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A partir del inicio del nuevo ciclo escolar, en septiembre próximo, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) implementará un modelo de educación bilingüe, convirtiéndose en el primer subsistema de educación Media Superior en impartir todas sus asignaturas tanto en español, como en inglés.

La iniciativa se desarrollará en los ocho planteles del estado y sus dos extensiones, en Santa Bárbara y Ciudad Juárez, para beneficio de los 5 mil estudiantes de nuevo ingreso, dijo el director general del subsistema, Omar Bazán.

Mencionó que será un paso histórico en la educación pública y que con esta medida los estudiantes tendrán acceso a herramientas globales en general.

“La implementación del modelo bilingüe es parte de un eje de transformación que incluye también la digitalización y las certificaciones internacionales”, declaró.

El funcionario indicó que al concluir el primer semestre los estudiantes tendrán la posibilidad de obtener hasta seis certificaciones internacionales, además de su título técnico y el certificado de bachillerato.

Esta capacitación permitirá formar egresados altamente capacitados, con un perfil profesional competitivo y alineado a las exigencias del sector productivo, capaces de ocupar posiciones estratégicas en la industria y contribuir al desarrollo de la sociedad chihuahuense, comentó.

El plan se basará en la metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning), que integra el idioma inglés en los módulos técnicos de cada carrera, cada clase contará con dos docentes el titular del módulo y un experto en enseñanza del idioma inglés, explicó Deyanira Hernández, responsable del nuevo Centro de Idiomas.

Adicionalmente, se ofrecerán talleres de lectura, escritura y conversación en inglés, enfocados en reforzar las competencias lingüísticas de los estudiantes y se instalarán 100 pizarrones inteligentes en todos los planteles.

Se integrarán, también, herramientas de IA con el objetivo de elevar la calidad educativa y responder a las demandas de la industria.

Este lunes, el alcalde Marco Bonilla Mendoza encabezó la ceremonia de graduación de la segunda generación de cadetes de su administración, egresados del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (Isscuu).

La generación incluye una mayoría femenina en la formación policial, con 66 mujeres y 36 hombres, lo que marca un hito en la historia de la corporación. En el caso del cuerpo de bomberos, se graduaron ocho mujeres y 19 hombres.

“Desde este momento no sólo se integran a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sino que se convierten en la esperanza de una ciudad. Cada niña que juega tranquila en un parque, cada joven que sale de noche con seguridad, cada familia que cena en paz, será fruto del trabajo que ustedes comienzan hoy”, expresó el alcalde Bonilla durante el acto celebrado en la capital del estado.

Por su parte, el director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas González, subrayó que el Isscuu no sólo forma elementos con capacitación técnica, sino también con sensibilidad humana para atender a la población con profesionalismo y vocación de servicio.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Jesús Esteban Piñón Olivas, destacó el compromiso de los graduados por contribuir a una ciudad más segura y con espacios públicos en paz.

La formación académica incluyó más de 1,600 horas de preparación para policías y más de 800 horas para bomberos, con contenidos en derechos humanos, proximidad social, atención de emergencias y, por primera vez, capacitación táctica especializada para policías de proximidad.

Esto permitirá que los nuevos agentes puedan integrarse no sólo a tareas preventivas, sino también a grupos especiales como K9, GOM, Betas, Rural, Montada, EPE y Planeación, ampliando su rango de intervención en el territorio municipal.

Con esta nueva generación de egresados, el gobierno municipal busca fortalecer la presencia policial, mejorar los tiempos de respuesta y fomentar un vínculo más cercano entre la corporación y la ciudadanía.

Chihuahua se encuentra entre las cinco entidades del país que ya cuentan con inhibidores de señal telefónica en sus centros penitenciarios, una medida clave para frenar las extorsiones telefónicas que se realizan desde el interior de las cárceles, confirmó el general retirado Ricardo Fernández Acosta, titular del Sistema Penitenciario estatal.

Durante la conferencia de prensa que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) los lunes de cada semana, el funcionario dio a conocer que los Ceresos estatales número 1 y 3, de Chihuahua y Ciudad Juárez, ya están equipados con inhibidores de alta gama, capaces de bloquear las comunicaciones no autorizadas desde el interior.

Sin embargo, otras 27 entidades federativas tienen centros penitenciarios, pero estos no tienen sistemas para inhibir llamadas telefónicas desde su interior, por lo que se convierten en centros de generación de delitos como la extorsión.

A ese respecto, dijo que, si bien Chihuahua cuenta con esos instrumentos, la gente puede ser víctima de llamadas extorsivas provenientes de otros penales del país.

“Tenemos inhibidores en el Cerezo 3 y en el Cerezo 1. Son de alta gama y evitan que salgan llamadas. Incluso llegamos a afectar líneas telefónicas en Estados Unidos, pero ese problema ya se resolvió en una reunión técnica reciente”, explicó.

El funcionario añadió que, aunque Chihuahua ha avanzado en este rubro, siete Ceresos más del estado aún no cuentan con esta tecnología, lo que representa un reto en materia de seguridad penitenciaria.

En el encuentro nacional, autoridades federales reiteraron la urgencia de que todos los centros de reclusión del país cuenten con inhibidores.

Incluso, mencionó Fernández Acosta, el gobernador de Nuevo León reveló que gran parte de las extorsiones telefónicas que llegan a Monterrey provienen de penales ubicados en Tamaulipas.

“La mayoría de los estados no tienen inhibidores, y seguimos siendo víctimas de llamadas de extorsión que provienen de cárceles de otros estados. Por eso el gobierno federal está presionando para que se instalen en todo el país”, señaló.

Además del tema de inhibidores, en la reunión se abordó la necesidad de homologar protocolos y códigos operativos a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la comunicación, la prevención del delito y la reacción ante emergencias dentro del sistema penitenciario.

Sin embargo, el funcionario no detalló qué tipo de vigilancia o sistemas de inhibición se aplican en los otros 9 Ceresos del estado de Chihuahua.

Según cifras del Inegi, Chihuahua tiene una población penitenciaria de 8 mil 586 personas privadas de su libertad, aunque la propia SSPE afirma que son casi 10 mil.

El fallo del Tribunal Estatal Electoral (TEE) del pasado 31 de julio no solo revocó nombramientos de magistrados al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino que también dejó sin constancia de mayoría a al menos tres personas que ya contaban con su probable designación como jueces de primera instancia en los distritos judiciales Morelos y Bravos.

De acuerdo con lo aprobado en el apartado Cuarto de la sentencia, se revocó el triunfo de Beatriz Adriana Hernández por no cumplir con el requisito de elegibilidad relativo a la escolaridad.

El criterio establece que las personas aspirantes deben contar con un promedio mínimo de 8.0 en sus estudios universitarios.

En el punto Quinto de la misma resolución, el TEE modificó el acuerdo IEE/CE156/2025 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, mediante el cual se habían asignado los cargos en el Distrito Judicial Morelos.

Asimismo, se revocaron las constancias de mayoría de Adalberto Contreras Payán y Alejandro Díaz Becerra, con base en el principio de paridad de género, al haberse identificado que candidatas con mayor votación no fueron consideradas en la asignación inicial.

Los tres aspirantes mencionados correspondían al Distrito Judicial Morelos, con cabecera en la ciudad de Chihuahua.

En cuanto al Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, se modificó el cómputo distrital de la elección de juezas y jueces de primera instancia en materia laboral, también por razones de paridad de género.

En este caso, el Tribunal determinó que hubo candidatas con mayor número de votos que los candidatos que originalmente recibieron constancias de mayoría.

Dicha modificación derivó del acuerdo IEE/CE155/2025, que ahora deberá ser ajustado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), el cual ya fue notificado de las resoluciones y deberá convocar a sesión del Consejo General esta misma semana para realizar una nueva asignación de constancias de mayoría, en apego a los criterios establecidos por el TEE.