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Durante la reunión de alcaldes de ciudades capitales en la Secretaría de Gobernación, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, reclamó la falta de recursos federales para fortalecer la seguridad y denunció el retraso de proyectos clave por la ausencia de coordinación entre municipios y dependencias del Gobierno Federal.

Bonilla Mendoza participó junto con otros 15 alcaldes y alcaldesas de distintas fuerzas políticas, quienes acudieron a la Segob como parte de las gestiones de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM). El grupo fue recibido por Raúl Armando Quintero Martínez, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en representación de la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

En su intervención, el alcalde de Chihuahua destacó los avances que ha tenido su administración en materia de seguridad gracias a la coordinación con fuerzas estatales y federales, incluyendo el decomiso de droga valuada en 252 mil millones de pesos, la captura de mil 376 presuntos narcomenudistas y 99 homicidas. Sin embargo, criticó la falta de inversión del Gobierno Federal para fortalecer a las policías locales.

“Estamos dispuestos a hacer nuestra parte, pero es indispensable que la Federación también ponga de la suya. No podemos seguir combatiendo al crimen sin el respaldo económico y logístico necesario”, expresó el edil chihuahuense.

A lo anterior, señaló además la parálisis de proyectos estratégicos por la falta de un enlace directo entre los municipios y dependencias federales como Conagua, Semarnat, Sedatu y Banobras. Mencionó el caso del Complejo Ambiental de Chihuahua Capital y un proyecto de abastecimiento de agua en Hermosillo, ambos con financiamiento prácticamente aprobado, pero detenidos por falta de validación técnica de las instancias federales correspondientes.

Durante la reunión, alcaldes como Geraldine Ponce (Tepic) y Guadalajara expusieron también problemáticas locales, como la crisis por sequía, el saneamiento del agua y la inseguridad, en las que se requiere urgente colaboración con el Gobierno Federal.

Los ediles coincidieron en la necesidad de crear un fondo conjunto entre municipios y la Federación, destinado a atender tanto problemáticas generales como específicas de las ciudades capitales.

La organización Campo Verde informó que llegó apoyo aéreo para combatir el incendio forestal que afecta al área protegida del mismo nombre.

En su portal de Facebook, la agrupación ambientalista difundió imágenes aéreas de las columnas de humo que se levantan sobre Campo Verde, ubicado en el municipio de Madera, y área natural protegida, por ser el asiento de diversas especies que se encuentran amenazadas de extinción.

“Los valientes brigadistas continúan en el combate de los incendios forestales activos en el APFF (área natural protegida de flora y fauna) Campo Verde y en otras áreas del Municipio, de Madera, afortunadamente ya se cuenta con apoyo aéreo, sin embargo, ellos no pararán hasta liquidarlos”, dice el mensaje.

Después de varios días de incendio, miles de hectáreas de bosque han quedado afectadas por el fuego, lo cual ha dejado como resultado la pérdida de gran cantidad de biodiversidad, lo cual afecta “no solo a los ecosistemas, sino también a nosotros”.

Campo Verde es el hábitat de la Cotorra Serrana Occidental, una especie endémica de la región que se encuentra catalogada entre las que enfrentan el peligro de extinguirse.

“Muchos los seres vivos que quedan atrapados entre las llamas sin lograr escapar, quedándose sin refugio aquellos que sí lo logran, teniendo que desplazarse”, dice el mensaje de la agrupación ambientalista.

Los incendios forestales que desde hace días afectan el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Campo Verde, en el municipio de Madera, han consumido ya miles de hectáreas y dejado severas afectaciones en los ecosistemas locales.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene labores activas en las comunidades de Las Pomas, Las Playas, Arroyo del Panal y Las Glorias, con el objetivo de contener los siniestros y evitar su avance hacia zonas habitadas.

La dependencia estatal colabora con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y ha desplegado personal, vehículos, sistemas de comunicación satelital y drones para evaluar las condiciones del incendio.

“El objetivo es proteger a la población y preservar el entorno. Estamos actuando de forma coordinada y efectiva”, declaró Luis Corral Torresdey, titular de la CEPC.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada por vías oficiales y reportar cualquier incidente a los números 800 737-0000 y 911.

El obispo de la Diócesis de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, exigió a los Gobiernos de los tres órdenes a restaurar la paz y el orden en el municipio de Guachochi, ante la proliferación de hechos violentos en los últimos días.

Mediante una carta pastoral, el prelado demandó que las autoridades competentes garanticen la seguridad en Guachochi, que actúen “con verdad y justicia y que escuchen el clamor de un pueblo que quiere vivir en paz”.

Desde el año pasado, se difundieron noticias acerca de la vilencia desatada en ese municipio ubicado en la Sierra Tarahumara, al suroeste de la entidad.

En diciembre del 2024, diversos negocios de aquella localidad cerraron sus puertas, a manera de protesta por la violencia reinante y las extorsiones que sufrían a manos de la delincuencia organizada.

“Como Pastor de esta Iglesia de Tarahumara, levanto la voz para repudiar con firmeza toda forma de violencia”, expuso el obispo en su carta pastoral.

“No podemos acostumbrarnos a vivir entre balas, a aceptar como normal lo que es contrario a la dignidad humana. Rechazamos todo lo que atenta contra la vida, la justicia y la paz”, añadió.

Después de hacer alusiones al evangelio y de recordar la tristeza de Jesús tras la muerte de su amigo Lázaro, el obispo exclamó en su carga que “la esperanza no es ingenuidad, es una decisión firme de seguir creyendo en la fuerza del bien, de la verdad y del amor. No dejemos que el miedo paralice nuestra fe ni nuestro compromiso cristiano. Sigamos siendo constructores de paz, sembradores de esperanza y testigos del amor de Dios”.

En el año 2023, Manuel González Sandoval hizo un enérgico reclamo, tanto a las autoridades, como a los miembros de la delincuencia organizada, por el ataque a balazos perpetrado a un templo de Guachochi, acto que calificó de “reflejo del grado de barbarie al que se ha llegado por la violencia y la impunidad”.

En aquella ocasión, publicó un manifiesto en el que demandaba a quienes están involucrados en los grupos delincuenciales a que “rectifiquen su camino” y recordar que todos somos hermanos “y el don más preciado que nos ha dado Dios es la vida del cuerpo y alma”.

Hasta el momento, no hay respuesta oficial al reciente llamado difundido por el obispo de la Tarahumara.

El fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, negó que exista presencia operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Chihuahua, como lo señala un reciente informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“En relación a la supuesta presencia operativa del CJNG en Chihuahua, no se cuenta con elementos que pudieran considerarse para afirmar que ese cártel opera en la entidad; ahorita se descarta esa presencia”, declaró Jáuregui Moreno.

El funcionario estatal indicó que, si bien el estado enfrenta desafíos en materia de seguridad vinculados a otros grupos delictivos, hasta el momento no se ha detectado una operación estructurada o activa del CJNG en el territorio chihuahuense.

La postura de la Fiscalía contrasta con lo expuesto por la DEA en su evaluación más reciente, en la que se señala la expansión de dicho grupo criminal en varias regiones del país.

De acuerdo con el nuevo reporte de la DEA, a nivel nacional, el CJNG ya opera en los 32 estados de México, mientras que el Cártel de Sinaloa controla 31, con excepción de Jalisco.

La “Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025”, publicada este 15 de mayo, expone la dimensión global de las principales organizaciones criminales mexicanas, al señalar que ambos cárteles tienen presencia en al menos 40 países.