Archives for agosto 2025

El Instituto Estatal Electoral (IEE) ya recibió la notificación del fallo emitido por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) respecto a la asignación de constancias de mayoría en la pasada elección judicial, por lo que tiene como plazo hasta el jueves de esta semana para aprobar un nuevo acuerdo y reasignar los cargos de magistratura en apego al criterio de paridad de género.

El TEE informó que desde el sábado pasado entregó los resolutivos derivados de la sesión del 31 de julio, en los que se establece la revocación de constancias de mayoría otorgadas a candidatos a jueces y magistrados, a fin de reasignarlas a candidatas que obtuvieron una mayor cantidad de votos.

A partir del sábado, el IEE dispone de cinco días naturales para convocar a una nueva sesión del Consejo General y, en ella, asignar nuevamente las constancias de mayoría correspondientes a cinco magistraturas, así como a candidatas a juezas de los distritos Morelos y Bravos, en Chihuahua y Juárez, respectivamente.

Respecto a la asignación de constancias, el TEE precisó que el acuerdo le solicita al IEE reasignar los cargos a las candidatas o candidatos que hayan recibido la mayor votación, sin distinción de género, pero garantizando la integración paritaria del Tribunal.

En el acuerdo previamente tomado por el IEE, se otorgaron 11 magistraturas a mujeres y 11 a hombres en materia civil. Sin embargo, dos candidatas recibieron más votos que algunos candidatos hombres que resultaron ganadores, razón por la cual se ordena realizar una nueva asignación.

Una situación similar ocurrió en la elección de magistraturas en materia penal, donde deberán reasignarse dos cargos, y una más en la materia familiar.

El IEE tiene como plazo límite el jueves 7 de agosto para sesionar y hacer la nueva asignación de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Posteriormente, las personas afectadas por la revocación de su constancia de mayoría podrán recurrir a la justicia federal para tratar de revertir el fallo.

Esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, acaba de diseñar un plan especial de estímulos económicos para el personal penitenciario, encaminado a que haya mejoras salariales y beneficios adicionales para los custodios de los centros penitenciarios.

La medida se anunció luego de que, el jueves pasado, cientos de custodios de todo el estado detuvieran sus labores y comenzarán una protesta en distintos municipios del estado, exigiendo condiciones más dignas para ejercer su trabajo.

Entre las quejas principales, se indicó que carecen de un aumento, prometido desde el pasado 8 de mayo, así como la falta de atención médica de calidad y resolver diversas problemáticas que sufren aquellos interesados en su jubilación.

Tras algunas horas de protesta, los agentes mencionaron que únicamente pararían la protesta en caso de que se entablaran mesas de diálogo entre los manifestantes y representantes de la SSPE y la Secretaría de Hacienda.

Aunque únicamente se informó que los detalles de dicho plan serían anunciados próximamente, se indicó que el objetivo es dignificar el trabajo que realizan los elementos dentro de las prisiones del estado.

“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha impulsado una serie de acciones integrales orientadas a dignificar las condiciones laborales del personal operativo, reconociendo su labor como uno de los pilares fundamentales para la gobernabilidad y la reinserción social”, menciona parte del comunicado.

Se agregó que, en los 30 meses que la SSPE lleva al frente del Sistema Penitenciario estatal, se han invertido más de 20 millones de pesos dirigidos para el equipamiento del personal que labora en las prisiones.

Además, se indicó que se trabaja en la homologación del salario entre los agentes de la Policía Estatal y los custodios de los centros de reinserción, quienes en su mayoría comparten el mismo salario.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó que, en lo que va del actual gobierno, han sido detenidas 15 mil 662 personas por distintos delitos en Chihuahua. Sin embargo, la cifra oficial de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la entidad es de apenas 9 mil 400, lo que deja una diferencia de más de 6 mil individuos que no permanecen bajo custodia.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, fue quien dio a conocer ambos datos en una presentación sobre los logros de su dependencia.

Al ser cuestionados sobre esta disparidad, dos funcionarios ofrecieron explicaciones que, si bien no se contradicen directamente, sí reflejan posturas distintas sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y penitenciario en el estado.

Por un lado, el subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre, defendió la cifra argumentando que el objetivo del sistema penitenciario no es castigar, sino reinsertar en la sociedad a las personas que han tenido conflictos con la ley:

“La finalidad del sistema penitenciario no es la reclusión de las personas, sino su reinserción. En estos cuatro años también ha habido personas que terminan sus procesos o que, mediante los programas establecidos, pueden reinsertarse anticipadamente en la sociedad”, dijo.

Aguirre señaló que al inicio de la administración había cerca de 7 mil personas en prisión, mientras que actualmente son alrededor de 10 mil, lo cual atribuyó a una mayor cobertura en los programas de reinserción laboral y educativa, que antes estaban ausentes para nueve de cada diez internos.

En contraste, el director del Sistema Penitenciario Estatal, general retirado Ricardo Fernández Acosta, ofreció una visión más crítica del flujo de internos, subrayando que “una gran parte de las personas detenidas ni siquiera cuenta con una sentencia firme”, o no ha sido judicializada.

“Tenemos mucha gente que entra y sale muy fácilmente. Algunos no sabemos si ya están judicializados. Hay personas que están dos o tres días y se van. Eso ya está fuera de nuestra responsabilidad, es asunto de los jueces”, explicó el general.

Las cifras y declaraciones formaron parte del informe presentado por el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, acerca de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública en los 47 meses de la actual administración.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que desde este lunes 4 de agosto y hasta el 31 del mismo mes, llevará a cabo un operativo especial para vigilar que los giros comerciales relacionados con el regreso a clases cometan abusos contra la economía de las familias.

A través de un comunicado, la Profeco mencionó que el regreso a clases representa una erogación económica importante para las familias mexicanas que deben considerar la lista de útiles, uniforme escolar, calzado, mochila, libros de texto, transporte escolar y, en algunos casos, compra de dispositivos tecnológicos.

Es por esa razón y para evitar abusos y proteger los derechos del consumidor, que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementará el operativo especial “Regreso a Clases 2025”, del 4 al 31 de agosto.

En ese lapso, personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como los Departamentos de Verificación y Defensa de la Confianza de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) del país atenderá denuncias, realizará vigilancias focalizadas y orientará a las y los consumidores en puntos estratégicos, se indicó.

El mencionado operativo se realizará en los siguientes giros comerciales relacionados con el regreso a clases:

Tiendas de autoservicio y departamentales

Tiendas de conveniencia

Tiendas de artículos para oficina

Tiendas con venta de aparatos electrónicos (Computadoras de escritorio y/o portátiles, tabletas, accesorios o consumibles etc.)

Tiendas con venta de uniformes escolares

Zapaterías

Librerías

Papelerías

Estudios fotográficos

Abarroteras, misceláneas y cremerías

Establecimientos con venta de mochilas, portafolios y loncheras

Tiendas con venta de telas

La Profeco informó que atenderá las denuncias en contra de proveedores de bienes, productos y servicios que se presenten a través de los medios institucionales, con el fin de verificar que estos ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

También verificará que los bienes, productos y servicios cumplan con la información comercial y las especificaciones estipuladas en las distintas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, y que los instrumentos de medición (como básculas y relojes registradores de tiempo) empleados en transacciones comerciales, se encuentren ajustados y calibrados a fin de evitar que se afecten los derechos y economía de los consumidores, añade el comunicado.

En caso de que se detecten incumplimientos que puedan afectar la vida, salud, seguridad o economía de una colectividad de consumidores, se podrán aplicar suspensiones parciales de comercialización o inmovilizaciones.

Asimismo la Profeco recordó que el cobro de comisión por pago con tarjeta bancaria es una violación a la LFPC ya que el proveedor está obligado a informar el precio final, de forma notoria y visible, de los bienes, productos o servicios que ofrezca a las personas consumidoras.

Como establece el artículo 7 Bis de la LFPC, el precio de un bien, servicio o producto debe incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional y el incumplimiento de este precepto legal puede derivar en multas de los $733.04 a los $2´345,728.71 pesos, añade el comunicado.

Es muy importante que las y los consumidores conserven sus tickets o comprobantes de compra en caso de que deseen realizar una reclamación, cambio, devolución o interponer una queja ante la Profeco en caso de algún incumplimiento, se indicó.

Los canales de comunicación de la Procuraduría son: Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y del interior del país al 800 468 8722; correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx, y redes sociales en X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial, apunta el comunicado.