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Más de 3 mil 200 familias de comunidades indígenas en los municipios de Guadalupe y Calvo, y Morelos, recibieron paquetes de maíz y frijol como parte del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, impulsado por el DIF Estatal en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI).

El programa, instituido por iniciativa de la gobernadora Maru Campos, ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de la región, con actividades prioritarias en los rubros de salud, alimentación, educación y agua potable.

En Morelos, municipio ubicado en el occidente de la entidad, fueron 64 toneladas de granos, de las cuales 48 de maíz y 16 de frijol, las que llegaron a mil 600 familias de las comunidades de Potrero de Portillos, Las Pilas, Tescalama (El Ranero), Piedra Bola, Rincón del Pleito, San Miguel y El Chapote.

En tanto, mil 420 familias de Guadalupe y Calvo, de localidades como San Pedro, San Francisco, La Cruz, El Barro, Cueva del Barro, San Francisco de Chinatú, San José de los Reyes, Mesa de la Palma, Navegame, Rancho de Enmedio y La Cruz de Chinatú, se beneficiaron al recibir 42.6 toneladas de maíz y 14.2 toneladas de frijol.

El programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, instruido por la gobernadora Maru Campos, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región mediante acciones prioritarias en salud, alimentación, educación y acceso a agua potable.

Esta iniciativa interinstitucional integra esfuerzos de diversas dependencias para impulsar el bienestar de la población.

Entre las acciones destacan la construcción y mejora de viviendas, incentivos para estudiantes, rehabilitación de caminos rurales, apertura de comedores comunitarios, instalación de sistemas colectivos y proyectos de cosecha de agua.

Durante 2024, se han entregado 6,457 toneladas de paquetes alimenticios, beneficiando a 80,736 familias en 19 municipios serranos incluidos en este plan de atención.

La reforma legislativa para otorgar pensiones a magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aunque no tengan la antigüedad que establece la ley actual no va a caminar, advirtió el coordinador parlamentario de Morena.

Se trata de la iniciativa enviada por la presidenta del TSJ, Miriam Hernández, para que los magistrados que terminen su encargo a causa de la reforma judicial puedan retirarse con su sueldo y compensación, aunque no tengan la antigüedad requerida.

“Es la reforma del “haber de retiro”, pero ni nosotros ni Acción Nacional hemos estado de acuerdo”, dijo el líder morenista.

El comentario del diputado juarense surgió un día después de que la presidenta del TSJ, Miriam Hernández, presentara su último informe de actividades al frente del Poder Judicial.

Tanto al grupo parlamentario de la 4T como al panismo en el Congreso local les ha parecido “sumamente exagerado” el monto que piden a manera de retiro es muy exagerado”, dijo.

Cuestionó que otros trabajadores de diversos organismos de gobierno no tengan los mismos beneficios a la hora de retirarse de su vida activa.

“Si nosotros en algún momento tenemos que reformar la ley para el retiro, tendría que ser en otros términos”, dijo el morenista.

La iniciativa que promovió el Poder Judicial tiene puntos sumamente exagerados que rayan en el privilegio, agregó.

Si nadie tendría ese privilegio laborando en ningún otro lugar, ¿por qué el poder judicial podría tenerlo?, concluyó.

La bancada de Morena, representada por la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, presentó una iniciativa para liberar a las personas encarceladas o procesadas por abortar. La legisladora, quien también preside la mesa directiva del Congreso del Estado, argumentó que, tras la declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las personas afectadas deben ser absueltas.

“Son seis mujeres las que permanecen en prisión acusadas o sentenciadas por esta práctica.

La solicitud es que, donde se encuentren, se haga su liberación de manera inmediata”, expresó Guzmán Argueta durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, y la diputada Leticia Ortega Máynez.

Por su parte, el diputado Carlos Olson San Vicente, del PAN, presentó en la diputación permanente del Congreso la iniciativa de Ley de los Derechos de la Persona No Nacida. El legislador afirmó que “el derecho a la vida debe ser garantizado desde la concepción. No podemos dar la espalda a quienes más nos necesitan”.

El proyecto busca garantizar la protección del ser humano en gestación y el bienestar de las mujeres embarazadas. Olson mencionó que, según datos del INEGI, en 2022 se registraron 25,041 muertes fetales en México, lo que, a su juicio, subraya la necesidad de fortalecer la protección tanto para la madre como para el no nacido.

La iniciativa propone acceso gratuito a salud prenatal, parto y postparto, acompañamiento integral durante el embarazo y estímulos económicos en el último trimestre de gestación.

La diputada Antonieta Pérez Reyes (Morena), calificó como inaceptable que las autoridades ambientales federales afirmen no tener registro del accidente ferroviario ocurrido en Villa Ahumada el 4 de septiembre de 2024, cuando en sus propias páginas digitales hay evidencia del suceso.

La legisladora, impulsora de una iniciativa para que Ferromex asuma la responsabilidad de los daños causados, se refirió a la respuesta de la Subdirección Técnica de la Dirección Local en Chihuahua de Semarnat, que declaró no haber iniciado ningún procedimiento sancionatorio contra la empresa.

En un oficio enviado al Congreso del Estado, la dependencia señaló que “no se localizaron antecedentes o evidencias” sobre el caso. Sin embargo, Pérez Reyes recordó que el descarrilamiento del convoy de Ferromex causó el derrame de miles de litros de ácido sulfúrico, además de dejar un niño migrante muerto, una mujer sin pierna y otro viajero indocumentado lesionado.

“El accidente afectó gravemente al medio ambiente y al hábitat de la zona, y no podemos aceptar esta respuesta”, afirmó.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a Profepa y Semarnat para que informaran sobre el daño ambiental y el plan de remediación de Ferromex. No obstante, la respuesta fue desconcertante: las autoridades aseguraron no tener expedientes ni antecedentes del derrame ni medidas sancionatorias contra la empresa.

La diputada cuestionó esta postura, ya que en la página de Profepa se documentó el derrame y se informó sobre una inspección realizada en el lugar del accidente. Además, la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua aseguró la escena, donde se constató que los carros tanque descarrilados seguían derramando ácido sulfúrico.

“No es posible que la representación de Profepa en Chihuahua afirme no encontrar expedientes sobre este caso. Fue un evento grave y no nos quedaremos con esta respuesta”, concluyó Pérez Reyes

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