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El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, advirtió que la agricultura de Chihuahua depende en gran medida de pozos para la extracción de agua que no cuentan con la autorización correspondiente y, por tanto, se encuentran en condición irregular.

Durante su participación en el Foro Global Agroalimentario 2025, Esteve señaló que Chihuahua depende en exceso del cambio climático y de la explotación de pozos, muchos de ellos irregulares, lo que está generando presión sobre los mantos acuíferos.

Señaló que existe una necesidad y un reto muy grande de regularizar todos esos pozos que, “desafortunadamente”, están en condición irregular, pues no se les otorgaron permisos a los productores en su debido momento y ahora generan una situación sumamente compleja.

“Tener esta irregularidad nos afecta porque nos estamos acabando los acuíferos”, subrayó.

Agregó que México enfrenta “retos cada vez más complejos” en materia de seguridad alimentaria y uso del agua, por lo que llamó a una mayor coordinación entre gobierno, iniciativa privada y academia para garantizar el futuro del sector.

El directivo del CNA planteó la necesidad de ampliar la superficie de riego en el país. Recordó que actualmente sólo 5 millones de las más de 20 millones de hectáreas de siembra cuentan con irrigación.

“Tenemos que buscar cómo trabajar de la mano con el Estado y con organizaciones internacionales, no para irrigar 200 mil hectáreas en cuatro años, sino 500 mil, porque México cada vez es más árido”, dijo.

Financiamiento y sanidad, temas pendientes

Otro de los puntos críticos mencionados fue el financiamiento agrícola. Mientras en Estados Unidos prácticamente todo productor puede acceder a crédito, en México apenas uno de cada diez tiene esa posibilidad. “Eso hace más difícil competir”, advirtió.

Asimismo, expresó preocupación por el recorte presupuestal al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que en la última década ha perdido 20% de recursos pese a que la producción agrícola se ha duplicado. Como ejemplo, citó la llegada del gusano barrenador desde Centroamérica, detectado con retraso.

Innovación, conectividad y combate a la pobreza rural

El dirigente agropecuario también enfatizó que la innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial, será clave para producir más con menos recursos.

Sin embargo, apuntó que los pequeños agricultores continúan siendo los más vulnerables: “Un productor del sureste con tres hectáreas apenas genera 45 mil pesos al año. No es suficiente para salir de la pobreza”.

Para revertir esta situación, planteó la necesidad de diversificación, reglas claras, inversión en infraestructura y un entorno de certidumbre jurídica. “El futuro de la alimentación no se improvisa, se construye”, afirmó.

Finalmente, reconoció la colaboración del sector con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien destacó como cercana al campo. Llamó a aprovechar los foros para generar acuerdos concretos y a construir una política agroalimentaria basada en ciencia, innovación y sostenibilidad.

Autoridades del estado de Chihuahua sostuvieron una reunión binacional con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, asentada en El Paso, Texas, con el propósito de fortalecer la coordinación en seguridad y establecer acciones conjuntas contra el tráfico de estupefacientes a lo largo de la frontera.

El coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, participaron en el encuentro celebrado el jueves 11 de septiembre en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Durante la sesión se revisaron los acuerdos alcanzados en reuniones anteriores, relacionados con la evaluación de aprehensiones de extranjeros, así como aseguramientos de drogas y armas por parte de la CBP durante agosto de 2025.

También se analizaron los incidentes fronterizos reportados ese mes a C4 y UASIF, tanto en El Paso como en la zona de Presidio, Texas, y su conexión con Ojinaga, Chihuahua, así como en El Berrendo, Chihuahua, y Antelope Wells.

La SSPE informó que ambas corporaciones presentaron resultados de sus operaciones y refrendaron su compromiso de mantener un frente común contra delitos transnacionales que afectan directamente la seguridad en ambos lados de la frontera.

El Gobierno estatal tradujo a lengua rarámuri y al sistema braille el Programa Estatal de Derechos Humanos 2024-2027, un documento que orienta las políticas públicas en la materia para los próximos tres años.

La intención: que la planeación y el diagnóstico en derechos humanos no queden solo en escritorios oficiales, sino que puedan ser consultados y usados por quienes más lo necesitan.

En Chihuahua, pueblos originarios y personas con discapacidad visual enfrentan una doble barrera: además de la discriminación histórica, la información pública casi nunca llega en formatos accesibles.

Con esta traducción, la administración estatal busca abrirles la puerta a la participación ciudadana, a que conozcan sus derechos y también a que puedan exigirlos.

La gobernadora Maru Campos presentó los primeros ejemplares junto con Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Según se explicó, el material concentra un diagnóstico de la situación actual en la entidad y define objetivos, estrategias y líneas de acción para garantizar la protección de los derechos humanos.

“Con estas versiones accesibles, la información estará al alcance de todas las comunidades”, expresó Campos, subrayando que el propósito es reducir la brecha de exclusión y generar condiciones de igualdad.

El documento completo puede consultarse en línea en este enlace: Programa Estatal de Derechos Humanos 2024-2027.

La bancada de Morena en el Congreso del Estado urgió a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHBC) a emitir el reglamento de la Ley para la Donación, Rescate y Aprovechamiento Integral de los Productos Alimenticios, con el fin de poner en marcha un marco normativo que fomente la donación altruista y combata el desperdicio de comida.

Durante la sesión legislativa de este jueves 11 de septiembre, la diputada Magdalena Rentería presentó un pliego con nueve preguntas dirigidas al secretario Rafael Loera Talamantes, en las que solicita explicar por qué no se ha publicado el reglamento —pendiente desde hace más de 180 días hábiles— y qué acciones realiza la dependencia para incentivar la entrega de productos comestibles.

Recordó que la ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2023 y entró en vigor al día siguiente, por lo que el Ejecutivo estatal ya rebasó el plazo legal para emitir las disposiciones reglamentarias.

Rentería subrayó que la reglamentación es fundamental para establecer beneficios fiscales que promuevan la cooperación entre los sectores público y privado, y para garantizar que los alimentos aptos para el consumo humano no terminen en la basura.

Entre las preguntas que formuló destacan:

¿Con qué ley federal se planea armonizar el reglamento?

¿Qué asociaciones civiles y dependencias integrarán el Consejo Estatal?

¿Qué mecanismos se implementarán para evitar la burocratización del Consejo de la Alimentación?

¿Cómo funcionará la cadena de distribución de los alimentos donados?

Además de los estímulos fiscales previstos, ¿se consideran otros incentivos, como la reducción de la tenencia vehicular para los donatarios?

¿Cuándo prevé la Secretaría publicar el reglamento de la Ley?

¿Se desarrollará una plataforma digital para conectar a donadores, donatarios y voluntarios?

¿Se puede compartir el anteproyecto de reglamento para consulta?

¿Qué estrategias se aplicarán para que los alimentos lleguen a las comunidades más necesitadas de la Sierra Tarahumara?

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

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