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CHIHUAHUA, Chih. – La Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo mediante el Tribunal Especializado en Narcomenudeo (TEN), 61 autos de vinculación a proceso penal, dictados en contra del mismo número de personas imputadas por delitos contra la salud, sin embargo, se les otorgó la suspensión condicional, según se informó a través de un comunicado.

En la audiencia celebrada este jueves, el Tribunal Especializado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió la situación jurídica de los imputados y estableció que para que conserven este beneficio deberán cumplir con una serie de condiciones, como, participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, y no reincidir en el ilícito.

Se indicó que en caso de que las personas imputadas incumplan con las condicionales, se les revocará la suspensión condicional del proceso, y este continúa su curso en la etapa de investigación del delito por el que fueron detenidos, además, ya no serían candidatas a recibir dicho beneficio.

La Fiscalía informó que desde enero de 2023, mensualmente se efectúa una audiencia en la que agentes del Ministerio Público (MP) de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo formulan imputación por delitos contra la salud, por tratarse de dosis menores, aunque no por esto dejan de ser un agravio a la ley.

Tras esta acción jurídica del MP, el TEN resuelve la situación jurídica de las personas imputadas, otorgándoles el beneficio de la suspensión condicional del proceso, por un lapso de seis meses, con la pretensión de que se puedan reincorporar más fácil a la sociedad.

Cabe destacar que para la presentación de las y los detenidos se cuenta con el trabajo coordinado entre la Fiscalía, a través de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, se garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

El diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez (PRI) apoyó al dirigente nacional de su partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, luego del enfrentamiento que tuvo en el Senado de la República con el aún presidente de esa cámara, Gerardo Fernández Noroña (Morena).

Ramírez, quien presidirá la mesa directiva del Congreso del Estado a partir del lunes, justificó los actos de su dirigente en la tribuna del Senado y acusó a Fernández Noroña de ser “un abusivo”.

“Noroña desató un ambiente de violencia y tiene que atenerse a las consecuencias”, dijo el priista.

Según su versión, fue el morenista quien agredió a Alito Moreno “esperando que no hubiera respuesta”.

Aseguró que tanto Fernández Noroña —a quien solo se refiere como “Noroña”— como el morenismo han hecho de la violencia su forma de lenguaje, tanto en su manera de hacer política como en las instituciones, donde recurren —dijo— a provocaciones, burlas, abusos de poder y un discurso de permanente confrontación que raya en la vulgaridad.

“La oposición cuenta con un hombre valiente en Alejandro Moreno Cárdenas, y aquí estamos los priistas de Chihuahua para respaldarlo sin dudarlo”, finalizó.

Diputado panista se solidariza con Alito

A su vez, el diputado panista Jorge Soto culpó a Fernández Noroña de todos los hechos violentos ocurridos en el Senado durante la sesión del miércoles 27 de agosto.

El diputado Soto señaló que el senador Alejandro Moreno “cayó en el juego del peor de los porros de Morena”, refiriéndose a Fernández Noroña, a quien describió como “impresentable” por sus despliegues de “soberbia, arrogancia, abuso y prepotencia”.

Según Soto, estas actitudes derivaron en un desenlace lamentable que marcó el final de la presidencia de Noroña en la mesa directiva del Senado, un hecho que calificó como una “vergüenza” para los poderes legislativos y para el país.

La jueza Delia Valentina Meléndez Olivas, quien protagonizó un altercado con el exgobernador César D. J. durante una audiencia, anunció su retiro tras 29 años de servicio en el Poder Judicial del Estado.

Durante casi dos décadas se desempeñó en el sistema judicial del Distrito Morelos (Chihuahua) y concluyó su labor con una visita de despedida a las unidades especializadas de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Aunque aún le faltaban dos años para completar dos décadas en el cargo que ocupó hasta el miércoles pasado, Meléndez decidió retirarse debido a la incertidumbre sobre la reforma constitucional que podría afectar su permanencia.

“No era justo volver a tener que pelear por lo que habíamos construido todos estos años”, señaló Meléndez Olivas, quien reconoció que su idea inicial no era jubilarse todavía, pues le faltaban dos años para llegar a las dos décadas en funciones.

El altercado con César D.J.

El 30 de noviembre de 2023, Meléndez negó al exgobernador la petición de continuar en libertad el proceso que se le sigue por peculado y asociación delictuosa en penalidad agravada, al haber desviado más de 96 millones de pesos del erario estatal hacia empresas fachada.

La decisión desató la furia del exmandatario, entonces interno en el Cereso 1 de San Guillermo, quien la acusó de violar sus derechos y la responsabilizó de cualquier afectación a su salud dentro de prisión.

“Usted ha abusado de la transparencia y de la buena ley. En cuanto supieron de qué se trataba el trámite que íbamos a hacer, hicieron su estrategia para cerrarnos la puerta una vez más”, exclamó con voz exaltada.

Durante casi 10 minutos, D.J. elevó el tono contra la juzgadora, pese a los llamados reiterados al orden.

“Usted se pasó la raya con la atribución de… y no hable, porque usted nos impide, casi nos impide con los ojos cuando nos atrevemos a abrir la boca”, dijo en su alegato.

Ante la negativa del acusado a guardar la calma, Meléndez le ordenó retirarse de la sala. Él respondió:

“—No lo voy a hacer; si quiere, que me saquen”.

“—Le estoy dando una instrucción”, replicó la jueza.

“—No, señorita… a mí no me manda”, contestó el exgobernador.

Días después, su defensa anunció que demandaría a Meléndez Olivas por presuntas violaciones al debido proceso y a la Constitución. El caso fue turnado a otro juzgado y, el 5 de junio de 2024, la jueza Hortensia García Ramírez otorgó a César D.J. la libertad bajo caución.

La despedida

La juzgadora, ahora en retiro, celebró el miércoles 27 de agosto su última audiencia, con lo que cerró una trayectoria profesional de 29 años, de los cuales 18 los dedicó a la función judicial como jueza de Control.

En su mensaje de despedida, destacó que su mayor convicción siempre fue imprimir un sello humano a la impartición de justicia.

“Me tocó ver de todo, pero me voy satisfecha de haber podido dar todo de mi parte”, expresó.

Durante su carrera, construyó una relación de apertura y cordialidad con agentes del Ministerio Público, quienes le manifestaron reconocimiento, gratitud y afecto por el profesionalismo con el que desempeñó su labor.

La jueza fue despedida con un prolongado aplauso por parte de colegas y personal de la Fiscalía, como muestra de respeto y reconocimiento a su contribución al sistema de justicia.

En resumen

Nombre completo: Delia Valentina Meléndez Olivas

Cargo: Jueza de Control, Distrito Morelos

Trayectoria profesional:

•⁠ ⁠29 años de carrera en el ámbito judicial

•⁠ ⁠18 años como jueza de Control en el sistema judicial del Distrito Morelos

Motivo de retiro:

•⁠ ⁠Decidió retirarse de manera anticipada por desacuerdo con la reforma judicial y la incertidumbre que esta genera.

•⁠ ⁠Declaración: “No era justo volver a tener que pelear por lo que habíamos construido todos estos años”.

Último acto en funciones:

•⁠ ⁠Realizó su última audiencia el miércoles 27 de agosto de 2025.

•⁠ ⁠Visitó las unidades especializadas de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro como despedida.

Reconocimientos:

•⁠ ⁠Destacó por imprimir un sello humano a la impartición de justicia.

•⁠ ⁠Recibió muestras de respeto, gratitud y afecto por parte de agentes del Ministerio Público y personal de la Fiscalía.

•⁠ ⁠Fue despedida con un prolongado aplauso por colegas y funcionarios.

Frase destacada:

“Me tocó ver de todo, pero me voy satisfecha de haber podido dar todo de mi parte”.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó una reunión de coordinación en el Congreso del Estado con el objetivo de establecer el operativo de seguridad y vigilancia durante la sesión del próximo 1 de septiembre, cuando tomarán protesta los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial local.

Ese día, la SSPE desplegará a más de 100 agentes de distintas corporaciones adscritas a la dependencia, quienes estarán a cargo de garantizar la integridad de los asistentes y el desarrollo adecuado de la ceremonia.

La estrategia fue definida a través del área de Seguridad Ejecutiva, órgano de la SSPE que opera al servicio del despacho de la titular del Poder Ejecutivo. El modelo de seguridad contempla la aplicación del Plan de Seguridad Operativa (PSO), que incluye medidas de control vial, contención y atención ante eventuales situaciones de riesgo.

De acuerdo con la dependencia, se prevé un operativo de contención en caso de un intento de irrupción en la sesión o de la toma del edificio. No obstante, hasta este jueves 28 de agosto no se tenían detectadas amenazas ni riesgos inminentes.

El Gobierno del Estado reiteró que se permitirá la libre manifestación en el exterior del recinto legislativo —incluida la Plaza de Armas y sus alrededores—, pero se mantendrá vigilancia tanto para el público asistente como para quienes protesten.

En el encuentro de planeación participaron el subsecretario de Seguridad Ejecutiva, Santos Vasconcelos; el subsecretario de Movilidad, César Komaba; personal de la Policía Bancaria, Minera e Industrial, así como representantes del Congreso del Estado, con quienes se definieron estrategias conjuntas para garantizar el orden durante la ceremonia.