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La diputada federal por Chihuahua, Lilia Aguilar Gil (PT), presentó una iniciativa para dotar de vivienda a policías y demás trabajadores de seguridad pública, ya que la mayoría de ellos no son sujetos de crédito por vivir debajo de la línea de pobreza.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora chihuahuense señaló que casi el 70 por ciento de los elementos de las policías locales perciben salarios menores a 16 mil pesos mensuales, cantidad equivalente a menos de dos salarios mínimos.

Por esa razón, ocho de cada diez agentes de seguridad pública no cuentan con crédito de vivienda ni con seguridad social adecuada, lo que los coloca en situación de pobreza patrimonial, “a pesar de desempeñar una labor de alto riesgo”, dijo Aguilar Gil.

“Es muy triste decir que en este país una gran parte de los policías municipales enfrenta condiciones laborales precarias; por ejemplo, el 51.6 por ciento ni siquiera cuenta con seguro de vida, y solo el 7.6% tiene acceso a un crédito para vivienda”, añadió.

La propuesta de la diputada petista contempla reformar el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, seguridad social y prestaciones laborales para las y los policías de los tres órdenes de gobierno.

Con ello, se busca garantizar, entre otras cosas, seguro de vida e invalidez, créditos para vivienda, un fondo de ahorro para el retiro y prestaciones laborales justas.

Por último, Aguilar alertó que cada día es asesinado un policía en México, y que Chihuahua es uno de los estados más afectados por esta violencia. Frente a esta realidad, dijo, el Partido del Trabajo considera urgente revertir el abandono institucional y dignificar la labor policial como parte de una estrategia efectiva de reclutamiento, permanencia y justicia social.

La carretera que conecta a los estados de Chihuahua y Sonora lleva un avance del 49 por ciento y estaría concluida en diciembre de este año, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal.

El titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina informó que la construcción de la obra quedará concluida en los tiempos que se tenían contemplados.

El proyecto contempla siete puentes y dos en tronques, informó el funcionario, quien agregó que van “muy avanzados” los trabajos de terracería y el montaje de las trabes en los puentes.

Incluso, hay tramos donde ya se ha colocado recubrimiento en lo que será la superficie de rodamiento.

“Está avanzando bien, a pesar de lluvias y de algunas contingencias hemos este recuperado los tiempos”, comentó Esteva, acerca de la carretera que unirá a Sonora con Chihuahua.

La obra es un eje prioritario del Gobierno de México con 67 kilómetros de construcción nueva, 114 kilómetros de modernización, siete puentes, dos entronques y dos carriles por sentido, con una inversión de mil 859 millones de pesos.

Dicha carretera ha sido catalogada por la SICT como una de las obras es clave para fortalecer la conectividad entre Chihuahua y Sonora, facilitar el transporte de mercancías y mejorar la movilidad de las comunidades rurales de la región serrana.

La dependencia federal ha anunciado que se contempla una inversión global de 112 mil 173 millones de pesos, para construir 10 ejes carreteros prioritarios en 14 estados del país, entre los que destaca la modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, que conecta a Sonora con Chihuahua.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Saúl Mireles Corral, se pronunció en contra de la propuesta de Morena para que los regidores de los 67 ayuntamientos de Chihuahua sean elegidos de manera individual.

El legislador argumentó que ese modelo incrementaría los costos del proceso electoral y que, en los estados donde ya se aplica, no ha generado resultados favorables. Citó el caso de Nayarit, donde —dijo— la administración municipal se ha vuelto más complicada desde que se instauró ese sistema.

En sentido contrario a la iniciativa de Morena, Mireles planteó que se elimine la elección directa de síndicos y que esa figura se integre a la misma planilla del Ayuntamiento.

Explicó que esta modificación permitiría que la presidencia municipal y la sindicatura provengan del mismo partido político, además de que contribuiría a que la función del síndico sea más técnica que política.

Defiende mantener el número actual de regidores

Respecto a la reducción de regidurías que impulsa Morena, el diputado panista consideró que Juárez y Chihuahua deben conservar sus 20 regidores actuales, debido a su densidad poblacional que supera el millón de habitantes.

Añadió que municipios como Cuauhtémoc, que también han crecido significativamente, deberían conservar una representación proporcional a su número de habitantes.

Morena propone reducir en 49 por ciento el total de regidores en el estado —de 712 a 360—, lo que dejaría a Juárez y Chihuahua con 16 cada uno, mientras que los municipios de menor población contarían con un máximo de cuatro.

En una sesión extraordinaria celebrada la noche del jueves, el Congreso peruano aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, con una abrumadora mayoría de 124 votos a favor y ninguno en contra.

La decisión pone fin a un gobierno marcado por la crisis política, el descrédito social y una creciente inseguridad en todo el país.

Minutos después de la votación, José Enrique Jerí Oré, entonces presidente del Congreso, juró como nuevo jefe de Estado para completar el mandato que concluirá en julio de 2026.

Las elecciones generales siguen programadas para abril del próximo año.

El argumento: incapacidad moral y pérdida de control político

El Congreso sustentó la vacancia en una serie de acusaciones éticas y legales contra Boluarte, incluyendo el llamado “Rolexgate” —por presunto uso de relojes de lujo no declarados—, la falsificación de firmas en documentos oficiales y el ocultamiento de su incapacidad médica temporal.

Además, la ya exmandataria enfrentaba una profunda crisis de legitimidad: su aprobación ciudadana cayó a menos del 3 por ciento, según las últimas encuestas, mientras las protestas sociales y el descontento por el aumento de la violencia urbana crecían en Lima y otras regiones.

Boluarte había resistido al menos seis mociones de vacancia previas, pero perdió el respaldo de los partidos que la sostenían cuando se volvió un pasivo político frente a las elecciones de 2026.

Quién es José Jerí Oré

El nuevo mandatario, José Enrique Jerí Oré, tiene 38 años, es abogado y militante del partido Somos Perú. Fue elegido congresista en 2021 por Lima y asumió la presidencia del Congreso en julio de este año.

Tras jurar como presidente, Jerí prometió encabezar “un gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional”, aunque su designación ya genera debate por su falta de trayectoria y por una denuncia de agresión sexual que fue archivada en 2025.

Un país al borde del colapso social

La salida de Boluarte ocurre en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. En los últimos meses, Perú ha registrado un aumento alarmante de homicidios y extorsiones, especialmente en Lima, donde transportistas y comerciantes han protagonizado paros y protestas por la ola de asesinatos.

Organismos internacionales han advertido sobre la fragilidad institucional del país andino, que ha tenido seis presidentes en menos de una década, reflejo de la inestabilidad política que mantiene a Perú en una crisis casi permanente.

Un nuevo capítulo en la inestabilidad peruana

Con la llegada de José Jerí, Perú abre un nuevo capítulo en su accidentada vida democrática.

Su principal reto será restablecer el orden público, recuperar la confianza ciudadana y conducir un proceso electoral transparente en abril de 2026.

Mientras tanto, Dina Boluarte se convierte en la sexta mandataria destituida en 20 años, sumándose a una lista que evidencia la inestabilidad crónica del país sudamericano.

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