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El dinero en efectivo, ya sea en monedas o billetes, conocido coloquialmente como “cash”, “morralla” o “monedero”, está perdiendo terreno frente a los pagos electrónicos y con tarjeta, ya sea de débito o crédito.

Aunque la transición hacia estos medios de pago ha sido gradual, el uso del efectivo ha experimentado un declive constante en los últimos cuatro años, impulsado por opciones como las transferencias electrónicas, las tarjetas y las compras en línea.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en 2024, el 85 por ciento de las compras se realizaron con efectivo, frente a un 15 por ciento que utilizó los medios electrónicos mencionados. Sin embargo, esta proporción ha cambiado significativamente desde 2021, cuando 9 de cada 10 transacciones comerciales se pagaban con dinero “contante y sonante”.

El pago con tarjeta aumentó del 7.4 por ciento de las compras en 2021 al 10.4 por ciento en 2024, mientras que las transferencias electrónicas pasaron del 1.6% al 4.4% en el mismo periodo.

Este cambio es más notable en transacciones de 500 pesos o más, donde el uso de efectivo ha disminuido tanto en compras menores como mayores a ese monto.

Por otro lado, las tarjetas de crédito o débito y las transferencias electrónicas han incrementado su participación en todo tipo de compras, aunque aún existen establecimientos que solo aceptan billetes y monedas.

El letrero “no se aceptan cheques”, que antes era común en pequeños negocios, ha desaparecido por completo.

En su lugar, el mayor crecimiento se ha observado en las transferencias electrónicas o pagos mediante aplicaciones móviles para compras superiores a 500 pesos, con un aumento de 4.8 puntos porcentuales respecto a 2021.

A pesar de este avance, algunos sectores aún se resisten a adoptar los pagos electrónicos o con tarjeta como métodos de cobro.

“Solo efectivo”: La resistencia al cambio

En la ciudad de Chihuahua, es frecuente encontrar letreros que indican “solo pago en efectivo” en consultorios médicos o escuchar en negocios de mediano y gran tamaño frases como “no manejamos tarjetas”.

Un ejemplo emblemático es el de una conocida cadena de neverías, que cuenta con sucursales en diversos puntos de la ciudad de Chihuahua y que atiende a cientos de clientes diariamente, a quienes solo les acepta pagos en billetes y monedas, sin opción a tarjetas o transferencias.

En los negocios de barrio, algunos comerciantes se mantienen reacios a aceptar pagos sin efectivo, mientras que otros, aunque permiten el uso de tarjetas, cobran una comisión adicional por cada transacción.

Esta práctica persiste a pesar de que, en abril de 2024, la Cámara de Diputados reformó la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir explícitamente el cobro de comisiones, cargos adicionales o montos extra cuando los clientes utilizan tarjetas de débito, crédito o cualquier medio electrónico de pago.

La reforma busca proteger a los consumidores y fomentar el uso de medios de pago electrónicos, promoviendo una economía más inclusiva y moderna.

Sin embargo, esta medida aún enfrenta resistencia en algunos sectores, lo que refleja los desafíos que persisten en la transición hacia una sociedad menos dependiente del efectivo.

En un reciente fallo judicial, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua logró mantener la revocación de la condena condicional solicitada por Lorena Leos Ramírez, excolaboradora de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quien buscaba cumplir su pena en libertad.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó lo anterior y detalló que la decisión judicial destaca el incumplimiento de las obligaciones impuestas a Leos Ramírez, entre ellas el pago de la reparación del daño y una multa, lo que llevó a la autoridad a rechazar cualquier beneficio condicional.

Leos Ramíez fue sentenciada a pasar 2 años y 8 meses de prisión por el uso indebido de un encefalógrafo propiedad de la UACH, del cual obtuvo un beneficio económico personal, lo que motivó una pérdida patrimonial para la Universidad, agregó la ASE en un comunicado oficial.

Durante la audiencia, la defensa de la sentenciada intentó obtener el beneficio de la condena condicional ofreciendo el pago de la reparación del daño como condición.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción del Estado, en su condición de parte acusadora, argumentó que dicha solicitud no era procedente, ya que la sentenciada había incumplido previamente con las obligaciones establecidas por el juez, incluyendo el pago total de la reparación del daño.

Tampoco cumplió con dar el abono de la multa y su comparecencia periódica ante el Departamento de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

La Fiscalía subrayó que el pago de la reparación del daño es un requisito legal indispensable para cualquier modificación en la situación jurídica de la sentenciada, y en este caso, dicho pago no ha sido cubierto en su totalidad.

Por todo lo anterior, la solicitud de la defensa fue denegada, reafirmando el compromiso de la institución con la recuperación de activos y la restitución de recursos públicos afectados por actos de corrupción.

Con esta decisión, la Fiscalía Anticorrupción envía un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las obligaciones judiciales y la imposibilidad de obtener beneficios condicionales cuando no se respetan las condiciones impuestas por la justicia.

Con el objetivo de reforzar la coordinación y el trabajo conjunto en la realización del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 (Peepj),

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron un convenio institucional para organizar los inéditos comicios de este 2024, donde se votará  por candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Los titulares de ambos organismos se comprometieron a trabajar de la mano para sacar delante un proceso electoral sin precedentes en la historia reciente del país, que además será concurrente, pues se votará lo mismo por jueces y magistrados estatales que por jueces y ministros del sistema judicial federal.

“Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones para garantizar un proceso electoral sólido, transparente y eficiente, enmarcado en la normatividad vigente”, expresó el IEE en un comunicado de prensa.

En la firma estuvieron presentes la consejera presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto; la consejera electoral Fryda Libertad Licano Ramírez; el secretario ejecutivo del IEE, Arturo Muñoz Aguirre; así como Alejandro de Jesús Sherman, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE Chihuahua, y Roberto Castillo, subdirector de Recursos y Consultas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INE.

Durante su intervención, la consejera presidenta del IEE destacó la importancia de dicho convenio:

“Es un proceso novedoso que representa grandes retos para todos y todas, y que, de la mano, siempre vamos a sacar adelante”, resaltó Yanko Durán Prieto.

La consejera presidenta del IEE, señaló que el compromiso de trabajo conjunto ya existía previamente y este convenio viene a formalizarlo para reforzar las diversas actividades entre ambas instituciones, que abarcan incluso más allá del primero de junio.

“Este compromiso ha estado siempre de parte del Instituto Estatal y siempre hemos encontrado puerta abierta y mano tendida por parte del Instituto Nacional Electoral”, puntualizó Durán Prieto.

Con esta firma, el IEE y el INE reafirman su compromiso con la ciudadanía y con el fortalecimiento de la democracia en Chihuahua.

Una mujer que aparentemente videogrababa a sus propios hijos teniendo relaciones sexuales e incluso a ella misma con uno de ellos fue vinculada a proceso penal en seguimiento a una carpeta de investigación a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y contra la Familia, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Se trata de Viridiana P. L., por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas y abuso sexual, se informó a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con lo expuesto durante la continuación de audiencia inicial, el 15 de julio de 2024 y el 13 de agosto de 2024, en el domicilio ubicado en calle Río Ventuari de la colonia Riveras de Sacramento, la imputada abusó sexualmente de su hijo de 7 años de edad, se indicó.

Además, sin poder precisar la fecha exacta, entre los meses de mayo a septiembre de 2024, en el mismo domicilio indujo a menores, de 7 y 9 años de edad, respectivamente, a realizar actos sexuales, los cuales videograbó con la finalidad de exhibirlos y difundirlo en diferentes aplicaciones de comunicación y obtener un beneficio económico, añade el reporte.

Viridiana P. L., fue detenida mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, para luego formularle imputación, siendo vinculada a proceso por un Juez de Control, quien estableció un tiempo de seis meses para la investigación complementaria, se dio a conocer.

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