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CREEL, Chih. – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Cruz Roja Mexicana desplegaron este lunes un operativo conjunto para atender las afectaciones provocadas por una fuerte inundación en el seccional de Creel, municipio de Bocoyna, como consecuencia de las lluvias intensas registradas durante la tarde.

Las autoridades realizaron recorridos de verificación y brindaron apoyo a conductores cuyos vehículos fueron arrastrados por las corrientes de agua. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, aunque los cuerpos de emergencia continúan en la zona en labores de asistencia.

De acuerdo con la CEPC, las condiciones de inestabilidad atmosférica persistirán durante la noche, lo que podría provocar nuevas tormentas en varias regiones del estado, principalmente en los municipios de Janos, Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Namiquipa, Buenaventura, Ahumada y Ciudad Juárez.

Ante este panorama, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes: evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas; extremar precauciones al conducir bajo la lluvia; y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación.

La CEPC reiteró que continúa el monitoreo constante de los municipios en riesgo y mantiene coordinación con los ayuntamientos para actuar de manera inmediata en caso de nuevas emergencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a las reglas que rigen el proceso de revocación de mandato en el estado de Chihuahua, al declarar constitucionales las disposiciones reformadas en la Ley de Participación Ciudadana local.

En sesión del Pleno, los ministros resolvieron que los artículos impugnados por legisladores del Congreso del Estado no violan la Constitución Federal, ni fueron aprobados de forma irregular.

Entre esos preceptos que recientemente aprobó el Legislativo de Chihuahua, están los que regulan los requisitos y la validez del ejercicio revocatorio.

El debate se centró en la acción de inconstitucionalidad 163/2024, promovida contra los artículos 32, 54, 57 fracción I y 60 de dicha ley, reformados por decreto publicado el 31 de agosto de 2024. Los promoventes cuestionaron que no se hubiera realizado un ejercicio de parlamento abierto, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso estatal.

Sin embargo, la Corte determinó que dicha omisión no invalida el proceso legislativo, ya que las reformas respondían a un mandato de armonización constitucional, derivado de la reforma federal en materia de revocación de mandato publicada en diciembre de 2019.

En otras palabras, al tratarse de una obligación para alinear la legislación local con la federal, el Congreso estatal tenía un margen limitado de decisión, y debía apegarse a los lineamientos ya establecidos en la Constitución nacional.

Las disposiciones avaladas establecen que, para iniciar un proceso de revocación de mandato se requiere el respaldo del 10 por ciento de la lista nominal del estado, lo que equivale a unas 280 mil firmas.

Asimismo, para que el resultado tenga efectos legales, debe participar al menos el 40% de los votantes registrados en la entidad.

La SCJN emitió su fallo el pasado 24 de junio de 2025, confirmando así la validez del instrumento ciudadano que permite a la población de Chihuahua decidir, en las urnas, si un gobernante debe o no concluir su mandato.

Los tramos carreteros Chihuahua–El Sueco y El Sueco–Janos sufrieron daños a causa de las lluvias recientes, con el desprendimiento de carpeta asfáltica y obstrucción en la superficie de rodamiento por material de arrastre.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que desplegó cuadrillas de emergencia para atender los daños en los kilómetros 142, 145 y 147 del tramo Chihuahua–El Sueco, perteneciente a la carretera federal que conecta la capital del estado con Ciudad Juárez.

De acuerdo con la dependencia, las lluvias extraordinarias llenaron de lodo, grava y otros residuos las tres alcantarillas ubicadas en esa franja de cuatro kilómetros, lo que provocó que partes de la carpeta asfáltica se desprendieran.

En respuesta, la SICT, en coordinación con la Guardia Nacional, realiza labores de limpieza y colocación de señalización de advertencia para garantizar el tránsito seguro de los vehículos.

En el tramo El Sueco–Janos, a la altura del kilómetro 50+700, también se reportaron daños. Personal de la SICT retiró material de arrastre acumulado sobre la vía, colocó señalética de prevención y desplegó personal técnico para evaluar posibles daños estructurales en alcantarillas, taludes, cercas y postes.

Pese a las afectaciones, no se han cerrado tramos carreteros, aunque la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene una alerta preventiva por lluvias en gran parte del territorio chihuahuense.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas montañosas o de pendiente, así como a mantenerse informada por canales oficiales. Se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y encender las luces durante la lluvia.

Las recientes lluvias registradas en el estado de Chihuahua, asociadas al fenómeno climatológico conocido como Monzón Mexicano, provocaron afectaciones en las vías de comunicación del norte del estado, en particular en la zona noroeste y en la carretera federal 45, entre lac apital y Ciudad Juárez.

Para reportar emergencias se encuentra disponible el 911, y para asistencia en carreteras federales el número 074.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de la imputada Maram Celina M. P., por el delito de administración fraudulenta, cometido al patrimonio de su abuelita.

A través de un comunicado, se dio a conocer que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, establecen que la imputada se valió del vínculo familiar para adquirir una casa con el dinero de la afectada, además de realizar varios movimientos en su cuenta bancaria, que le causaron un daño patrimonial por la cantidad de 2 millones 269 mil pesos.

De acuerdo a las indagatorias ministeriales, en el periodo comprendido de año 2014 al 2016, la imputada administraba las cuentas de su abuela de entonces 104 años de edad, y que durante ese periodo abusó de su confianza al ser su principal red de apoyo, aprovechándose de la condición de adulto mayor, refiere el reporte.

En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad investigadora presentó pruebas documentales que acreditan la probable responsabilidad de la imputada, logrando que el Juez de Control, resolviera vincularla a proceso, se informó.