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Decenas de habitantes del suroriente de Ciudad Juárez madrugaron este sábado para recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien cumplió su segundo día de actividades en la frontera con una agenda enfocada en obras sociales, supervisión de infraestructura y diálogo directo con la comunidad.

Desde temprano, familias completas, adultos mayores y jóvenes comenzaron a reunirse en las calles del fraccionamiento Parajes de Oriente, especialmente alrededor del Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que la mandataria acudió a revisar como parte del programa federal de atención a la primera infancia.

A pesar del frío, la espera se convirtió en una muestra de respaldo ciudadano. Los vecinos levantaron carteles en tonos pastel y fluorescentes con mensajes de agradecimiento por los proyectos impulsados en la zona y expresiones de apoyo político hacia la presidenta.

La presencia de la Guardia Nacional, personal del Estado Mayor y autoridades municipales confirmó que la visita presidencial era inminente, mientras las familias cuidaban espacios, se turnaban lugares y celebraban cada movimiento del convoy oficial que se acercaba.

Durante la jornada, Sheinbaum sostuvo un encuentro con alrededor de treinta mujeres de diferentes colonias del suroriente, quienes ingresaron al CECI para presentar peticiones y exponer necesidades comunitarias.

La mandataria las escuchó, manteniendo el formato de diálogo directo que caracterizó sus recorridos por el país.

Antes de retirarse, Sheinbaum afirmó que el inmueble de Parajes de Oriente estaba prácticamente listo y que podría ser inaugurado en enero de 2026.

La declaración generó entusiasmo entre los habitantes que la esperaban fuera del edificio, muchos de ellos padres y madres que habían seguido de cerca el desarrollo de la obra. La presidenta dedicó varios minutos a saludar, tomarse fotografías y despedirse de las familias que permanecieron en la zona desde la mañana.

La agenda del día incluyó también una visita previa al Hospital General de Zona No. 2, recientemente inaugurado en la avenida Vicente Guerrero, donde Sheinbaum inició actividades antes de trasladarse al suroriente.

En conjunto, la jornada estuvo marcada por una combinación de cercanía ciudadana, supervisión de infraestructura social y reafirmación de proyectos destinados al cuidado infantil y la salud pública en uno de los sectores más poblados y con mayores necesidades de la ciudad. (Con información de José Estrada)

El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso este domingo 14 de diciembre por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de un presunto esquema de desvío de recursos públicos durante su administración estatal (2010–2016).

La resolución judicial incluye la imposición de prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano.

La jueza determinó que existen elementos suficientes para continuar la causa penal y ordenó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá robustecer su acusación y la defensa podrá presentar pruebas para contrarrestarla.

La FGR pide prisión preventiva para Duarte, advierte riesgo de fuga por una “red de corrupción” en Chihuahua

Según la carpeta de investigación, Duarte habría desviado más de 96 millones 685 mil pesos, de los cuales 73 millones 925 mil pesos fueron triangulados hacia empresas ganaderas vinculadas a él, como la Unión Ganadera División del Norte y la Financiera División del Norte, en las que presuntamente figuraba como socio. Las operaciones ocurrieron entre 2011 y 2013.

Riesgo de fuga y red financiera

Durante la audiencia, la FGR advirtió un alto riesgo de fuga, señalando que el exmandatario mantiene una “red de apoyo económico y operativo” que podría facilitar su evasión. La jueza coincidió en la valoración del riesgo y confirmó la prisión preventiva en el penal de máxima seguridad.

Duarte fue detenido el 8 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, en el fraccionamiento Jardines de San Francisco, donde elementos federales ejecutaron una orden de aprehensión. Tras su captura, fue trasladado al Altiplano.

El nuevo proceso federal por lavado de dinero se suma a los expedientes estatales que el exgobernador enfrenta por peculado y asociación delictuosa, mismos que derivaron en su arresto en Miami en 2020 y posterior extradición a México en 2022.

Hasta ahora, Duarte, no sus abogados, no han emitido postura pública sobre su situación jurídica.

Vinculan a proceso a Duarte; seguirá en el Altiplano por presunto lavado de dinero

La jueza federal fijó seis meses de plazo para que la FGR cierre la investigación complementaria; el exgobernador de Chihuahua permanecerá en prisión preventiva en el Altiplano por riesgo de fuga

Redacción

El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso este domingo 14 de diciembre por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de un presunto esquema de desvío de recursos públicos durante su administración estatal (2010–2016).

La resolución judicial incluye la imposición de prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano.

La jueza determinó que existen elementos suficientes para continuar la causa penal y ordenó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá robustecer su acusación y la defensa podrá presentar pruebas para contrarrestarla.

La FGR pide prisión preventiva para Duarte, advierte riesgo de fuga por una “red de corrupción” en Chihuahua

Según la carpeta de investigación, Duarte habría desviado más de 96 millones 685 mil pesos, de los cuales 73 millones 925 mil pesos fueron triangulados hacia empresas ganaderas vinculadas a él, como la Unión Ganadera División del Norte y la Financiera División del Norte, en las que presuntamente figuraba como socio. Las operaciones ocurrieron entre 2011 y 2013.

Riesgo de fuga y red financiera

Durante la audiencia, la FGR advirtió un alto riesgo de fuga, señalando que el exmandatario mantiene una “red de apoyo económico y operativo” que podría facilitar su evasión. La jueza coincidió en la valoración del riesgo y confirmó la prisión preventiva en el penal de máxima seguridad.

Duarte fue detenido el 8 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, en el fraccionamiento Jardines de San Francisco, donde elementos federales ejecutaron una orden de aprehensión. Tras su captura, fue trasladado al Altiplano.

El nuevo proceso federal por lavado de dinero se suma a los expedientes estatales que el exgobernador enfrenta por peculado y asociación delictuosa, mismos que derivaron en su arresto en Miami en 2020 y posterior extradición a México en 2022.

Hasta ahora, Duarte, no sus abogados, no han emitido postura pública sobre su situación jurídica.

cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cientos de personas que participaban en una celebración de Janucá en la icónica playa de Bondi Beach, en Sídney.

El ataque dejó al menos 12 personas muertas y cerca de 30 heridas, entre ellas dos policías, de acuerdo con autoridades locales y federales. El evento comunitario, denominado Chanukah by the Sea, estaba dirigido a familias y miembros de la comunidad judía, lo que llevó a las autoridades a confirmar que se trató de un ataque deliberadamente antisemita.

La policía de Nueva Gales del Sur informó que uno de los agresores fue abatido en la escena, mientras que el segundo resultó gravemente herido y permanece bajo custodia. Se investiga si una tercera persona estuvo involucrada en la planificación del ataque o si existen riesgos adicionales, como artefactos explosivos.

El primer ministro, Anthony Albanese, condenó el ataque como “un acto malvado de terrorismo antisemita” y aseguró que Australia no cederá ante el odio ni el extremismo. Líderes internacionales han expresado solidaridad tanto con las víctimas como con la comunidad judía mundial.

Como medida preventiva, la policía reforzó la vigilancia en sinagogas, centros comunitarios, escuelas judías y zonas de alta afluencia en Sídney y otras ciudades. El ataque ya es considerado uno de los hechos de violencia extremista más graves en Australia en décadas.

Los servicios de emergencia reportaron que varios de los heridos permanecen en estado crítico. Hasta ahora no se ha revelado la identidad de las personas fallecidas mientras continúan las labores de identificación y notificación a familiares.

Este domingo 14 de diciembre, en punto de las 9:00 de la mañana, se reanudó en los juzgados del penal federal del Altiplano la audiencia de imputación contra el exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 73 millones 925 mil pesos. La jueza federal María Jazmín Ambriz López deberá resolver si lo vincula o no a proceso.

Sin embargo, el punto central del debate no fue únicamente la naturaleza del presunto desvío de recursos, sino la advertencia de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a que Duarte representa un riesgo real de fuga.

Durante la audiencia inicial celebrada ayer, la FGR solicitó imponer prisión preventiva, argumentando que el exmandatario mantiene una red de apoyo creada durante su gobierno con la capacidad económica y operativa suficiente para facilitarle protección, movilidad y ocultamiento.

La jueza Ambriz López recogió ese señalamiento y lo expresó con claridad en la sala al considerar que esa estructura podría permitirle evadir la acción de la justicia.

“Esta innegable red, creada por el justiciable durante sus años como gobernador, tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia”, señaló.

Mientras tanto, la defensa —integrada por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz— sostiene que no existen elementos suficientes para la acusación por lavado de dinero y que el proceso tiene motivaciones políticas.

Asegura además que la Fiscalía está retomando los mismos hechos por los que Duarte ya es procesado en Chihuahua, relacionados con 96 millones de pesos, monto por el que —afirman— fue absuelto en sede administrativa.

La FGR, por su parte, sostiene que estos hechos responden a un esquema distinto de ocultamiento de recursos mediante movimientos en el Sistema Financiero Mexicano, delito por el cual se obtuvo autorización del Gobierno de Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, permitiendo procesarlo por cargos adicionales a los que motivaron su extradición.

La resolución de la jueza será clave: si considera acreditada la existencia y vigencia de la red de apoyo descrita por la Fiscalía, Duarte podría permanecer bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso federal; si concluye que no está justificado el riesgo, el exgobernador podría enfrentar las siguientes etapas del caso en libertad.

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