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En su sesión de este jueves 13 de marzo, el Congreso local solicitó al Senado de la República y a su presidente, Gerardo Fernández Noroña, emitir “de inmediato” la Declaratoria Constitucional del Decreto en materia de salarios que ya fue aprobada por esa Cámara legislativa.

Dicha reforma busca que los salarios mínimos no queden por debajo de la inflación y, por consiguiente, fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, la directiva del Senado no ha realizado la Declaratoria Constitucional respectiva, lo cual impide que el decreto sea remitido al Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La no realización del citado trámite priva a miles de servidores públicos del acceso a un salario justo, perpetúa condiciones de precariedad y desincentiva el ingreso y la permanencia en funciones vitales para la sociedad, expresó la diputada Alma Portillo de Movimiento Ciudadano (MC), autora de la iniciativa.

Detalló la legisladora que la reforma al Artículo 123 Constitucional consolida el derecho a un salario digno como pilar fundamental para garantizar condiciones de vida adecuadas para las personas trabajadoras y sus familias.

Añadió que, de esa forma, se fortalece el poder de compra y se reduce la pobreza laboral, situación que afecta de manera más severa a quienes dependen del ingreso mínimo para subsistir.

“Docentes, policías, miembros de la Guardia Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas Permanentes, personal médico y de enfermería, son pilares de cualquier estado democrático de derecho”, señaló.

Sin embargo, todos esos trabajadores han sido relegados históricamente a recibir percepciones salariales que no corresponden a la relevancia, ni al riesgo de sus actividades”, concretó Portillo.

Comentó que, durante los últimos años, la política salarial impulsada por el gobierno federal ha generado avances significativos en el incremento del salario mínimo. Sin embargo, ese progreso debe ser complementado con medidas legislativas que aseguren la sostenibilidad de estos incrementos y eviten retrocesos, particularmente en sectores estratégicos.

La reforma aprobada este jueves 13 de marzo por el Congreso del Estado, permitirá que las autoridades de Chihuahua envíen los avisos de Alerta Amber y Protocolo Alba a más de 3 millones de teléfonos celulares de manera inmediata.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena), promotora de la iniciativa, mencionó que el 86.6 por ciento de las personas de 6 años o más en Chihuahua, son usuarios de teléfonos celulares, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih).

Esa gran cantidad de usuarios de telefonía móvil posiciona al estado como la séptima entidad con mayor penetración de estos dispositivos a nivel nacional, dijo la legisladora, quien representa al Distrito X con cabecera en Juárez.

“Es fundamental que la Alerta Amber y el Protocolo Alba se difundan de manera inmediata a través de notificaciones en los celulares”, añadió.

El proyecto de ley se aprobó este jueves y entrará en vigor tan pronto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Con ello, se busca aprovechar el uso masivo de tecnología para mejorar la eficacia en la localización de niños, adolescentes, mujeres y hombres reportados como desaparecidos.

El Congreso del Estado convocó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, a comparecer para que informe sobre los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo, cuando mujeres manifestantes fueron detenidas durante una protesta.

Además, se solicitó una investigación sobre los agentes involucrados en dichas detenciones.

El funcionario se presentaría ante las Comisiones Unidas de Igualdad y Seguridad Pública, donde se le harían los cuestionamientos relativos a los hechos del sábado pasado, que derivaron en la detención de tres mujeres manifestantes.

La diputada América Victoria Aguilar Gil (PT), quien presentó la proposición, denunció que las tres mujeres fueron detenidas sin causa aparente y trasladadas a instalaciones de seguridad sin permitírseles comunicarse con abogados o familiares.

Mencionó testimonios y reportes periodísticos, así como videos publicados en redes sociales que muestran que las detenciones fueron violentas “y sin justificación clara”.

Aguilar Gil recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 9, protege el derecho a la manifestación pacífica.

Del mismo modo, existen tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por México que garantizan ese derecho.

Los diputados exigieron al secretario de Seguridad Pública que dé a conocer los protocolos aplicados durante la manifestación, las acciones que se implementarán para garantizar el respeto a los derechos humanos en futuras movilizaciones y las sanciones a funcionarios o elementos que hayan incurrido en violaciones a derechos fundamentales.

La comparecencia busca esclarecer los hechos y evitar que se repitan actos arbitrarios que vulneren los derechos de las personas manifestantes.

La candidatura de Rafael Sánchez Martínez para ocupar el cargo de juez penal por el Distrito Jiménez, ha generado polémica en redes sociales debido a una sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura por presuntos actos irregulares cometidos durante su etapa como actuario del Poder Judicial del Estado. Sánchez Martínez fue separado de su cargo tras incurrir en al menos cinco faltas, algunas de ellas consideradas graves.

Entre las acusaciones en su contra, destaca la falsificación de firmas en diligencias de notificación y otros actos irregulares que afectaron la resolución de sentencias judiciales.

“Por su culpa se libraron órdenes de aprehensión indebidas, restringiendo los derechos de los imputados y violando sus garantías. También por su culpa se retardó la justicia para las víctimas”, señala uno de los mensajes que circulan en redes sociales.

De acuerdo con el Acta CJE 15, que documenta la sentencia en su contra, Sánchez Martínez fue declarado responsable administrativamente de faltas graves contempladas en el artículo 240, fracciones VII y VIII, así como de faltas no graves marcadas en el artículo 241, fracciones III, VII y VIII de la Ley Orgánica. Sin embargo, no se le encontró responsable de otras faltas graves señaladas en los artículos 57 de la Ley General y 240, fracciones I, II y V, ni de la falta no grave del artículo 241, fracción IX.

A pesar de ello, se le aplicó la sanción de destitución por cometer actos que sí encuadraron en la categoría de “faltas graves”. Fuentes internas del Poder Judicial confirmaron a Norte Digital la existencia de esta sentencia, aunque Sánchez Martínez interpuso un juicio de amparo para impugnar las resoluciones en su contra.

Entre los actos que se le imputan, se encuentra la falsificación de firmas de personas a quienes debía notificar, así como la asunción de datos falsos para beneficiar a imputados, presuntamente a cambio de dinero.

Pese a este historial, el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo del Estado avaló su candidatura para contender como juez penal del Distrito Jiménez, con cabecera en el municipio del mismo nombre.

El 22 de febrero, Sánchez Martínez anunció en su cuenta de Facebook: “Después de haber pasado una serie de filtros, el día de hoy oficialmente soy candidato en la boleta por parte del Poder Ejecutivo para Juez Penal en Jiménez. ¡Nos vemos este 1 de junio!”. Posteriormente, el 1 de marzo, informó que había renunciado a su candidatura como Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal del 17º Circuito para poder contender en la elección local.

Las listas de candidatos a cargos del Poder Judicial, tanto para jueces como magistrados, ya se encuentran en manos del Instituto Estatal Electoral (IEE) para su inclusión en las boletas que se utilizarán en las elecciones del próximo 1 de junio.

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