Norte De Chihuahua

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Washington, D.C. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas militares del país que dirige llevaron a cabo un ataque letal contra un barco que transportaba drogas en el sur del Caribe, el cual había partido de Venezuela y era operado por integrantes del Tren Aragua, una organización considerada como terrorista por el narcotráfico.

Este evento marca una escalada significativa en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto de mayor despliegue naval estadounidense en la región.

Trump informó que la operación, ejecutada en los últimos minutos antes de su anuncio, fue un “éxito total” en la lucha contra el narcotráfico.

Un total de 11 presuntos terroristas integrantes del tren Aragua habrían sido eliminados durante la operación, conforme a la información dada a conocer por la Casa Blanca.

Las implicaciones de la acción son claras, dado el reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses, incluyendo el USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, que llevan a bordo a 4 mil 500 efectivos, incluidos 2 mil 200 marines.

Este despliegue forma parte de una estrategia anunciada por la administración Trump para usar el ejército contra cárteles de drogas y grupos criminales en América Latina.

El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha respondido con alarma a la presencia naval estadounidense, denunciándola como una amenaza directa a la soberanía venezolana.

Maduro ha ordenado un estado de máxima preparación militar y ha desplegado tropas a lo largo de la costa y la frontera con Colombia, afirmando que Venezuela responderá con fuerza si se produce un ataque.

El presidente venezolano ha descrito el despliegue como una “amenaza injustificable y criminal” y ha presentado una queja formal ante la ONU, acusando a Estados Unidos de violar la Carta de las Naciones Unidas.

La administración Trump ha designado a varios grupos criminales venezolanos, incluyendo el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales, lo que ha justificado, según Washington, el uso de medidas militares.

Las personas nacidas en Estados Unidos, pero con padre o madre mexicanos, ya pueden obtener la doble nacionalidad de manera más sencilla gracias al programa Soy México. La iniciativa busca evitar que enfrenten problemas migratorios al ingresar al país o realizar trámites oficiales.

De acuerdo con información del Registro Civil en Chihuahua, el beneficio consiste en reconocer como mexicanos a quienes tienen ascendencia en el país, sin necesidad de cumplir con los procesos largos y costosos que antes se exigían.

Uno de los cambios más relevantes es que el trámite ya no requiere apostillar ni traducir el acta de nacimiento estadounidense, además de que se condona el pago de derechos, lo que representa un ahorro cercano a los 2 mil pesos por persona.

El cotejo de documentos se realiza en línea a través del sistema EVVE, lo que permite validar de inmediato la autenticidad del acta de nacimiento de Estados Unidos y reducir los tiempos de espera.

¿Quiénes pueden acceder?

El programa está abierto a niños, adolescentes y adultos. Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar:

•⁠  ⁠Acta de nacimiento de Estados Unidos, original y copia.

•⁠  ⁠Acta de nacimiento mexicana del padre o madre.

•⁠  ⁠Identificación oficial.

•⁠  ⁠Formatos que se llenan en la oficialía.

En el caso de menores de edad, los familiares directos pueden realizar el trámite; si acude un tercero, debe presentar carta poder simple.

Con la doble nacionalidad, las personas ya no necesitan un documento migratorio para permanecer en México y pueden acceder a servicios como programas sociales, inscripción escolar, empleo formal, así como tramitar la credencial del INE y el pasaporte mexicano.

Según cifras oficiales, más de 20 mil personas han sido beneficiadas en lo que va de la actual administración.

El trámite se atiende en todas las oficialías del Registro Civil del estado, de lunes a viernes, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Para mayores informes, se puso a disposición el número 800-123-4567 y las redes sociales de la Dirección General del Registro Civil.

Marcela Herrera Sandoval, la abogada chihuahuense que ha construido una sólida carrera en la administración pública y en el sector académico, es la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin haber tenido experiencia en el ámbito judicial.

Este 1 de septiembre asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, tras resultar la más votada en la elección judicial del pasado 1 de junio, con 121 mil 835 sufragios para ser magistrada en materia de derecho familiar.

En su primer discurso como presidenta recordó que “200 años de trabajo nos recuerdan que somos herederos de una institución que ha sido pilar del Estado de derecho”.

“Quienes fuimos electos y electas por la ciudadanía tenemos un compromiso inquebrantable con la justicia y la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial”, dijo en su toma de posesión.

Pero hasta ese día no había ocupado cargo como juez, encargada de sala o magistrada del TSJ.

El portal Observador Judicial, que publicó las currículas de todos los aspirantes a cargos judiciales inscritos para la elección del 1 de junio, resaltó sus alcances académicos, pero señaló que tenía una “experiencia no clara o limitada en relación con el cargo”.

Hecha en la UACH

Nacida el 24 de mayo de 1977, Marcela Herrera es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Su formación académica incluyó estudios en la Leopold-Franzens Universität, en Innsbruck, Austria, donde cursó la especialidad de alemán como lengua extranjera.

A lo largo de más de dos décadas de carrera profesional ha ocupado diversos cargos en instituciones estatales, con un perfil enfocado en planos netamente ejecutivos, así como en la planeación estratégica, la regulación del ejercicio profesional y la impartición de justicia.

En uno de sus encargos más cercanos al ámbito judicial se desempeñó como titular del Jurídico del Registro Civil del Estado, donde participó en reformas a los códigos Civil y Penal, así como en la creación del Código de Procedimientos Familiares de Chihuahua.

También colaboró en iniciativas vinculadas con la protección de niños y adolescentes, violencia familiar y derechos humanos.

En el plano de la educación institucional dirigió la Oficina Estatal de Profesiones, encargada de la regulación del ejercicio profesional en la entidad.

Posteriormente fue directora de Planeación y Desarrollo Institucional y de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación y Deporte, con responsabilidad en el diseño y seguimiento de políticas públicas, presupuesto y evaluación de programas.

Su experiencia internacional incluye una estancia en el Consulado General de México en San Antonio, Texas, dentro de la Dirección de Protección Consular, donde brindó apoyo a connacionales en situación de vulnerabilidad.

En paralelo a su carrera en la administración pública, Herrera ha ejercido la docencia en la UACH, impartiendo cátedra en materias como Personas y Familia, Sociedad y Cultura, e Identidad Personal y Profesional.

Su trayectoria combina la práctica jurídica, la gestión institucional y la docencia, lo que le ha permitido consolidar un perfil cercano tanto a las problemáticas sociales como a los retos de la administración de justicia.

La tragedia en Afganistán se profundiza a medida que el número de muertos por una serie de terremotos supera las mil 400 personas, dejando a miles de heridos y comunidades devastadas en las provincias de Nangarhar y Kunar, reportan medios internacionales.

El primer sismo, de magnitud 6.0, ocurrió el domingo 31 de agosto, con su epicentro a 27 km de Jalalabad, seguido por un segundo terremoto de magnitud 5.5 el martes, exacerbando la crisis humanitaria en la región.

Las autoridades talibanas han reportado que el terremoto inicial destruyó aldeas enteras, particularmente en Kunar, donde viviendas de barro y piedra colapsaron, atrapando a muchos residentes bajo los escombros.

La dificultad para acceder a estas áreas remotas, combinada con desprendimientos serranos y daños a la infraestructura, han retrasado significativamente los esfuerzos de rescate.

Cuadrillas de apoyo que incluyen helicópteros, han trabajado incansablemente, pero el terreno montañoso y las comunicaciones limitadas han complicado las operaciones.

El portavoz del ministerio de salud, Sharafat Zaman, hizo un llamado urgente por ayuda internacional, destacando la necesidad de recursos adicionales para enfrentar la devastación.

“Necesitamos asistencia porque muchas personas han perdido sus vidas y sus casas,” dijo Zaman, reflejando la gravedad de la situación en un país ya afectado por una severa crisis económica y la retirada de ayuda internacional tras la toma de poder por los talibanes en 2021.

La respuesta internacional ha sido rápida de países como India, la Unión Europea, el Reino Unido e Irán, naciones que han enviado tiendas de campaña, alimentos, medicina y fondos.

La congelación de fondos del gobierno afgano por parte de Estados Unidos y otros países ha limitado los recursos disponibles, complicando aún más la respuesta.

Expertos en desastres han advertido que el número de víctimas podría aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a áreas más aisladas.