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Con siete casos registrados, el estado de Chihuahua se ubicó por segundo día consecutivo como el más violento del país, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.

El domingo 26 también se situó en el tope de la tabla de los estados con más homicidios dolosos, con nueve casos en total.

Ese día se presentaron sucesos como los homicidios múltiples ocurridos en el municipio de Guachochi, donde murieron cinco personas y otras más resultaron heridas.

Los informes diarios sobre la incidencia de homicidios indican que Chihuahua ha sido la entidad con el mayor número de pérdidas humanas a causa de la violencia en siete días del presente mes: miércoles 1, viernes 2, martes 7, viernes 17, jueves 23, domingo 26 y lunes 28.

En la última semana y el inicio de la presente, ocurrieron algunos de los eventos violentos de mayor trascendencia, como los ataques armados en Guachochi, cuyo saldo fue de al menos siete personas muertas y siete lesionadas.

Este lunes, en Ciudad Juárez, se reportaron ataques con tres jóvenes ejecutados la noche del 27 de octubre; varios medios locales difundieron la agresión, ocurrida en la vía pública y frente a familiares.

En días previos, durante la semana anterior, ocurrió un ataque en el municipio de San Francisco de Borja, con un saldo de tres personas asesinadas, dos viviendas incendiadas y vehículos calcinados.

Con los casos de este lunes, la entidad alcanzó ya los 99 homicidios registrados en el mes, cifra que la ubica en el cuarto lugar nacional, por debajo de Guanajuato (116), Sinaloa (112) y el Estado de México (107).

Numeralia de la violencia en Chihuahua

• 2 días consecutivos como el estado más violento del país

• 7 ocasiones en octubre encabezando el conteo nacional de homicidios dolosos

• 7 asesinatos registrados el lunes 28 de octubre

• 9 homicidios el domingo 26, también primer lugar nacional

• 99 víctimas en total durante octubre

• 4° lugar nacional en homicidios acumulados del mes

• 116 homicidios en Guanajuato, el estado con más asesinatos del país

• 112 en Sinaloa y 107 en el Estado de México

• 7 muertos y 7 heridos en los ataques de Guachochi

• 3 jóvenes ejecutados la noche del 27 en Ciudad Juárez

La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) denunció el colapso de la seguridad en la Sierra Tarahumara, tras la ola de asesinatos ocurrida el pasado fin de semana en Guachochi y San Francisco de Borja, donde 23 personas fueron ejecutadas y varias viviendas y vehículos fueron incendiados.

En un comunicado difundido ayer lunes, la organización advirtió que el Estado mexicano ha perdido la capacidad de controlar al crimen organizado, mientras las comunidades serranas viven sitiadas por la violencia y abandonadas por las instituciones.

“A los pueblos de la Sierra llegan los balazos, los incendios y los robos del precario patrimonio, pero nunca llegan la justicia ni la paz”, señaló la Cosyddhac.

Crisis prolongada y omisión oficial

La organización, con más de 40 años de trabajo en defensa de los derechos humanos en Chihuahua, consideró “inaceptable” la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho básico a la vida, la integridad física y la paz de las comunidades serranas.

“Al dolor de las comunidades se suma la indignación que sentimos ante la incapacidad de las autoridades por garantizar a la ciudadanía el respeto a la vida, a la integridad física y a vivir en paz, libres de toda violencia”, expresó la Cosyddhac.

El comunicado recordó que, apenas unos días antes de la masacre del fin de semana, también en Guachochi fueron localizados los cuerpos de tres personas ejecutadas, lo que evidencia una escalada de ataques continuos contra familias y comunidades inocentes.

“Mientras los gobiernos se conforman con sacudirse la responsabilidad entre ellos y publicitar reuniones o detenciones, la realidad en la Sierra Tarahumara se deteriora entre balaceras, incendios intencionales, desplazamientos forzados y amenazas”, señaló el pronunciamiento.

“El Estado ha perdido la capacidad de controlar la delincuencia”

La Cosyddhac afirmó que el Estado mexicano “ha perdido la capacidad de controlar la delincuencia”, al menos en sus expresiones más violentas, y que el crimen organizado se ha empoderado como un poder fáctico en diversas regiones del país.

El comunicado sostiene que ninguna institución de seguridad enfrenta eficazmente a los grupos criminales y advierte que incluso las fuerzas armadas “se han convertido en parte del problema y no en la solución”, al haber adquirido poder e incurrido en redes de corrupción.

“¡Basta de echarse la responsabilidad de un gobierno a otro! ¡Basta de fotos y declaraciones autocomplacientes!”, exigió la organización civil.

Exigen un plan de justicia y paz

Cosyddhac expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por la violencia y exigió la implementación inmediata de un Plan de Justicia y Paz con participación directa de los pueblos serranos.

Dicho plan —propuso la organización— debe incluir metas claras, medibles y evaluables públicamente, que atiendan tanto las manifestaciones visibles de la violencia como sus causas estructurales: la marginación, la pobreza y la ausencia del Estado de derecho.

Asimismo, manifestó su respaldo al obispo Juan Manuel González Sandoval, titular de la Diócesis de la Tarahumara, así como al clero y agentes pastorales que han mantenido una postura activa en favor de la paz y la justicia.

La Comisión cerró su posicionamiento con un exhorto directo a las autoridades federales, estatales y municipales.

“Por el fin de la impunidad, por una justicia eficaz y radical que fundamente la verdadera paz para los pueblos de la Tarahumara”, sentenció.

La indignación y el dolor marcaron este lunes a la comunidad educativa y a la población de Guachochi, luego del asesinato del profesor Luis Ever, maestro de la primaria Timoteo Martínez, quien perdió la vida durante un ataque armado ocurrido el pasado fin de semana en la región serrana.

De acuerdo con información publicada por El Monitor de Parral, el docente fue atacado junto con su familia cuando un grupo de delincuentes confundió el vehículo en el que viajaban con el de un grupo rival.

El profesor fue una de las víctimas del ataque perpetrado en Guachochi el 26 de octubre pasado, cuyo saldo, hasta este lunes es de cinco personas asesinadas: Alicia B. T., de 43 años; Roberto R. R., de 39; además del propio Luis Ever, y otras dos personas del sexo masculino que permanecen sin identificar. En otro punto de la zona, la FGE Zona Sur encontró los cuerpos de dos víctimas más.

El ataque dejó además siete personas heridas, entre ellas un bebé de dos años.

El hecho desató un profundo reclamo ciudadano ante la violencia y la impunidad que prevalecen en el municipio.

“El miedo dicta el toque de queda de nuestras familias”

A través de una carta abierta difundida en redes sociales, el profesor Javier González, director de la primaria Timoteo Martínez, expresó su indignación por el crimen y el sentimiento de desprotección que se vive en la sierra.

“Qué impotencia da saber que estamos desprotegidos por quienes deberían cuidar al pueblo y a la ciudadanía.

La noche de ayer la verdad se impuso con una crudeza insoportable; múltiples personas perdieron la vida y perdimos a un pilar de nuestra comunidad, arrebatado por la brutalidad de un grupo del crimen organizado”, dijo.

“Minimizar los hechos es trivializar la muerte de nuestro profesor y el sufrimiento de cada persona herida. La paz no se decreta; se construye con seguridad, y la seguridad comienza con el reconocimiento honesto del problema.”

El director advirtió que “la sierra, que debería ser un refugio de cultura y naturaleza, se ha convertido en una zona de disputa donde el miedo dicta el toque de queda de nuestras familias”, y que la muerte del maestro Luis Ever representa el símbolo trágico del fracaso de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora.

Docentes y ciudadanos exigen respuestas

En respuesta al crimen, un contingente de alrededor de un centenar de maestros y directivos del subsistema estatal, federal e indígena se manifestó frente a la Presidencia Municipal de Guachochi, reportó El Monitor de Parral.

Con cartulinas que decían “Ninguna vida más por la violencia” y “Exigimos poder vivir en paz”, los docentes realizaron una protesta pacífica vigilada por elementos del Ejército, quienes inicialmente les pidieron retirarse, aunque finalmente permitieron el acto tras un breve diálogo.

Durante la manifestación, el alcalde José Miguel Yáñez estableció comunicación con los participantes y acordó integrar un comité de siete profesores para sostener una reunión con él en su despacho.

De forma paralela, decenas de ciudadanos se congregaron a las afueras de la funeraria Guemar, donde fueron veladas las víctimas del ataque. Este lunes al mediodía se programó una misa de cuerpo presente en memoria del profesor Luis Ever, cuyo cuerpo será trasladado a la comunidad de Cieneguitas, de donde era originario.

Operativo y hallazgos

Mientras la población exigía justicia, la Policía Estatal desplegó un operativo en la zona serrana, en el que aseguró dos vehículos —uno de ellos con blindaje artesanal— y dos armas largas.

Entre las unidades incautadas se encuentra una camioneta Cherokee negra, modelo 2011, con número de serie alterado, localizada a corta distancia de donde se presume que operaban integrantes de un grupo criminal.

El aseguramiento, forma parte de los patrullajes iniciados tras la ola de violencia registrada durante el fin de semana, que ha dejado múltiples víctimas en la región sur del estado.

La carta del profesor Javier González, convertida en un manifiesto ciudadano, resume el sentir de una región que clama por justicia y por el derecho más básico: vivir sin miedo.

El Congreso del Estado rendirá un homenaje póstumo al diputado Luis Fernando Chacón Erives, quien falleció el domingo 26 de octubre a causa de un padecimiento cardíaco.

El legislador, quien representó al Distrito XIII, con cabecera en el municipio de Guerrero, del cual también fue alcalde, presidía la Comisión de Recursos Forestales del Congreso y, adicionalmente, se desempeñaba como subcoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Chacón Erives integró la Diputación Permanente en el periodo anterior y formó parte de las comisiones de Energía, Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable; Feminicidios; Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo; Turismo; y Desarrollo Rural y Ganadería.

En un comunicado, el Congreso destacó la labor del legislador como defensor de los bosques del estado. En ese sentido, promovió la dignificación del trabajo de los combatientes del fuego y la dotación de insumos a brigadistas durante la prolongada contingencia por los incendios forestales de 2025.

Durante los últimos meses, trabajó intensamente como parte medular del esfuerzo colectivo de la región de Guerrero para la construcción de la presa “La Sombra”. Asimismo, impulsó una iniciativa para incrementar los recursos destinados a la atención de víctimas de la violencia.

Reacomodo de fuerzas: suplente es del PAN

Tras el fallecimiento de Chacón Erives, el Congreso llamará a su suplente para ocupar la curul y completar así el cuerpo legislativo integrado por 33 diputados, ya sea por la vía de mayoría relativa o de representación proporcional.

En el caso del Distrito XIII, el suplente es Jaime Torres Amaya, expresidente municipal de Madera y militante del Partido Acción Nacional (PAN). Actualmente se desempeña como titular de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales (Dadyat) de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech).

Hasta el momento, el Congreso no ha informado cuándo será convocado Torres Amaya para rendir protesta y asumir el cargo de diputado.

Con su incorporación, el Grupo Parlamentario del PAN podría aumentar de 12 a 13 integrantes, mientras que la bancada del PRI quedaría reducida a solo tres miembros.