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En lo que va de la actual administración, las fuerzas de seguridad pública estatales y federales han asegurado más de mil 400 armas y 144 mil cartuchos que utilizaban las organizaciones delictivas para la realización de sus actos ilícitos, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal informó del aseguramiento de armamento en posesión de detonadores de violencia, además de los mil 400 explosivos que se les han incautado de septiembre del 2021 y a la fecha que abarca la actual administración.

El titular de la SSPE informó lo anterior tras ser cuestionado sobre el operativo conjunto entre los Estados Unidos y México, denominado Firewall, para contener el tráfico de armas de aquel país hacia el nuestro.

Dicho acuerdo fue mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación de su informe, el pasado 26 de septiembre en Ciudad Juárez.

“Firewall” es una operación que es manejando por la Secretaría de Relaciones Exteriores para disminuir el tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México, ha permitido detener el flujo de armamento que luego es utilizado para la realización de actos delictivos y el aumento de actos de violencia en el territorio nacional.

La cifra equivale a que, en promedio, durante los últimos cuatro años se ha decomisado una arma y casi 100 cartuchos por día, en los últimos cuatro años.

“Yo creo que hay una ahí hay una buena disposición por parte de ambos países para poder frenar el tráfico de armas hacia México”, comentó Loya.

Ese acuerdo va a permitir rastrear las armas que están llegando hacia los Estados Unidos hacia México, en dónde se vendieron, quién las vendió y los delitos que están cometiendo al comerciar este tipo de armas sin control en México.

El Senado de la República urgió a la mayoría de los Congresos estatales a modificar sus legislaciones para armonizarlas con las 19 reformas constitucionales aprobadas en los últimos años.

En particular, se señaló que ningún Congreso local —incluido el de Chihuahua— ha legislado para incorporar los nuevos principios que prohíben la reelección inmediata y sancionan el nepotismo en procesos electorales.

En el caso de Chihuahua, el Artículo 44 de la Constitución estatal aún permite la reelección, al establecer que el Congreso “se renovará totalmente el año que corresponda. Los diputados del Congreso del Estado podrán ser reelectos hasta por un período adicional”.

Asimismo, el Artículo 126 sigue vigente en los términos previos a la reforma federal que prohibió la reelección, lo que permite que alcaldes, regidores y síndicos puedan reelegirse por un periodo más.

Tampoco se han hecho adecuaciones legales para impedir que familiares directos de quienes ocupan un cargo de elección popular puedan contender en la siguiente elección.

De acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), durante los dos periodos ordinarios de sesiones correspondientes al primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura fueron aprobadas 19 reformas constitucionales.

Reformas en igualdad y pueblos indígenas, pendientes

Todas ellas actualizaron el marco jurídico federal, en particular en materia judicial, seguridad pública y fortalecimiento de la soberanía nacional.

Lo anterior obliga a las legislaturas locales a llevar a cabo un proceso de armonización legislativa para adaptar sus normas al marco constitucional federal y evitar conflictos normativos. Sin embargo, la mayoría de los estados no han cumplido.

El documento del IBD advierte que desde el pasado 3 de agosto venció el plazo para armonizar las leyes con la reforma en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia. Sólo Ciudad de México, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas y Baja California Sur han iniciado ese proceso.

Asimismo, la armonización derivada de la reforma en materia de pueblos indígenas sigue pendiente en 26 entidades; únicamente Chiapas y Michoacán realizaron los ajustes necesarios.

La única reforma constitucional en la que se ha registrado avance es en la relativa al Poder Judicial, donde 20 entidades ya realizaron las adecuaciones.

En todas las demás, el avance ha sido limitado, señala el documento del IBD.

“Por ello, resulta prioritario que las legislaturas locales revisen, adecuen y armonicen sus marcos normativos conforme a los nuevos mandatos constitucionales”, concluye el estudio.

Por su parte, Norte Digital solicitó la opinión de los coordinadores parlamentarios en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada (Morena) y Alfredo Chávez (PAN), pero ninguno respondió a la petición.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, para la tarde de este domingo, se prevén lluvias fuertes a puntuales en diversas regiones del estado, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones por posibles afectaciones.

Las precipitaciones se esperan con acumulados de entre 50.1 y 75 milímetros (mm) en sectores de la zona sureste, particularmente en los municipios de Parral y Allende.

Lo anterior podría generar encharcamientos, crecida de arroyos y daños en caminos rurales, por lo que se recomienda evitar cruzar cauces durante la lluvia.

Además se pronostican precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en localidades del norte y sureste, como Ahumada, Valle de Zaragoza, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.

Estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en algunos puntos.

En Ojinaga se prevén vientos fuertes que podrían superar los 55 kilómetros por hora (km/h), lo que podría ocasionar tolvaneras, caída de ramas y afectaciones en estructuras ligeras.

Se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y extremar precauciones al conducir en carretera.

La CEPC llama a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre durante las tormentas, mantenerse informada a través de medios oficiales, y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.

Se pide especial atención a quienes habitan en comunidades rurales y zonas de ladera, donde el escurrimiento puede ser más intenso.

Protección Civil Estatal se mantiene en vigilancia permanente y en coordinación con autoridades municipales, se indicó.

La violencia en Chihuahua no solo se mide en muertes, robos o heridas. También tiene un precio que vacía los bolsillos de las familias y que supera, incluso, el presupuesto de varias instituciones estatales. Durante 2024, el delito costó a los chihuahuenses más de 6 mil 300 millones de pesos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

Ese monto refleja algo más que números: detrás están las penas irreparables por la pérdida de un ser querido, el robo del patrimonio familiar, el daño a la propiedad o el trastorno emocional que deja la violencia. Una doble condena: sufrir el delito y, además, pagar por protegerse de él.

El costo para cada víctima

De acuerdo con los resultados de la Envipe, el costo total que enfrentaron los hogares en Chihuahua equivale a un promedio de 5 mil 470 pesos por persona afectada por la inseguridad. Aunque la cifra es ligeramente menor que en 2023, cuando fue de 6 mil 166 pesos, sigue representando un gasto mayor al presupuesto de la mayoría de los municipios del estado, con excepción de Ciudad Juárez.

Para dimensionar, la inseguridad en Chihuahua costó más que lo destinado en 2024 a:

  • Secretaría de Hacienda estatal: 5 mil 823 mdp
  • Fiscalía General del Estado: 3 mil 526 mdp
  • Desarrollo Rural: 1 mil 442 mdp
  • Comunicaciones y Obras Públicas: 1 mil 50 mdp

En qué gasta la gente

El Inegi precisó que el cincuenta y dos por ciento de la pérdida económica, equivalente a 3 mil 200 mdp, se debió directamente a los delitos sufridos, mientras que el cuarenta y dos por ciento (2 mil 640 mdp) corresponde a gastos en medidas de seguridad. Otro dos por ciento (126 mdp) se destinó a atender daños a la salud.

Entre las principales medidas adoptadas por los hogares están:

  • Cambio de candados y cerraduras: 19%
  • Construcción o ampliación de bardas y rejas: 17%
  • Sustitución de puertas: 15%
  • Adquisición de perros guardianes: 12%
  • Organización vecinal para acciones conjuntas: 10%

En otras palabras, el miedo convirtió al ladrillo, los fierros y los candados en prioridad de gasto para miles de familias.

Más de 600 mil personas afectadas

La Envipe estimó que en 2024 se cometieron 765 mil 946 delitos en Chihuahua. En el cuarenta y ocho punto seis por ciento de los casos —equivalente a 372 mil 127 personas— las víctimas declararon haber sufrido algún tipo de daño.

De ellas, el dieciséis por ciento (cerca de 60 mil personas) reportó afectaciones físicas. Entre quienes declararon haber sido dañados, el cuarenta y siete punto seis por ciento indicó pérdidas económicas, el veintiocho por ciento daños emocionales y el tres punto ocho por ciento consecuencias físicas o laborales.

En total, más de 600 mil chihuahuenses vivieron en carne propia los estragos de la violencia durante 2024: un costo que no solo se mide en pesos, sino en vidas quebradas, en heridas visibles e invisibles y en un miedo que obliga a blindar cada puerta para sobrevivir.

Lo que cuesta el miedo

  • 6 mil 300 millones de pesos: costo total de la inseguridad para los hogares
  • 5 mil 470 pesos: gasto promedio por persona afectada
  • 765 mil 946 delitos cometidos en el estado
  • 372 mil 127 personas reportaron daños directos
  • 60 mil víctimas tuvieron afectaciones físicas
  • 47.6 por ciento sufrió pérdidas económicas
  • 28 por ciento padeció daños emocionales
  • 3.8 por ciento enfrentó consecuencias físicas o laborales

Distribución de costos

  • 3 mil 200 mdp (52 por ciento): impacto directo de los delitos
  • 2 mil 640 mdp (42 por ciento): gastos en medidas de seguridad
  • 126 mdp (2 por ciento): atención de daños a la salud
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