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El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos una queja por la violación que representa la presencia del presunto infanticida Abraham Alejandro F.D. en el penal femenil del estado.

El que hayan recluido el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil a un sujeto acusado de dar muerte a su propio hijastro representa una violación a los derechos de los menores que viven en esas instalaciones, señaló el legislador del partido naranja.

“En el Cereso Femenil viven 8 menores, hijos de reclusas, que ahora están obligados a convivir con un infanticida. Esto claramente pone en riesgo su integridad y violenta sus derechos”, agregó.

El inculpado se encuentra en prisión como presunto responsable del asesinato de su hijastro, Jasiel Giovanny C.L. Además, enfrenta cargos por la probable comisión de los delitos de violación y violencia familiar.

Desde el pasado miércoles, Sánchez Villegas había protestado por el envío de Abraham Alejandro F.D. al penal para mujeres, en defensa de sus derechos humanos, toda vez que se definió como transexual, según lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la denuncia presentada ante la CEDH, el legislador señaló que el citado individuo privó de la vida a su víctima de ocho años, “con saña, premeditación, aprovechando el vínculo familiar que tenía con la madre del menor”.

Ante estos hechos, Francisco Sánchez solicita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que decrete como medida cautelar que Abraham Alejandro sea recluido en el Cereso Varonil,para salvaguardar la integridad de las reclusas y los menores de edad que viven en el Cereso Femenil.

El cuerpo sin vida del niño Jasiel Giovanny fue encontrado sin vida el 3 de julio pasado en un parque de un fraccionamiento de la ciudad. Desde ese momento, la FGE llamó al padrastro a responder por su presunta responsabilidad por omisión de cuidados.

Sin embargo, horas más tarde, se le formularon cargos como presunto autor del homicidio.

Ante el reciente cierre parcial de la frontera de Estados Unidos a las importaciones de ganado por la detección de un caso relacionado con el Gusano Barrenador en el sur del país, el Gobierno del Estado de Chihuahua informó a través de un comunicado de prensa que reafirma su compromiso y estrategia, para mantener libre al estado de esta plaga que pone en riesgo la sanidad animal y el comercio internacional.

Se recordó que la administración estatal por instrucciones de la gobernadora Maru Campos ha trabajado desde el primer momento de la contingencia en estrecha coordinación con los productores locales, implementando los más altos estándares sanitarios para proteger el hato ganadero chihuahuense.

Entre las principales acciones se encuentran la capacitación de miles de productores en la detección temprana de cualquier indicio sospechoso relacionado con la plaga, así como el despliegue de una red de 30 casetas de inspección en la zona sur del estado y la presencia permanente de médicos veterinarios certificados por Senasica, quienes refuerzan la vigilancia con filtros especializados de revisión, se indicó.

Además, se han asignado recursos económicos para reforzar la campaña de prevención de GBG y se contrataron 21 Médicos Veterinarios Zootecnistas adicionales para atender esta contingencia, añade el comunicado.

El Gobierno del Estado de Chihuahua refirió que mantiene una comunicación permanente con autoridades federales e internacionales, para garantizar la continuidad de las exportaciones ganaderas y refrenda su compromiso con la sanidad animal, la competitividad del sector y el desarrollo económico de la región.

La gobernadora Maru Campos encabezó el inicio de los trabajos para la mejora de la infraestructura de los asentamientos indígenas Pájaro Azul, Gabriel Tepórame, Díaz Infante y Pino Alto, de la ciudad de Chihuahua, lo que mejorará la calidad de vida de cerca de 500 personas.

A través de un comunicado, se informó que estas intervenciones garantizarán a sus habitantes espacios óptimos y apropiados para desarrollar sus actividades familiares y comunitarias, con labores de pintura general, impermeabilización, rehabilitación de baños y viviendas, fumigación, juegos para niños, todo acorde a las necesidades de cada lugar.

El anuncio del proyecto se realizó en el asentamiento “Pájaro Azul”, donde la titular del Ejecutivo convivió con las familias del lugar y disfrutó con ellas de la celebración preparada para la ocasión, se indicó.

Guiada por la gobernadora de la comunidad, Alicia Reyes, la mandataria recorrió el salón usos múltiples y la capilla, y visitó el hogar de Angélica, niña que padece una condición médica crónica, agrega el reporte.

Maru Campos aseguró a la madre de la menor de edad, que cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado y que a través del programa MediChihuahua, su hija recibirá toda la atención necesaria y sin costo en el Hospital Infantil de Especialidades.

Posteriormente encabezó la distribución de paquetes de maíz y frijol, y de despensas, en beneficio de las familias rarámuri que viven en el sector, en compañía del secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón y del director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns.

La gobernadora dialogó con los vecinos para escuchar sus requerimientos prioritarios y observó los trabajos artísticos realizados por la población infantil residente del lugar a quienes repartió juguetes y dulces, además los acompañó en los juegos y dinámicas recreativas con las que se animó el evento.

En el asentamiento “Pájaro Azul” se proyectan labores de pintura general, habilitación de áreas infantiles, mejoras en la cancha, una malla perimetral, la rehabilitación de 14 sanitarios, regaderas, de los vidrios de la capilla, se adquirirán láminas para las casas, trabajos de fumigación, de reparación de banquetas, y se dispondrá de contenedores de basura y de una jornada de destilichadero, se informó.

El fiscal anticorrupción del estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que el exsecretario de Hacienda estatal, Arturo F.V., tiene ahora una nueva orden de aprehensión liberada por un juez de control por el delito de peculado agravado, debido a que retuvo y desvió recursos destinados al Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (Fechac)

Un juez de control del estado de Chihuahua libró una nueva orden de aprehensión por el delito de peculado agravado en contra del exsecretario de Hacienda estatal, Arturo F.V., por su probable responsabilidad en el desvío de 243 millones 207 mil 242 pesos que debían ser transferidos al Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (Fechac), informó este martes el fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal dio a conocer que la nueva orden se fundamenta en una amplia investigación que se remonta a una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), el 27 de marzo de 2023.

En aquella denuncia, se señalaba que la Secretaría de Hacienda, bajo la dirección del ahora imputado, incumplió con la transferencia de 107 millones de pesos recaudados durante el ejercicio 2021 por la contribución extraordinaria del 10 por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), que por decreto debe ser canalizada a Fechac.

Sin embargo, explicó Valenzuela, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción permitió acreditar que el monto total desviado asciende en realidad a 243.2 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales 2020 y 2021, y retenidos en siete operaciones distintas:

Agosto 2020: 33.4 millones

Septiembre 2020: 32.9 millones

⁠Octubre 2020: 30.3 millones

⁠Noviembre 2020: 39 millones

Julio 2021 (dos ocasiones): 35.2 y 34.3 millones

Agosto 2021: 37.7 millones

Estos recursos, subrayó el fiscal, debieron entregarse de manera puntual a Fechac conforme al Decreto 1131/2012, el Decreto 1575/2016 y a la Ley de Hacienda del Estado, que establecen la normatividad para el uso específico de esta sobretasa del ISN.

En lugar de ello, dijo el fiscal, los fondos fueron canalizados a la cuenta concentradora del Gobierno estatal y utilizados para “Gastos ordinarios”, contraviniendo su destino legal.

“La conducta atribuida al exfuncionario representa una grave omisión y desvío de recursos públicos que encuadra como un probable delito de peculado agravado”, aseguró Valenzuela.

El desvío cometido por el imputado afectó el destino legal de fondos etiquetados y violó los principios de transparencia y responsabilidad administrativa, añadió.

La Fiscalía Anticorrupción indicó que continuará con el proceso legal para que el exsecretario de Hacienda enfrente a la justicia por estos hechos, considerados como actos de corrupción de alto impacto que lesionan directamente al sector empresarial y a la confianza en el manejo de recursos públicos.

Cero y van tres

La nueva causa penal contra quien fuera el titular de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Javier Corral se suma a la que se inició en el año 2023, por probables delitos cometidos en la contratación de un despacho externo para reestructurar la deuda del estado de Chihuahua en el año 2019.

El presunto daño al erario alcanzaría los 96 mdp, el cual fue detectado por la ASE en una auditoría forense practicada en el año 2023.

El exfuncionario continúa prófugo desde aquel entonces, por lo que ahora acumula tres órdenes de aprehensión: la emitida en el 2023, la reciente, anunciada por Abelardo Valenzuela, y otra más, por un presunto acto de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido en la contratación de un crédito “Atípico” por el monto de 401 millones 364 mil 155 pesos con 59 centavos.

Piden orden de extradición

Valenzuela explicó que el exfuncionario estatal cuenta ya con orden de aprehensión, ficha roja por parte de la Interpol y detección de movimientos migratorios, para dar con su paradero.

Ante esa condición del presunto implicado, Valenzuela Holguín dijo que “no las habíamos dado a conocer porque esta es parte de las acciones que ya ha solicitado a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la petición de que sea extraditado a la brevedad posible para que comparezca ante el juez que corresponda a las causas penales que ahora le imputan”.