Norte De Chihuahua

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Archives for septiembre 2025

Los dos empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) acusados por el incendio ocurrido en la estación migratoria de la avenida Lerdo, donde murieron 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados, ya se encuentran en libertad condicional.

Se trata del contralmirante retirado del Ejército Mexicano y exdelegado estatal del INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, así como de Rodolfo Collazo de la Torre, agente migratorio de menor rango. Ambos portan un brazalete electrónico como medida cautelar.

González Guerrero, señalado como la máxima autoridad en el estado sobre las estaciones migratorias y a quien presuntamente se le solicitó autorización para abrir las rejas de las celdas, salió del Cereso estatal número 3 el pasado miércoles 10 de septiembre, luego de depositar una fianza de un millón y medio de pesos.

Por su parte, Collazo obtuvo el pasado sábado la libertad condicional, tras una audiencia en la que se autorizó el cambio de medida y se ordenó colocarle un brazalete electrónico. El funcionario no se encontraba en la estación migratoria la noche del siniestro, pues cumplía labores de entrega de menores a un albergue.

La defensa de Collazo señaló que tanto él como su familia viven con alegría, aunque también con nerviosismo y desesperación, tras haber permanecido casi dos años y medio en prisión pese a sostener su inocencia.

El juez le impuso inicialmente una garantía hipotecaria de 1.5 millones de pesos, pero gracias a un amparo la cifra se redujo a un millón. Un familiar cubrió la garantía y además se pagaron 95 mil pesos por el brazalete de monitoreo.

Con esta resolución, ambos enfrentarán el proceso en libertad, mientras continúan las investigaciones sobre la tragedia ocurrida el 27 de marzo de 2023.

En Corea del Norte, pedir una hamburguesa puede ser tan arriesgado como hablar de democracia. El régimen de Kim Jong-un ha decidido que ciertos vocablos “extranjerizantes” ya no tienen cabida en el lenguaje de su pueblo, y entre ellos están nada más y nada menos que “hamburguesa”, “helado” y hasta “karaoke”.

Lo que en cualquier país sería un antojo inocente —una hamburguesa con helado de postre, cantando karaoke de madrugada— en el reino de Kim se ha convertido en material subversivo.

A partir de ahora, los norcoreanos deberán pedir un “pan doble con carne picada” si tienen hambre de fast food. Y si quieren algo dulce para el calor, ya no podrán pedir un “helado”, sino un misterioso “eseukimo”, que suena casi igual… pero no lo suficiente para engañar a la ley.

El karaoke tampoco se salva: queda rebautizado como “máquina con acompañamiento de pantalla”, una definición tan larga que da tiempo de que termine la canción antes de acabar de pronunciarla.

De palabra prohibida a crimen de Estado

Detrás de este ajuste surrealista al diccionario no está la gastronomía, sino la política. El líder norcoreano impulsa una campaña para “purificar” el idioma, borrando cualquier rastro de influencia occidental o del sur de la península. El mensaje es claro: ni una hamburguesa verbal debe colarse en la dieta cultural del país.

Y la cosa no es solo de risa. Quien sea sorprendido usando estas palabras en público, en materiales escritos o en grabaciones, podría enfrentar seis años de trabajos forzados.

En casos más graves, la condena podría escalar hasta cadena perpetua o, incluso, pena de muerte. Todo amparado en la llamada Pyongyang Cultural Language Protection Act, aprobada en 2023.

La censura lingüística en Corea del Norte recuerda que en ese país hasta las palabras tienen dueño. No basta con controlar lo que la gente come o canta: también deben vigilar cómo lo llaman.

Porque al final, en el país más hermético del mundo, pedir un combo con helado puede ser un lujo… pero llamarlo “hamburguesa” podría costarte la vida.

Menos mal que, al menos, los tacos todavía no figuran en la lista negra.

CULIACÁN, Sin.— El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la cancelación de los festejos masivos por el Grito de Independencia en la capital del estado, Culiacán, y posiblemente en otros municipios, debido a la creciente ola de violencia que afecta la región.

La decisión, comunicada el pasado 14 de septiembre a través de un video en redes sociales, responde a los recientes enfrentamientos entre grupos criminales, incluyendo a las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “La Mayiza”, que han generado un clima de inseguridad en el estado.

En un mensaje dirigido a la población, Rocha Moya explicó que, tras evaluar las condiciones de seguridad, se optó por suspender los eventos públicos programados, que incluían presentaciones de artistas como Miguel Bosé, Marisela y El Coyote, así como actividades culturales y el tradicional espectáculo de pirotecnia en la Plaza Cívica de Culiacán.

En su lugar, se llevará a cabo un acto cívico solemne en la explanada del Palacio de Gobierno, con la participación de representantes de los tres poderes del estado y las Fuerzas Armadas.

“Invito a las familias sinaloenses a que celebremos en casa, con orgullo mexicano, pero con la seguridad que estos tiempos nos demandan”, expresó el gobernador, quien agradeció la comprensión de los artistas programados y destacó su profesionalismo ante la cancelación.

La medida se produce en el contexto de una semana marcada por al menos siete homicidios en Culiacán y Navolato, según reportes locales.

Esta es la segunda ocasión consecutiva en que Sinaloa suspende los festejos masivos del 15 de septiembre, lo que ha generado reacciones mixtas en redes sociales, donde algunos ciudadanos lamentan la situación de inseguridad y otros respaldan la decisión como una medida prudente.

Sinaloa no es el único estado afectado por cancelaciones de eventos patrios. En Xalatlaco, Estado de México, también se suspendieron los festejos por el luto tras una masacre reciente, reflejando un panorama de retos en seguridad pública en diversas regiones del país.

Las autoridades sinaloenses exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a priorizar su seguridad durante las celebraciones patrias.

(mr)

El reparto del Ramo 33 en 2026 vuelve a poner en evidencia la lógica de la Federación: los estados con mayores carencias sociales y necesidades de infraestructura reciben más recursos, aunque su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional sea reducida.

Chiapas, por ejemplo, que ocupa el lugar 23 en aportaciones al PIB, recibirá 68,893.8 millones de pesos (mdp), más del doble de lo que le tocará a Chihuahua: 30 mil 783.8 mdp.

El criterio no está ligado a la generación de riqueza, sino a los índices de rezago social. Por eso Oaxaca, con 56 mil 591 mdp, recibirá 83 por ciento más que Chihuahua, y Guerrero, con 49 mil 465.2 mdp, obtendrá 60 por ciento más.

Aunque Chihuahua se ubica en el noveno puesto nacional en cuanto a generación de riqueza —con un PIB de 941,368 mdp en 2023, según INEGI—, apenas alcanzará el duodécimo lugar en distribución de recursos del Ramo 33, posición que conserva desde 2025.

La explicación radica en que el reparto se basa en criterios poblacionales, de pobreza y necesidades básicas, no en la productividad económica. Con una población proyectada de 4 millones 37 mil 778 habitantes, Chihuahua también es duodécimo en habitantes, lo que lo mantiene fuera del “top ten” en transferencias federales.

¿Qué es el Ramo 33 y para qué sirve?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Ramo 33 es el mecanismo mediante el cual la Federación transfiere recursos a estados y municipios para cubrir servicios esenciales: educación, salud, infraestructura básica, programas alimentarios y de asistencia social, además de seguridad pública.

Estos fondos buscan equilibrar las desigualdades regionales y reforzar los presupuestos locales donde hay más necesidades.

En 2025, Chihuahua recibió 29 mil 187 mdp de este ramo, monto que equivale a casi el 30 por ciento de su presupuesto estatal.

Habrá incremento, pero la lógica no cambia

Para 2026, Chihuahua tendrá un aumento del 5.4 por ciento en partidas federales del Ramo 33 y recibirá 30 mil 783.8 mdp. Sin embargo, el alza no modifica su posición relativa frente a otros estados.

La lógica de asignación se mantiene: la Federación busca compensar desigualdades sociales, priorizando a las entidades del sur con mayores carencias estructurales, aunque su aporte económico sea menor.