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La bancada de Morena en el Congreso del Estado presentará una iniciativa para liquidar la deuda pública de la entidad en forma anticipada al plazo que se encuentra establecido en la actualidad.

El proyecto contempla que los créditos del Gobierno estatal se paguen en un plazo no mayor a los próximos dos sexenios.

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador parlamentario de Morena, comentó que se contempló ese plazo para no “castigar” a una sola administración al obligarla a pagar todo el saldo durante su período de gestión.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de la deuda de Chihuahua al primer trimestre del 2025 era de 54 mil 561 millones de pesos.

Del total antes mencionado, 52 mil 652 están contratados a largo plazo y mil 909 mdp son créditos quirografarios que se deben liquidar en no más de 12 meses después de su contratación.

El legislador morenista consideró que es excesivo que la actual administración destine cerca de 8 mil mdp en pagar servicio a la deuda.

El proyecto ya fue presentado por la bancada guinda y blanco al Consejo Directivo de Coparmex, y será entregado al Congreso en días próximos.

Cabe mencionar que la mayor parte de la deuda de largo plazo, así como la emisión de los bonos carreteros, tuvo lugar durante el sexenio del gobernador César Duarte Jáquez, entre los años 2010 y 2016.

Al cierre del 2014, el plazo ponderado de pago era de 14 años y 2 meses.

La diputada Rosana Díaz Reyes (Morena) calificó de “desastroso” el dato que ubica a Chihuahua como el cuarto estado con el mayor número de homicidios de todo el país.

En ese sentido, citó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales indican que la incidencia de ese delito ha disminuido en estados como Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas y Quintana Roo, que solían estar en los primeros 10 lugares.

En cambio, Chihuahua se mantiene en el cuarto sitio, manifestó la legisladora morenista.

“Es lamentable que a pesar de la coordinación que existe entre los 3 órdenes de Gobierno, nuestro Estado se mantenga puntero en homicidios dolosos a nivel nacional”, comentó la legisladora, quien representa al Distrito II con cabecera en Juárez.

La bancada de Morena en el Congreso del Estado ha propuesto que se haga un replanteamiento de la estrategia del gobierno para abatir los índices delictivos.

“Debemos atender las causas, son miles de millones de pesos invertidos en una estrategia (…) que evidentemente no ha dado los resultados prometidos”, dijo.

También hemos cuestionado al titular de la Secretaría de Seguridad Publica del gobierno de Chihuahua sobre lo invertido en la Plataforma Centinela, ya que lamentablemente han utilizado los famosos arcos como tendederos y hasta los han destruido, agregó.

El estado de Chihuahua tuvo un ligero repunte en el Índice de Competitividad Estatal 2025 (ICE), al ubicarse en el lugar número 8 entre las 32 entidades del país, en una medición global elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que incluye 53 indicadores de distintos ámbitos de la vida social, económica, política y administrativa.

Los indicadores, agrupados en seis subíndices, reflejan un desempeño desigual de la entidad durante el año 2024 (año base de la medición).

Mientras Chihuahua destacó en rubros como economía e innovación, quedó rezagado en áreas clave como seguridad pública, Estado de derecho y calidad gubernamental.

El IMCO utiliza este índice para medir la capacidad estructural de los estados para generar, atraer y retener talento e inversión, tanto nacional como extranjera. Los subíndices evaluados fueron Innovación y Economía, Infraestructura, Mercado de Trabajo, Sociedad y Medio Ambiente, Estado de Derecho, y Sistema Político y Gobiernos.

Cada subíndice recibe una calificación que va desde “Muy alta” hasta “Muy baja” competitividad.

Fortalezas y debilidades

Aunque Chihuahua logró colocarse en el “Top 10” del país, los resultados son dispares al analizar los subíndices e indicadores específicos.

Los mejores resultados los obtuvo en los ejes de Innovación y Economía y Mercado de Trabajo, en los que se ubicó en la sexta posición nacional. En Sociedad y Medio Ambiente se colocó en el lugar 12, con una calificación de competitividad “media-alta”.

En cambio, en Infraestructura y Sistema Político y Gobiernos, descendió hasta el lugar 15, mientras que en Estado de Derecho cayó hasta la posición 25, con una calificación de “media-baja”.

Lo bueno, lo malo y lo preocupante

Al interior de los subíndices se detectan contrastes marcados. Chihuahua figura entre los primeros lugares nacionales en algunos indicadores, pero en otros cae hasta el fondo del ranking.

Por ejemplo, en Mercado de Trabajo, destacó por el crecimiento en la creación de empleos formales registrados ante el IMSS y por la menor brecha salarial entre hombres y mujeres.

Sin embargo, obtuvo las peores calificaciones en grado de escolaridad, tasa de participación económica, población con ingresos debajo de la línea de bienestar y participación económica femenina.

En Innovación y Economía, logró calificaciones sobresalientes en exportación de mercancías y complejidad económica en sectores innovadores. No obstante, presenta alertas en indicadores como registro de patentes e intensidad energética de la economía.

Deuda e inseguridad, focos rojos

El subíndice de Estado de Derecho representa uno de los principales desafíos. Chihuahua ocupa el lugar 25 a nivel nacional, con malas calificaciones en homicidios (43.3 por cada 100 mil habitantes), robo de vehículos, incidencia delictiva, percepción de inseguridad y agresiones a periodistas.

En el subíndice Sistema Político y Gobiernos, la situación tampoco es alentadora. El indicador de deuda pública coloca al estado en el lugar 30. La participación ciudadana, medida por el porcentaje de votos emitidos respecto a la lista nominal, lo ubica en la posición 28; en consulta de información financiera pública, en el lugar 23; y en percepción de corrupción, en el 20.

Un mapa de competitividad

Según el IMCO, el Índice de Competitividad Estatal es una herramienta clave para comprender las fortalezas y debilidades de cada entidad en la atracción y retención de inversión y talento. El índice se actualiza anualmente y se basa en fuentes oficiales.

La diputada federal María Angélica “Manque” Granados Trespalacios, del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que las recientes reformas aprobadas en el Congreso de la Unión en materia de telecomunicaciones, inteligencia y control de datos personales, representan una regresión autoritaria impulsada por Morena y sus aliados, al eliminar contrapesos, debilitar órganos autónomos y abrir la puerta a la vigilancia masiva sin control judicial.

En conferencia de prensa, Granados Trespalacios advirtió que el periodo extraordinario celebrado entre el 23 de junio y el 2 de julio sirvió para aprobar un conjunto de leyes que, en su conjunto, “concentran el poder en el Ejecutivo, eliminan instancias independientes y vulneran los derechos humanos”.

Entre las reformas cuestionadas, señaló la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, que introduce el uso obligatorio de una CURP biométrica, medida que, si bien apunta a simplificar trámites, “implica riesgos por la concentración de datos sensibles en una sola instancia controlada por el Gobierno”.

También criticó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al considerar que elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo cual “afecta la libertad de expresión y el acceso plural a los medios”, y permite la geolocalización en tiempo real de los usuarios de telefonía móvil sin orden judicial, “una forma de vigilancia inconstitucional”, advirtió.

Otra modificación que consideró grave es la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, que otorga amplias facultades a la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas y recolectar información, también sin supervisión judicial. “Esto abre la puerta al espionaje político y la persecución”, denunció.

La legisladora panista también expresó su preocupación por la reforma en materia de lavado de dinero, ya que si bien busca alinearse a estándares internacionales, “impone mecanismos invasivos de control de información sin filtros legales”, lo que puede derivar en abusos contra ciudadanos sin garantías de defensa.

Finalmente, cuestionó la adscripción formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le otorga atribuciones de inteligencia y detención sin orden judicial.

“Todos estamos expuestos a que nos vigilen, nos aprehendan o investiguen sin controles ni rendición de cuentas. Estas reformas se aprobaron al vapor, sin dictámenes claros ni debate técnico. Se está debilitando el Estado de derecho en nombre de una supuesta modernización digital”, concluyó la diputada chihuahuense.