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La clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva por parte del presidente de Estados Unidos marca un giro hacia un lenguaje de guerra que, de acuerdo con la académica Guadalupe Correa, implica una amenaza para México al legitimar posibles acciones unilaterales más allá de sus fronteras.

En entrevista con Norte Digital, la experta en temas binacionales señaló que se están “viviendo momentos muy complicados”, ya que este tipo de discusiones a nivel internacional sobre acciones unilaterales impulsadas desde Washington “nos dejan a todos un poco sorprendidos”.

Las armas de destrucción masiva que nunca encontraron

Correa recordó que previamente algunos cárteles mexicanos ya fueron designados como organizaciones terroristas internacionales mediante una acción ejecutiva, una medida que de entrada no tiene efectos extraterritoriales. Sin embargo, subrayó que históricamente Estados Unidos ha realizado incursiones en otros países sin contar con autorizaciones formales.

Citó los casos de Afganistán e Irak, particularmente este último, donde bajo el argumento de una “guerra contra el terrorismo” se ordenó una incursión militar en 2003, con la justificación de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva.

Explicó que en ese momento se legitimaron dichas acciones bajo el argumento de que Estados Unidos había sido atacado tras la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001.

“La incursión en Irak se justificó por la supuesta presencia de armas de destrucción masiva y esas armas nunca se encontraron”, señaló.

Consideró que, de acuerdo con el discurso actual de Donald Trump, ahora las armas de destrucción masiva serían las dosis de fentanilo, en una narrativa similar a la utilizada en aquel entonces para justificar acciones militares.

Laboratorios de fentanilo en México

La académica explicó que el propio gobierno de México ha reconocido que el fentanilo se produce en territorio nacional, por lo que resulta imposible negar su existencia cuando se ha informado públicamente sobre el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

“Estamos en una era sin precedentes, en la que hablamos de denominaciones que provienen directamente del Ejecutivo, de una concentración del poder en el Ejecutivo, de órdenes ejecutivas y de declaraciones del presidente de Estados Unidos”, subrayó.

Destacó que, para que se concrete una incursión militar en otros países, el presidente estadounidense requiere autorización del Congreso. No obstante, advirtió que el lenguaje que se está utilizando apunta a un escenario distinto.

Enfatizó que se observa un discurso cada vez más beligerante, incluso con referencias al Departamento de Guerra, donde “parecería que se está preparando una incursión militar”.

Añadió que Estados Unidos primero clasificó a algunos cárteles como organizaciones terroristas internacionales y ahora al fentanilo como un arma de destrucción masiva, lo que implicaría consecuencias mucho más severas para quienes fomenten, financien o apoyen —ya sea de manera estratégica o material— la producción de esta sustancia.

Por ello, señaló, ya se habla con mayor frecuencia de la cancelación de visas o del congelamiento de activos a extranjeros relacionados con estos temas.

Trump y la doctrina Monroe

Más allá de si Donald Trump está preparando o no una incursión en otros países, o de si el Congreso le otorgaría autorización, Correa advirtió que este tipo de lenguaje ya está legitimando posibles acciones.

“Yo lo veo como algo que abona al lenguaje de guerra y a la denominación de los cárteles como organizaciones terroristas internacionales; es simplemente un paso más, pero el lenguaje preocupa”, sostuvo.

La académica consideró que existe una clara “retórica de guerra”, en la que no se descarta que se estén preparando acciones unilaterales, incluso “anticonstitucionales”, dentro del propio territorio estadounidense.

Agregó que continúa el debate sobre la legalidad de la movilización de barcos en aguas internacionales para cercar a Venezuela, pese a que no se ha declarado formalmente una guerra contra ese país.

“Definitivamente es una amenaza: una amenaza para Venezuela y una amenaza para México”, enfatizó.

Finalmente, señaló que se observa un énfasis en la doctrina Monroe, en la que Donald Trump buscaría que América sea para los americanos, pero no en un sentido amplio, sino exclusivamente para Estados Unidos, lo que implicaría desplazar la influencia de otras potencias, principalmente China y Rusia.

Recalcó que una eventual presencia militar en otros países podría estar vinculada con ese objetivo, aunque aclaró que aún es prematuro anticipar qué acciones concretas podrían materializarse.

Conclusión

Para Guadalupe Correa, más allá de si el discurso de Donald Trump se traduce o no en una acción militar concreta, el verdadero riesgo ya está presente: la normalización de un lenguaje de guerra que legitima decisiones unilaterales y amplía el margen de acción del Ejecutivo estadounidense. En ese escenario, México queda expuesto no solo como parte del problema en la narrativa oficial, sino como un posible objetivo dentro de una estrategia que reconfigura la relación bilateral bajo parámetros de presión, amenaza y fuerza.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, obtuvo una sentencia condenatoria de 14 años y dos meses de prisión contra Eduardo “A”, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena, delito contra la seguridad pública en su modalidad de fuga de persona agravada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con información confirmada por la autoridad y reportes periodísticos, en agosto de 2024 el hoy sentenciado fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por posesión de clorhidrato de metanfetamina.

Ya bajo custodia policial y en el contexto de su puesta a disposición ante la autoridad federal, Eduardo “A” logró zafarse de las esposas y apoderarse de un arma larga tipo fusil, con cargador abastecido con 30 cartuchos útiles, con la que disparó contra elementos policiales.

Durante la agresión, el imputado provocó daños en instalaciones de la FGR en Chihuahua, así como en diversos vehículos oficiales, hasta que fue finalmente sometido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, que integró la carpeta de investigación correspondiente.

En audiencia, una jueza federal especializada en el Sistema Penal Acusatorio determinó imponer al acusado una pena de 14 años y dos meses de prisión, además de una sanción económica equivalente a 264 Unidades de Medida y Actualización (UMA), al acreditarse plenamente su responsabilidad penal.

El Gobierno federal dio un giro de fuerza en la regulación del armamento al actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para enfrentar dos tecnologías que el crimen organizado había aprovechado sin freno: drones convertidos en armas y piezas letales fabricadas con impresoras 3D.

La reforma —publicada en el Diario Oficial de la Federación— prohíbe de manera explícita la fabricación, venta y portación de armas 3D, artefactos sin número de serie y prácticamente imposibles de rastrear, que en los últimos años comenzaron a circular en mercados clandestinos.

Pero el punto más contundente es la incorporación, por primera vez, de sanciones penales para quienes modifiquen drones con fines violentos o tácticos.

El nuevo marco legal castiga:

•⁠  ⁠Drones cargados con explosivos o artefactos incendiarios, una práctica ya documentada en zonas de guerra criminal como Tierra Caliente.

•⁠  ⁠Drones usados para vigilar a fuerzas federales, marcar rutas o coordinar ataques.

•⁠  ⁠Adaptaciones para arrojar armas, drogas o dispositivos caseros sobre objetivos específicos.

•⁠  ⁠Operaciones en instalaciones estratégicas como cuarteles, aeropuertos o fronteras.

El Gobierno reconoce que estos dispositivos han sido utilizados por grupos criminales para superar barreras de seguridad, lanzar explosivos a distancia y operar con ventaja táctica, sin exponerse directamente.

Con esta reforma, drones y armas 3D dejan de moverse en un “limbo jurídico”. La ley ahora permite perseguir penalmente su fabricación, modificación y uso, equiparándolos a armas convencionales.

Además, se refuerza el Registro Federal de Armas a cargo de la Sedena y se prohíben dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas, otro mecanismo usado por células delictivas en la frontera norte.

El endurecimiento legal responde a un diagnóstico claro: el crimen organizado había encontrado en la tecnología un campo donde el Estado no podía regular ni sancionar con precisión, y donde la capacidad de daño escaló en los últimos cinco años.

Con esta actualización legal, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca cerrar ese margen de maniobra y reforzar la seguridad nacional frente a un arsenal criminal modernizado.

Jacobo Reyes León, alias “El Lic.” o “El Yeicob”, considerado una pieza relevante dentro de una red dedicada al robo de hidrocarburos y vinculada al empresario Raúl Rocha Cantú, fue detenido la noche del 15 de diciembre en la Ciudad de México, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

El documento oficial señala que la captura ocurrió a las 10:30 p. m. sobre Avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, entre las calles Sin Dato y Golfo de México, en la colonia Guerrero.

La detención fue realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Reyes León vestía sudadera gris, pants color rojo y tenis azules; es descrito como hombre de tez morena, complexión robusta, cabello negro corto y barba y bigote afeitados.

Tras ser asegurado, quedó a disposición de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, donde se mantiene una investigación en su contra por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.

El Registro Nacional de Detenciones indica que actualmente se encuentra en traslado hacia instalaciones federales.

La FGR identifica a Reyes León como operador dentro de una estructura criminal relacionada con Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario del certamen Miss Universo.

Aunque Rocha también es señalado dentro de la misma red, su orden de captura permanece sin ejecutarse debido a que se acogió a un esquema de testigo protegido.

Antes de ser detenido, Reyes León había promovido un amparo para intentar frenar la orden en su contra; sin embargo, su ingreso al Registro Nacional de Detenciones confirmó que finalmente fue asegurado por las autoridades federales.

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