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El Gobierno del Estado de Chihuahua a través de las secretarías de Desarrollo Rural (SDR) y de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), en colaboración con el Consejo de Desarrollo Económico Regional de Camargo (Coder), anunció un avance significativo en las gestiones para obtener la “Indicación Geográfica” (IG) para el chile chipotle chihuahuense ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El reconocimiento busca posicionar internacionalmente este producto tradicional como un símbolo de calidad y origen único, se indicó a través de un comunicado de prensa.

Tras dos años de trabajo, las autoridades han entrado en la etapa de realización del estudio técnico que sustenta la solicitud, un proceso que se llevará a cabo durante 2025 con una inversión de 400 mil pesos, la SDR aportará 200 mil pesos, mientras que la SIDE contribuirá con la otra mitad, se informó.

Se recordó que el proyecto inició en 2023 con diálogos y organización junto a productores de las regiones de Camargo, Jiménez, San Francisco de Conchos y Saucillo, consolidándose en 2024 con la creación de una cooperativa local que otorga certeza jurídica al esfuerzo colectivo.

La IG garantizará que, aunque otros lugares produzcan chile chipotle, el chihuahuense se distinga por sus cualidades particulares derivadas de su origen geográfico, tradición y métodos artesanales, añade el comunicado.

Este proceso incluye la documentación de la elaboración en hornos de adobe y leña, las condiciones climáticas locales y las prácticas tradicionales que confieren al producto un sabor, calidad y reputación únicos a nivel nacional e internacional, se explicó.

Alejandro Galicia, jefe del Departamento de Agroindustria de la SDR, destacó la importancia de este distintivo legal.

“Buscamos que los productores cuenten con una herramienta de protección que impulse el desarrollo económico regional y evite que el consumidor sea engañado con productos que no cumplen con las características de nuestro chipotle. Este reconocimiento dará certeza al consumidor y mayor valor al trabajo de los productores chihuahuenses”, afirmó.

Si el estudio se concluye con éxito y la solicitud es aprobada, el chile chipotle chihuahuense podría convertirse en el primer producto de la entidad en obtener la IG, uniéndose a la lista de productos mexicanos protegidos como el café de Veracruz, el cacao de Grijalva y las artesanías de Oaxaca.

Este logro no solo fortalecerá la economía local, sino que posicionará a Chihuahua como un referente en la preservación de su patrimonio gastronómico, se afirmó.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reasignaría la magistratura en materia penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a Judith Ávila Burciaga, en aplicación de la regla de alternancia y con perspectiva de género.

El proyecto elaborado por el magistrado del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, respecto al expediente SUP-JDC-2389/2025 promovido por Ávila Burciaga, contempla la revocación de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) y del acuerdo del Instituto Estatal Electoral (IEE).

De ser así, el IEE deberá emitir, en un plazo no mayor a 24 horas, la constancia de mayoría a Ávila Burciaga.

En su proyecto, Rodríguez Mondragón señala que el TEE no valoró correctamente la aplicación de la regla de alternancia de género y convalidó un acto de discriminación hacia la candidata.

Indicó que la alternancia debe aplicarse de manera no neutral, es decir, privilegiando el acceso de las mujeres cuando ello fortalezca la paridad en los órganos de justicia.

En este caso, la resolución dejaría sin efectos la constancia de mayoría y validez otorgada a Javier Rodolfo Acosta Mendoza respecto de esa magistratura.

Según ese criterio, la regla de alternancia sí aplica cuando beneficia a las mujeres, tal como lo señaló la magistrada inconforme en el recurso presentado ante el TEPJF.

A juicio de la Sala Superior, el tribunal de Chihuahua no observó el principio de paridad vertical en la asignación de los cargos.

El Tribunal local no aplicó de manera adecuada la norma que prevé la alternancia de género, razón por la cual su fallo original convalidó un acto de discriminación hacia Judith Ávila Burciaga, resolvió el TEPJF.

Al momento de asignar las 14 magistraturas en materia penal para el TSJ que tomará protesta el próximo 1 de septiembre, el IEE otorgó el lugar número 13 a Rubén Aguilar Gil, con 69 mil 10 votos, y el 14 a Javier Rodolfo Acosta Mendoza, quien obtuvo 66 mil 271.

En el sitio 15 quedó Judith Ávila Burciaga, con 65 mil 171, pero recibiría la constancia de mayoría por el principio de alternancia que ha aplicado el TEPJF en otras situaciones similares.

Con esta determinación, el TEPJF refrendó el criterio de que las reglas de paridad y alternancia no deben aplicarse de manera rígida o neutral, sino atendiendo a su finalidad de garantizar la participación efectiva de las mujeres en cargos de decisión, en este caso, en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

MINNEAPOLIS, Mn – 27 de agosto de 2025. Un devastador tiroteo masivo ocurrió esta mañana en la Escuela Católica de la Anunciación, durante una misa escolar que marcaba el inicio del año lectivo.

El atacante, identificado por múltiples fuentes como Robin Westman, de 23 años, disparó decenas de balas con un rifle, una escopeta y una pistola a través de las ventanas de la iglesia, matando a dos niños de 8 y 10 años e hiriendo a 17 personas, 14 de ellas menores. Dos de los niños heridos permanecen en estado crítico.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la mañana. Westman, vestido de negro, actuó solo y se suicidó en el estacionamiento de la escuela tras el ataque, según la información oficial.

Según reportes, dejó videos y notas con contenido violento, una disculpa a su familia y un dibujo del interior de una iglesia.

Algunas fuentes, basadas en registros judiciales, indican que Westman cambió su nombre de Robert a Robin en 2020, identificándose como mujer, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la policía.

Afirmaciones en redes sociales sobre su identidad de género o motivaciones específicas, como odio hacia cristianos o mensajes escritos en sus armas, no han sido verificadas por las autoridades.

La policía de Minneapolis, el FBI, la ATF y la Patrulla Estatal de Minnesota respondieron rápidamente, evacuando a los estudiantes y estableciendo una zona de reunificación para las familias, dieron a conocer los medios locales.

El jefe de policía, Brian O’Hara, calificó el acto como “cruel y cobarde”, señalando que Westman no tenía antecedentes penales conocidos.

Este es el cuarto tiroteo mortal en Minneapolis en menos de 24 horas, lo que ha llevado a las autoridades a describir la violencia armada en la ciudad como “profundamente inquietante”.

El gobernador Tim Walz expresó su dolor, mientras que el presidente Donald Trump pidió oraciones por las víctimas. El alcalde Jacob Frey condenó el ataque, destacando la necesidad de apoyar a las familias afectadas.

La investigación continúa para determinar los motivos del atacante, y las autoridades analizan videos y notas dejados por Westman.

(mr)

Primera parte

En entrevista con Norte Digital la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta, advirtió que el próximo Poder Judicial del Estado habría quedado en manos de personas que ganaron en la pasada elección con el patrocinio de grupos políticos y de organizaciones criminales.

A cinco días de entregar el cargo y de terminar, como lo describe ella, “con una historia de 200 años del Poder Judicial de Chihuahua”, la magistrada acusó que la reciente elección de jueces y magistrados mediante voto ciudadano representa un grave riesgo de fractura en la impartición de justicia.

El Poder Judicial ha quedado expuesto a presiones externas de carácter político y delictivo, advirtió. Tanto, que hubo jueces que renunciaron a participar en el proceso 2025 por negarse a recibir patrocinio de organizaciones delictivas, dijo.

“Algunos jueces vinieron a decir: ‘No, pues yo mejor renuncio porque me están amenazando, que si no me patrocinan ellos o ponen ellos a alguien, me van a matar. Yo mejor me quisiera ir’, y tuvimos que hacer movimientos”, comentó.

“Si sucede en otras elecciones más controladas, también sucedió aquí”, remató.

Entrega sin receptor

En entrevista, Hernández Acosta señaló que el Poder Judicial se encuentra preparado para la transición, gracias a los enlaces y capacitaciones impulsados por la Contraloría y diversas oficinas regionales.

Sin embargo, admitió que aún falta definir quiénes asumirán formalmente los cargos para garantizar una entrega ordenada.

Mencionó que ella, en su posición de presidenta, ha debido asumir una serie de funciones que corresponderían a otras áreas administrativas, porque no existía, ni existe, una estructura para hacer un cambio de la magnitud que se avecina.

“Internamente, se dieron muchos procedimientos, muchos ceses, muchas revocaciones, incluso algunas consignaciones al Ministerio Público, y eso es lo que el Tribunal de Disciplina tendrá que hacer de ahora en adelante. Para eso fueron electos, esa es su función”, dijo.

Todas esas unidades que pertenecían a la atribución de la presidencia se trasladan completas al órgano de disciplina y trabajarán de la mano como lo han venido haciendo.

No obstante, ese riesgo administrativo, para la actual presidenta la principal amenaza es la entrada de actores externos a las funciones judiciales.

“La crisis a la que podemos llegar si se compromete la independencia judicial es seria, porque algunos candidatos pudieron haber adquirido compromisos políticos o personales que no podrán cumplir desde un juzgado o una sala”, advirtió.

Un Poder Judicial vulnerable

Hernández Acosta subrayó que el nuevo esquema abrió la puerta a riesgos que antes ya existían, pero que ahora se incrementan.

“En algunas localidades todos saben quiénes son los dueños del pueblo y metieron la mano en las campañas. ¿Pero cómo les cumples después si el juez está obligado a aplicar la ley?”, cuestionó.

A su juicio, este escenario puede generar compromisos imposibles de sostener y comprometer la independencia de los nuevos juzgadores. “Entrarán con un grado de riesgo muy alto”, enfatizó.

“Nos habíamos mantenido medianamente protegidos, nos habíamos blindado en lo posible, pero esta apertura abre ese riesgo. No porque no existiera antes, pero ahora se les dio la posibilidad de dar un paso más hacia dentro. Se abrió la puerta, y con eso se abrieron esos riesgos”, concluyó.

Disciplina y control interno

La presidenta explicó que el Tribunal de Disciplina tendrá un papel fundamental en los próximos años, pues absorberá atribuciones de control que antes dependían de la Presidencia del TSJ.

“Las áreas de visitaduría, responsabilidades, contraloría y mecanismos de vigilancia seguirán operando, pero ahora bajo la supervisión del Tribunal de Disciplina. Esa es su función: sancionar y destituir, cuando sea necesario, a quienes no cumplan con la labor judicial”, indicó.

Finalmente, Hernández Acosta defendió que durante su gestión ya se habían aplicado procedimientos internos, ceses y hasta consignaciones al Ministerio Público, aunque no siempre se hicieran públicos. “La disciplina continuará; quienes no tengan que estar en el Poder Judicial se tendrán que ir”, concluyó.