento de control por parte del Gobierno” a una relación que “no necesita de un papel”.

La postura oficial, sin embargo, es totalmente distinta, pues se advierte que la falta de un acta de matrimonio dificulta todo tipo de trámites y, sobre todo, el traslado de dominio de los bienes.

El matrimonio “ante la ley” representa la legalización de la situación conyugal, lo cual da seguridad y certidumbre jurídica a sus familias, según reza la propaganda gubernamental en torno a los matrimonios colectivos que, por lo regular, se celebran en febrero de cada año.

La falta de un acta matrimonial civil es la causa de que las personas no puedan reclamar sucesiones, herencias o el derecho a recibir el pago de los fondos de retiro de la pareja, cuando éste o esta fallece.

En cambio, si se cuenta con el matrimonio civil, se le da seguridad y certidumbre jurídica a sus familias, se les hace sujetos de los derechos y obligaciones que el matrimonio conlleva.

Beneficios como los alimentos, filiación, parentesco, ayuda mutua y educación de los hijos quedan elevados a rango de ley con la firma matrimonial, según la difusión de las campañas de matrimonios colectivos.

La oferta del Gobierno del Estado para este año es similar a la de los anteriores: trámites gratuitos, ceremonias colectivas, presencia de autoridades y, según sea el caso, hasta rifa de regalos.

Solo falta que las parejas decidan tomar la decisión, la pluma o el plumón, y estampar su firma en el acta.

De los más de 50 cuerpos humanos desenterrados de las fosas clandestinas en Casas Grandes, van cuatro que han sido identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y entregados a sus familiares para que les realicen los servicios funerarios.

De acuerdo a personal de la dependencia, de los cuatro muertos que han sido reconocidos mediante pruebas científicas, con apoyo de sus parientes, tres de ellos son: Ángel Hernández Escobedo de 55 años de edad; Gerardo Pino Cárdenas, de 47 y Juan José Muñoz Bastidos, también de 47.

De acuerdo al seguimiento periodístico, los tres hombres eran choferes de tráileres y habrían sido privados de su libertad el 7 de enero en Casas Grandes, pero en diferentes domicilios.

No han trascendido las razones por las que habrían sido víctimas primero de “levantones” y luego de homicidios.

Los tres cuerpos fueron encontrados juntos en la misma fosa a finales de enero.

La cuarta persona identificada es Chantal Elizabeth Arrieta Andana, de 28 años.

Según el archivo periodístico, ella desapareció el 9 de mayo de 2024 en Nuevo Casas Grandes.

En aquel entonces, en la pesquisa se explicaba que tenía tatuaje en el cuello con una guadaña y fecha 1996, tatuaje de un dragón en medio del pecho, unos labios tatuados en la costilla izquierda, tatuaje en el tobillo derecho que dice “Chantal”, tatuaje en la espalda baja de una mariposa y dos perforaciones, una en la nariz y otra en la lengua.

El 16 de mayo de 2024 autoridades realizaron un cateo en un domicilio particular de la colonia Che Guevara en el municipio de Nuevo Casas Grandes, donde aseguraron un teléfono celular, una memoria digital y otros aparatos electrónicos, sin embargo, no determinaron entonces donde estaba Arrieta Andana.

Los restos de los cuatro identificados ya fueron entregados sus familiares, pero faltan decenas más por ser reconocidos.