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La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ), Marcela Herrera Sandoval, advirtió que el proyecto de reformas a la Ley de Amparo, actualmente en discusión en el ámbito federal, representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y fue elaborado sin un debate amplio y transparente.

“Este debate a la Ley de Amparo se dio en un marco de agilidad jurídica, con rapidez que no corresponde a la trascendencia del tema”, señaló la magistrada al subrayar que una modificación de fondo requería foros de discusión no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados del país.

Sin debate nacional

Herrera consideró que la propuesta reduce los alcances del amparo y limita la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan defenderse frente a actos de autoridad.

“Se disminuyen los derechos hacia las y los ciudadanos, y esto pone muy en riesgo lo que es esta figura, que durante muchos años protegió a los individuos frente a arbitrariedades”, expresó.

En su mensaje ante medios de comunicación de la capital del estado, la presidenta del TSJ insistió en que la reforma no es un asunto exclusivo de abogados o jueces, sino que debe involucrar a la sociedad en general.

La nueva Ley de Amparo, como está contemplada, disminuye los derechos de las y los ciudadanos y pone “muy en riesgo lo que es esta figura que durante muchos años protegió a los individuos, y sobre todo frente a actos de autoridad sobre los ciudadanos”, subrayó.

Riesgo al Estado de derecho

“Este tema es de todos los ciudadanos, en donde debemos exigir a nuestros legisladores un debate serio y no una reforma al vapor o a lo oscurito, cuando se trata de derechos fundamentales”, concluyó.

Herrera Sandoval convocó a la ciudadanía a mantenerse atenta y a exigir un análisis exhaustivo en el Congreso de la Unión, pues consideró que la propuesta “puede vulnerar gravemente el estado de derecho en México”.

Finalmente, aclaró que la discusión sobre la Ley de Amparo no debería justificarse como parte de la reforma al Poder Judicial, ya que, a su juicio, se trata de procesos distintos que no deben confundirse.

Con una inversión de 315 millones de pesos, entraron en operación 40 unidades de última generación que reforzarán el sistema de transporte público Bowí en la ciudad de Chihuahua. El objetivo es ofrecer a los usuarios un servicio seguro, moderno y digno, con equipamiento adaptado a personas con discapacidad y tecnologías que incrementan la seguridad de los traslados.

Los nuevos autobuses incluyen:

•⁠ ⁠Aire acondicionado, GPS y cámaras de vigilancia.

•⁠ ⁠Pisos con relieve y tubos en braille para personas con discapacidad visual.

•⁠ ⁠Espacios adaptados para sillas de ruedas.

•⁠ ⁠Sistema de seguridad con botón de pánico, monitoreo GPS en tiempo real y cámaras inteligentes que detectan distracción o cansancio en el operador.

•⁠ ⁠“Cuentapersonas” con inteligencia artificial para medir la demanda de usuarios y optimizar la operación.

•⁠ ⁠Iluminación LED, 18 puertos USB y asientos ergonómicos.

Cuatro de las unidades estarán destinadas de manera exclusiva a la ruta UACH-Bowí, para estudiantes universitarios.

Al encabezar la presentación de las nuevas unidades, la gobernadora Maru Campos subrayó que la movilidad, junto con la salud, la educación y la alimentación, debe considerarse un derecho y no un privilegio.

“Estamos trabajando para que cada peso que la ciudadanía deposita en sus autoridades se convierta en servicios que respeten la dignidad de las personas”, afirmó.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, aseguró que la entrada en operación de los nuevos autobuses marca el inicio de una nueva etapa para la capital.

“Cada unidad representa confianza, tranquilidad y oportunidades para quienes todos los días utilizan el transporte público”, expresó.

La diputada Edith Palma Ontiveros (Morena) presentó ante el Congreso una iniciativa con carácter de decreto para reformar disposiciones del Código Penal, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley Estatal de Educación.

La reforma que propuso la legisladora morenista contempla establecer una penalidad de 60 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual asciende a 6 millones 788 mil 400 pesos.

Además, con la modificación al artículo 360 del Código Penal, quien provoque dolosamente un incendio en terreno forestal que cause daño ambiental será sancionado con una pena de dos a seis años de prisión, más el pago de la multa antes mencionada.

En caso de que el incendio en un terreno forestal sea provocado de manera imprudencial y cause daño ambiental, se aplicará una pena de seis meses a dos años de prisión.

Asimismo, los responsables penalmente estarán obligados a llevar a cabo de manera inmediata la restauración forestal de la superficie afectada, concluyó la legisladora por Morena.

La diputada originaria de Guachochi expuso que Chihuahua es primer lugar en superficie forestal en el país, con 18.8 millones de hectáreas, destacando bosques de coníferas, encinos, especies mixtas y arbustos de pequeña talla. Señaló que, al ser un territorio con vocación forestal, datos oficiales apuntan que ejidos, comunidades y colonias poseen el 63.2 por ciento de los bosques del estado; el resto corresponde a propiedad privada y un menor porcentaje a propiedad nacional.

“Lo cierto es que pareciera que no tenemos claro el enorme riesgo en que ponemos, no solamente la riqueza forestal de la sierra de Chihuahua y sus enormes y variados recursos, sino también la vida de las personas”, dijo la legisladora.

Agregó que la zona boscosa del estado ya enfrenta amenazas derivadas del aumento de las temperaturas, el cambio en el patrón de lluvias y períodos de sequía cada vez más prolongados, lo cual pone a los bosques en condiciones propicias para sufrir incendios.

Número 1 en incendios forestales

Entre enero y septiembre de 2025, Chihuahua fue el estado con mayor afectación en áreas forestales del país, con 595 incendios que dañaron 203 mil 304.59 hectáreas, según el reporte semanal de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

De esos 595 incendios registrados, al menos el 24.5 por ciento fue causado de manera intencional, un 42 por ciento por actividades agrícolas y el resto por diversas causas, como fogatas, actividad de fumadores, quema de basureros o residuos de festividades.

Los municipios más afectados han sido Guadalupe y Calvo, Madera, Guachochi, Balleza, Bocoyna, Morelos y Moris.

En su redacción actual, el Código Penal del Estado establece sanciones únicamente a quien inicie un incendio con dolo para afectar el patrimonio forestal. En esos casos se imponen penalidades de dos a seis años de prisión y multa de 300 a tres mil UMAS, equivalente a 33 mil 942 pesos.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ), Marcela Herrera Sandoval, aseguró que no existe riesgo de renuncias masivas entre los jueces recién electos, luego de la dimisión de la jueza María Cristina del Rosario Berjes Cardozo, quien dejó su cargo apenas un mes después de haber rendido protesta.

Berjes Cardozo fue electa en los comicios judiciales del 1 de junio de 2025 y asumió funciones como jueza penal del Distrito Morelos el 1 de septiembre; sin embargo, presentó su renuncia al Congreso del Estado el 30 de septiembre, convirtiéndose en el primer caso de dimisión entre los nuevos juzgadores designados por elección popular.

Cuestionada sobre la posibilidad de que otros jueces sigan el mismo camino, la magistrada presidenta respondió:

“Hasta ahorita no tenemos conocimiento de esa información. El compromiso de las y los jueces ha sido extraordinario, incluso en días inhábiles están acudiendo a trabajar y capacitándose de manera constante a través del INFORAD. Han mostrado gran responsabilidad y compromiso con la labor que asumieron”, afirmó.

Herrera Sandoval sostuvo que el Poder Judicial está brindando acompañamiento, capacitación continua y todas las herramientas necesarias para garantizar que la impartición de justicia sea de calidad para las y los chihuahuenses.

En otros temas, la presidenta del TSJ aclaró que el proceso que involucra a un familiar de una magistrada aún no concluye y que deberá agotarse en segunda instancia e incluso podría llegar a la vía federal. Asimismo, explicó que los beneficios de preliberación, cuestionados en casos recientes, son derechos establecidos en la Constitución, pero deben otorgarse únicamente cuando se cumplan todos los requisitos legales, incluyendo el pago de la reparación del daño a las víctimas.

Finalmente, informó que tras el proceso de entrega-recepción se instruyó al órgano administrativo del Tribunal revisar de manera prioritaria las condiciones de seguridad del edificio sede, lo cual ya está siendo atendido por especialistas.

“De verdad creo que se están haciendo bien las cosas y seguiremos avanzando con ese compromiso que tiene el Poder Judicial”, concluyó.