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De confirmarse el fallo del Tribunal Estatal Electoral (TEE) del pasado 31 de julio, el próximo Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua quedará integrado por dos terceras partes de mujeres y solo un tercio de hombres.

Aunque la convocatoria para participar en la elección judicial del pasado 1 de junio —así como la legislación aprobada meses antes— establecía el criterio de paridad en la integración del TSJ, un nuevo criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) modificó el escenario: al menos media decena de candidatos ya electos deberán devolver su constancia de mayoría.

Paridad con nueva lógica: primero las más votadas

En el último día —o mejor dicho, en los últimos minutos— para emitir resoluciones sobre la elección judicial, el TEE revocó las constancias de mayoría de cinco magistrados electos que habían quedado entre los primeros lugares de la votación, aunque solo dentro de los candidatos de su mismo género.

Esto se debió a que el TEE adoptó un criterio de la Sala Superior del Tepjf, según el cual la integración de los órganos judiciales estatales debe hacerse considerando, en primer lugar, a las candidatas con mayor número de votos, y posteriormente a los hombres con mejor votación.

Fue así como el TEE resolvió —media hora antes del límite legal— que dos magistrados electos en materia civil, dos en materia penal y uno en la familiar deberán ceder su lugar a igual número de candidatas que los superaron en votación.

Cinco magistradas entrarán en relevo

Tras el fallo del TEE, cinco mujeres que no habían quedado entre los primeros lugares de la elección de género —pero que superaron en votación a candidatos hombres que sí habían recibido su constancia— podrían formar parte del próximo TSJ y encabezar salas civiles, penales o familiares.

Entre las candidatas de materia civil que habían quedado fuera y que, de confirmarse el fallo del 31 de julio, recibirían su constancia de mayoría, están: Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola. Asimismo, Laura Guadalupe Ocón Bailón e Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, en materia penal.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) deberá realizar una nueva asignación de magistraturas conforme al criterio aplicado por el TEE, según lo resuelto el 31 de julio.

Para ello, el IEE dispondrá de cinco días a partir de la notificación. Después, los candidatos afectados podrán acudir a la Sala Superior del Tepjf para presentar su recurso de inconformidad.

Sin embargo, de confirmarse el criterio de paridad aplicado por el TEE, el próximo TSJ estaría conformado por 21 mujeres y solo 9 hombres.

Más de 6 mil trabajadores del subsistema estatal de educación básica en Chihuahua recibirán en 2025 una compensación económica que llevaba casi diez años pendiente.

La medida fue formalizada mediante la firma de un acuerdo entre autoridades estatales y la dirigencia de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con la gobernadora Maru Campos como testigo de honor.

El acuerdo contempla la aplicación de la llamada clave de rezonificación (RZ), un pago que fortalece dos prestaciones previas: la Compensación Provisional Compactable y la Compensación Temporal Compactable. La intención es reducir las diferencias existentes en el pago de aguinaldo y prima vacacional entre trabajadores de distintas zonas del sistema educativo estatal.

De acuerdo con lo anunciado, el Gobierno del Estado destinará 64 millones de pesos para cumplir con esta obligación en 2025 y se comprometió a asegurar recursos suficientes para mantener la compensación en los años siguientes.

“Hoy el Gobierno del Estado puede verlos de frente y decirles que reconocemos sus derechos y su labor”, expresó la mandataria estatal durante el evento celebrado en Palacio de Gobierno.

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, señaló que este paso otorga mayor certidumbre laboral al personal docente, mientras que el líder sindical Manuel Quiroz Carbajal destacó la disposición de las autoridades para atender las demandas del gremio.

Con este acuerdo, los trabajadores del subsistema estatal, agremiados a la Sección 42 del SNTE y adscritos a la Zona II, verán equiparadas sus prestaciones respecto a quienes integran la Zona III.

El diputado Carlos Olson San Vicente (PAN) presentó una iniciativa para prohibir que adolescentes de 14 años se registren en redes sociales digitales, y que los adolescentes entre 15 y 17 años cuenten con el consentimiento de sus padres o tutores para acceder a estas plataformas.

El proyecto del legislador panista contempla modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, con la intención de proteger el desarrollo emocional y cognitivo de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa también obliga a las redes sociales a aplicar mecanismos que permitan verificar la edad de los usuarios, así como filtros y medidas de seguridad que eviten la exposición a contenidos inadecuados.

Además, considera como datos personales sensibles toda información relacionada con menores, conforme a las leyes de protección de datos vigentes.

El legislador panista expuso en la sesión de la Diputación Permanente celebrada este viernes que existen investigaciones que alertan sobre el impacto del uso excesivo de redes sociales en la salud mental de los menores.

“Hoy tenemos generaciones enteras que viven conectadas, pero desconectadas de su desarrollo real. Esta reforma busca poner orden y proteger a quienes más lo necesitan”, expresó Olson.

De acuerdo con datos del Inegi, el 68 por ciento de las niñas y niños en México ya utiliza redes sociales, y el promedio diario de uso entre los menores es de seis a ocho horas. La propuesta fue turnada para su análisis legislativo en comisiones.

El Congreso de Chihuahua exhortó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General del Estado a impartir cursos de capacitación en materia de infancia y adolescencia, dirigidos a operadores de justicia tanto del ámbito municipal como estatal.

Lo anterior, debido el incremento de denuncias públicas por posibles casos de violencia sexual en contra de niños y adolescentes en el estado

La Diputación Permanente aprobó el exhorto en la sesión de este 1 de agosto, por iniciativa presentada por la diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena), quien subrayó la urgencia de que jueces, juezas y personal de procuración de justicia resuelvan estos casos con enfoque especializado en derechos de la niñez.

“El Estado tiene el reto impostergable de garantizar que las personas juzgadoras analicen la evidencia criminal de manera eficiente y resuelvan con perspectiva de infancia los casos que afectan la integridad y el sano desarrollo de los menores”, advirtió Pérez Reyes al presentar su propuesta.

Anteriormente, la misma diputada—quien representa al Distrito X con cabecera en Juárez—había señalado dos casos de presuntos violentadores de niños víctimas que fueron liberados por sus respectivos juzgadores por no procesarlos con perspectiva de niñez.

⁠Justicia adaptada a niños y adolescentes

La diputada recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los Estados deben aplicar un sistema de justicia accesible y apropiado para la infancia, lo que implica considerar el interés superior del menor (ISN) y el derecho a la participación, con base en su edad, madurez y nivel de comprensión.

Señaló además que la falta de capacitación adecuada entre jueces ha generado una “cadena de impunidad” que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas y permite la repetición de los delitos.

“La falta de perspectiva de infancia entre juzgadores impide que las víctimas accedan a una justicia real, afectando su proceso de recuperación y enviando un mensaje de impunidad”, señaló.

Modelo Antenas, sin impacto si no hay sensibilidad judicial

Pérez Reyes hizo referencia al modelo Antenas, actualmente utilizado por la Fiscalía estatal, el cual permite a personal capacitado del Ministerio Público y psicólogos especializados tomar declaraciones y realizar evaluaciones en tiempo real mediante herramientas proyectivas.

Al respecto, advirtió que la efectividad de este esquema se ve limitada si no existe una correcta valoración judicial de las pruebas.

Por ello, el punto de acuerdo aprobado establece que tanto la Fiscalía como el TSJ deben diseñar e implementar cursos conjuntos que aseguren un trato diferenciado y especializado para niñas, niños y adolescentes a lo largo de todo el proceso penal: desde la denuncia, pasando por las audiencias y hasta la ejecución de la sentencia.

“Se requiere una adecuación tanto en los aspectos materiales como procesales e interpretativos para que los menores de edad participen en igualdad de condiciones”, concluyó la diputada.

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