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A los 19 años, Stephany Carmona Rojas llevaba apenas unos meses como integrante de la Guardia Nacional, destacada en el 51º Batallón con sede en Acapulco, Guerrero. Su historia, sin embargo, no terminó con una ceremonia de ascenso ni con una misión cumplida, sino con una balacera dentro del propio cuartel donde debía estar segura.

La versión oficial habla de un “accidente durante práctica de tiro”. Pero su familia, sus compañeras y los mensajes que ella misma alcanzó a escribir antes de morir desmienten esa narrativa: Stephany habría sido víctima de acoso y hostigamiento dentro de la corporación, y su muerte, más que un accidente, fue un feminicidio, según lo que sostienen sus familiares y amigos.

Una joven que soñaba con servir

Nació en San José Buenavista, municipio de Ajalpan, Puebla, una comunidad rural donde los sueños suelen ir más allá de los límites del valle. Desde adolescente mostraba carácter firme y una mezcla de timidez y determinación que sorprendía a sus maestros.

Le decían “Fan”, un apodo cariñoso con el que sus amigas la describen en redes: alegre, responsable, “la que nunca faltaba al entrenamiento”.

“Ella siempre quiso superarse, servir a su país, vestir el uniforme con orgullo”, recuerda su madre, María Fernanda Carmona, quien aún no asimila que la institución a la que su hija confió su vida se la haya arrebatado.

Silenciada dentro del cuartel

De acuerdo con información recabada por medios nacionales, Stephany había denunciado acoso de superiores y compañeros, e incluso temía ser arrestada si presentaba una queja formal.

El miércoles 15 de octubre, mientras realizaba labores en el área de adiestramiento del cuartel, un sargento identificado como Yair Manuel “N” le disparó dos veces en la cabeza. Después -sospechosamente- huyó.

Horas más tarde, en el Hospital Naval Militar de Acapulco, médicos confirmaron su muerte. La Guardia Nacional difundió una versión escueta: un “incidente con arma de fuego en prácticas internas”. Ninguna palabra sobre acoso, mucho menos del agresor.

Una madre contra el silencio militar

Desde Puebla, la familia exige que la muerte sea investigada como feminicidio con responsabilidad institucional.

“Mi hija no estaba en una guerra, estaba en un cuartel”, dijo su madre en entrevista. “Quiero justicia y que nadie más viva lo que ella vivió”.

El caso ha provocado indignación en redes sociales, donde colectivos feministas retomaron la etiqueta #JusticiaParaStephany.

Los restos de Stephany son despedidos en su pueblo natal con una guardia de honor y flores blancas. Los vecinos colocaron velas frente a su casa, mientras su madre colocó la fotografía de su hija con el uniforme que tanto amaba.

En contraste, el comunicado de la Guardia Nacional omitió su nombre. No hubo duelo institucional, ni explicación pública.

Por mayoría de votos, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una solicitud dirigida al Gobierno Federal para cerrar la frontera sur del país al ingreso de ganado vivo, hasta que se cumplan las condiciones sanitarias necesarias y se detenga la propagación del gusano barrenador del ganado (GBG).

El diputado Saúl Mireles Corral (PAN), promovente de la iniciativa, señaló que las propias agrupaciones ganaderas del estado han pedido frenar la entrada de reses provenientes de países centroamericanos, así como detener el tráfico ilegal de animales posiblemente infectados que ponen en riesgo la bioseguridad nacional.

La petición exhorta al Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a implementar medidas urgentes para detener el movimiento de ganado del sur hacia el norte del país.

El legislador panista, representante del Distrito XIV con cabecera en Cuauhtémoc, advirtió que las importaciones de ganado centroamericano no solo implican riesgos sanitarios, sino que también generan competencia desleal, provocando una caída de hasta el 40 por ciento en los precios del ganado nacional.

Mireles Corral aclaró que la finalidad de la propuesta no es aislar al país de sus vecinos, sino establecer un mecanismo precautorio excepcional ante una amenaza sanitaria grave, mientras se fortalecen los controles internos.

“Estamos del lado de nuestros productores, impulsando acuerdos y coordinando acciones para garantizar la sanidad del hato ganadero y pugnar por la pronta reactivación de las exportaciones”, declaró el legislador.

El gusano barrenador, un año después

La exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, una de las actividades más relevantes del sector primario en las entidades fronterizas, ha estado total o parcialmente suspendida desde finales de 2024, tras la detección del GBG en territorio nacional.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció la reanudación parcial de importaciones de ganado vacuno y bisonte procedentes de México en febrero de 2025.

El 5 de febrero se realizó el primer envío de 500 cabezas desde el puerto fronterizo de San Jerónimo, Chihuahua, y un día después se exportaron 378 becerros y hembras desde Agua Prieta, Sonora.

No obstante, autoridades estatales y agrupaciones ganaderas han denunciado pérdidas millonarias, debido a que gran parte del hato destinado a exportación permanece en territorio nacional.

El 30 de junio, la USDA anunció una reapertura parcial (“phased reopening”) de algunos puertos fronterizos a partir del 7 de julio, condicionada a que México mantuviera estrictas medidas de control sanitario y vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, el 10 de julio se detectó un nuevo caso de GBG en el estado de Veracruz, lo que provocó un nuevo cierre de la frontera.

El Gobierno de Chihuahua ha gestionado la reapertura total mediante la aplicación de protocolos sanitarios y la acreditación de veterinarios especializados, pero el cierre continúa.

En octubre se confirmaron tres nuevos casos: dos en Nuevo León, a menos de 200 kilómetros de la frontera con Laredo, Texas, y uno más en Querétaro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en sus conferencias matutinas que la exportación de ganado podría reanudarse en noviembre próximo, aunque la USDA no ha emitido aún una postura oficial al respecto.

El Congreso del Estado de Chihuahua exhortó a los tres poderes del Estado, organismos públicos y ayuntamientos a emprender campañas de recolección de víveres, artículos de primera necesidad y materiales de apoyo para las familias afectadas por las inundaciones registradas en Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes.

La propuesta, presentada por la diputada Irlanda Márquez Nolasco (PT) y expuesta en tribuna por la legisladora Nancy Frías, subrayó la grave situación que atraviesan ambas regiones tras las intensas lluvias provocadas por los remanentes de la tormenta tropical Raymond.

De acuerdo con el planteamiento, las precipitaciones ocasionaron daños materiales severos, colapso de viviendas y vehículos arrastrados, además de la lamentable pérdida de una vida humana. La legisladora señaló que la emergencia ha afectado profundamente la infraestructura urbana, los servicios públicos y la seguridad patrimonial de miles de familias, sobre todo en las zonas más vulnerables.

Informes de medios locales reportan que el desbordamiento del río Casas Grandes agravó el panorama, afectando viviendas, vialidades y cultivos, lo que ha generado una urgente necesidad de coordinar acciones humanitarias y de reconstrucción en la región norte del estado.

El Congreso hizo un llamado a sumar esfuerzos sin distinciones partidistas, convocando a la ciudadanía, instituciones y funcionarios públicos a participar voluntariamente en las campañas de acopio.

Asimismo, se propuso la instalación de centros de recolección temporales en dependencias estatales y municipales, con mecanismos de transparencia en la recepción, registro y entrega del material donado.

“Es momento de mostrar solidaridad y trabajar unidos para ayudar a las familias que hoy enfrentan esta tragedia”, expresó la diputada Nancy Frías al presentar la iniciativa.

El Congreso del Estado de Chihuahua presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para expedir la Ley General para la Cultura de Paz y Reconciliación, cuyo propósito es establecer las bases jurídicas que fomenten la convivencia armónica, la resolución pacífica de conflictos y la reconciliación social en México.

El documento define los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los principios que regirán las políticas públicas en la materia.

Entre las acciones previstas se incluye el fomento de la cultura de la paz en los ámbitos social, educativo, policial y judicial, así como la prevención social de la violencia y la delincuencia.

La propuesta contempla la creación del Programa Nacional para la Cultura de la Paz y Reconciliación, y designa al Consejo Nacional de Seguridad Pública como la instancia encargada de coordinar y definir la política nacional en este ámbito.

Asimismo, prevé la formación de una Comisión Permanente para la Cultura de la Paz, con facultades para impulsar la cooperación interinstitucional y promover el intercambio de experiencias con organizaciones civiles, instituciones académicas y redes especializadas.

La diputada Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, explicó que la iniciativa busca construir una sociedad más inclusiva, tolerante y resiliente, capaz de generar condiciones de estabilidad y bienestar para todos sus integrantes.

De acuerdo con el proyecto, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios deberán promover activamente la cultura de la paz y la reconciliación a través de sus dependencias y programas.

Entre sus objetivos destacan garantizar la convivencia armónica entre grupos sociales, fomentar el respeto mutuo, la igualdad y la justicia, y fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia.

El sustento de la iniciativa se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en un entorno de paz, seguridad y convivencia armónica.

Ortega Máynez subrayó que el proyecto pretende impulsar una cultura de paz “frente a la violencia que lastima al país”, y enfatizó que “la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia constante de valores como el diálogo, el respeto y la reconciliación”.

Finalmente, los artículos transitorios del proyecto establecen que las legislaturas locales y la Cámara de Diputados deberán emitir las normas necesarias y prever los recursos presupuestales para aplicar la nueva ley.

Además, el Estado mexicano, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrá un plazo máximo de diez años para capacitar y certificar al personal del sector público en los principios de la cultura de paz y reconciliación.

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