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Soda Stereo, la icónica banda argentina que marcó una era en el rock en español, ha confirmado su regreso a México como parte de su revolucionaria gira Soda Stereo Ecos, anunciada oficialmente el 29 de septiembre de 2025.

Este proyecto, que emplea tecnología de vanguardia para recrear la presencia de Gustavo Cerati, fallecido en 2014, promete una experiencia única donde el trío original parecerá reunirse en el escenario.

La gira iniciará el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, y México formará parte del itinerario con tres fechas confirmadas: el 14 de abril en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 18 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 21 de abril en el Auditorio Banamex de Monterrey.

Este será el primer regreso de la banda a México desde la gira Gracias Totales en 2022, tras su última reunión sin Cerati en 2017 para el espectáculo Séptimo Día – No Descansaré con Cirque du Soleil.

Según el anuncio en sus redes sociales, Soda Stereo Ecos utilizará grabaciones de voz y guitarra de Cerati, tomadas de su participación en la gira Me Verás Volver en 2007, sincronizadas con las actuaciones en tiempo real de Charly Alberti y Zeta Bosio.

La productora PopArt enfatizó que no se trata de un tributo, sino de un show en vivo donde “Gustavo, Charly y Zeta” compartirán escenario gracias a una tecnología descrita como “mucho más que un holograma”, posiblemente similar al efecto del fantasma de Pepper usado en ABBA Voyage.

El entusiasmo por estas fechas es palpable, especialmente tras el agotamiento récord de boletos en Argentina, donde cuatro funciones iniciales se vendieron en horas. En México, la preventa de boletos iniciará el 27 de octubre de 2025 a través de Ticketmaster, reflejando la alta demanda anticipada.

“Estamos ansiosos por traer Ecos a México, un país que siempre ha sido parte fundamental de nuestra historia”, expresó Zeta Bosio en un mensaje a los fans.

Este proyecto no solo celebra el legado de Soda Stereo, sino que reafirma su compromiso con la innovación, honrando la visión de Cerati de que la banda era un trío inseparable.

Con México como uno de los puntos clave de la gira, los seguidores esperan una noche que trascienda la nostalgia, fusionando tecnología y emoción en un evento que promete ser histórico.

El Congreso del Estado aprobó la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, que otorga a la gobernadora María Eugenia Campos Galván la facultad de conceder la libertad a personas privadas de la libertad en condiciones de vulnerabilidad.

La nueva legislación abre la puerta al perdón del Estado para madres que crían a sus hijos dentro de los penales, personas mayores de 70 años, enfermos terminales y sentenciados con padecimientos crónico-degenerativos o con deterioro físico que les impida cumplir su condena sin afectar su dignidad.

Solo podrán acceder al beneficio quienes sean delincuentes primarios, es decir, personas que no cuenten con antecedentes penales y que estén cumpliendo una sentencia irrevocable dictada por un juez.

Indulto con rostro humano

El beneficio también aplicará para quienes tengan hijos menores de 14 años o con alguna discapacidad que les impida valerse por sí mismos, siempre que la persona sentenciada sea su única cuidadora o cuando las niñas y niños vivan con ella dentro del centro penitenciario.

“La creación de una ley específica en materia de indulto permitirá instrumentar una política pública que favorezca la reinserción social efectiva, la protección de la dignidad humana y la cohesión familiar”, expresó la diputada Nadia Xóchitl Contreras Herrera, del PAN, integrante de la Comisión de Justicia.

La legisladora señaló que con la nueva norma se eliminan las restricciones excesivas que antes hacían prácticamente imposible el otorgamiento de un indulto, al prohibir su aplicación en amplios catálogos de delitos sin considerar circunstancias humanitarias.

“Esta ley representa un paso hacia la humanización de la justicia penal en Chihuahua”, concluyó.

El Congreso del Estado de Chihuahua lanzó un reclamo: “¡Paren la entrada de carne brasileña!”.

El exhorto, dirigido al Gobierno de México, busca poner freno a las importaciones de carne de res procesada que llega desde Sudamérica sin pagar aranceles ni cumplir con los filtros sanitarios que sí deben observar los productores locales.

El acuerdo, aprobado por mayoría, fue enviado al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el argumento de proteger una de las actividades más estratégicas para la economía y la seguridad alimentaria del país.

Durante la sesión, el diputado Luis Fernando Chacón Erives (PRI), integrante de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería, recordó que la ganadería es una de las principales actividades productivas de Chihuahua, con más de 700 mil becerros exportados cada año.

Las exportaciones del estado representan cerca del 70 por ciento del total nacional.

Sin embargo, el cierre temporal de la frontera norte, a causa del gusano barrenador, ha golpeado con fuerza al sector.

A este golpe se suma ahora la “lluvia” de carne brasileña libre de aranceles y sin verificación sanitaria, que ha saturado el mercado nacional.

Dichas importaciones se amparan en el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), firmado en 2023, que permite a las empresas participantes importar alimentos sin cumplir con los controles del Senasica y la Cofepris.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el primer semestre de 2025 las importaciones de carne bovina desde Brasil aumentaron 187.8 por ciento, superando las 51 mil toneladas, con un valor de más de mil 200 millones de dólares.

No obstante, los precios al consumidor se incrementaron 17.7 por ciento anual, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El Congreso del Estado advirtió que esta situación representa una competencia desleal para los productores nacionales, quienes sí cumplen con estrictos estándares de sanidad, calidad e impuestos, además de generar miles de empleos en el campo.

El mensaje final fue claro: mientras Brasil pone la carne, México está poniendo el asador… y los ganaderos locales el costo.

Una lamentable tragedia sacudió al municipio de San Pedro, Coahuila, tras el fallecimiento de Anuel Esquivel Cruz, un menor de seis años, ocurrido el miércoles 22 de octubre en la Escuela Primaria Federal “Cuauhtémoc” del ejido San Miguel.

El incidente, que ha generado indignación y tristeza en la comunidad, se produjo cuando una estructura metálica de una techumbre en construcción colapsó y cayó sobre el pequeño durante una actividad escolar.

De acuerdo con los reportes, el accidente sucedió la mañana del miércoles en la explanada de la escuela mientras los alumnos participaban en una clase de educación física.

Según las autoridades, Anuel se encontraba cerca de un pilar metálico que, por causas aún bajo investigación, se deslizó y lo aplastó.

Compañeros y maestros intentaron auxiliarlo de inmediato, pero el peso de la estructura impidió liberarlo rápidamente. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar, pero solo pudieron confirmar el deceso del menor, quien sufrió un golpe fatal en la cabeza.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado lamentando profundamente el hecho y detalló que, desde el primer momento, se ha brindado apoyo integral a la familia de Anuel.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, estableció contacto personal con los padres para expresar sus condolencias y garantizar asistencia legal y emocional. La dependencia también colabora con las autoridades estatales para esclarecer las causas y responsabilidades del incidente.

Voceros del Gobierno de Coahuila indicaron que la techumbre en construcción formaba parte del programa federal “La Escuela es Nuestra”, pero señalaron que la obra estaba siendo ejecutada por padres de familia sin autorización, validación ni supervisión técnica por parte del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED) o la propia SEP.

Esta falta de permisos ha generado cuestionamientos sobre la seguridad de las instalaciones escolares en la región.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizan las diligencias correspondientes.

La comunidad de San Pedro y la Región Lagunera han expresado su dolor en redes sociales, exigiendo una revisión urgente de la infraestructura escolar para evitar tragedias similares.

Expertos han destacado la necesidad de inspecciones periódicas y planes de protección civil actualizados para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del colapso, mientras la familia de Anuel recibe el acompañamiento de las instancias gubernamentales. Este suceso ha reavivado el debate sobre la supervisión de obras en escuelas públicas y la protección de los menores en entornos educativos.