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A más de dos meses de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó registrar al exgobernador César Duarte Jáquez como víctima de una presunta violación a sus derechos, no existe constancia pública de que haya sido incorporado al Registro Estatal de Víctimas, como parte de las medidas de reparación sugeridas por el organismo.

La recomendación, emitida en octubre de 2025, concluyó que Duarte fue objeto de vigilancia sin orden judicial, atribuida a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), lo que vulneró sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica y privacidad.

Como parte de las medidas de no repetición, la CEDH estableció que las autoridades estatales debían evaluar y, en su caso, promover su inscripción en el registro administrado por el Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Sin embargo, hasta este 12 de diciembre, no se ha informado de manera oficial que el trámite haya sido concluido. Tampoco existe registro público que confirme que el exmandatario haya sido incorporado al padrón de víctimas del Estado.

El proceso requiere una evaluación administrativa, la integración de un expediente y la determinación formal de que la persona reúne los criterios establecidos por la Ley Estatal de Víctimas.

En ese sentido, aunque la recomendación de la CEDH reconoce que Duarte fue sujeto de actos violatorios de derechos humanos, la inscripción sólo puede concretarse tras un procedimiento específico, el cual no ha sido confirmado por ninguna instancia de gobierno.

Autoridades mantienen silencio

Ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública han informado avances sobre el cumplimiento de la recomendación. Tampoco el Sistema Estatal de Atención a Víctimas ha emitido comunicado alguno sobre el estatus del registro.

Al ser cuestionada hace semanas sobre el caso, la gobernadora Maru Campos se limitó a señalar que Duarte “debe seguir cumpliendo con las medidas procesales” de sus causas penales, sin comentar sobre su eventual inscripción como víctima.

Contexto: nuevo proceso federal contra Duarte

Duarte Jáquez de encontraba en libertad condicionada cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar a la recomendación de la CEDH.  Según su queja, agentes de la FGE lo seguían en auto y con sobrevuelos de drones, versiones que fueron rechazadas por tanto por la Fiscalía como por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Actualmente,  enfrenta un nuevo proceso federal por lavado de dinero, que lo mantiene desde el 8 de diciembre en el penal del Altiplano bajo prisión preventiva, luego de que la FGR presentara más de 120 datos de prueba en su contra.

En paralelo, sigue pendiente la resolución de la recomendación de la CEDH y la definición de si el exgobernador será finalmente incorporado al registro de víctimas.

Una denuncia anónima difundida en redes sociales alertó sobre presuntos casos de extorsión, cobros ilegales y abusos cometidos por elementos policiacos y personal de aduanas en retenes instalados en la ruta que conecta Chihuahua con Zacatecas.

La carretera entre Chihuahua a Delicias y el tramo conocido como Pasajes Santiago, en Durango, son los que señalan los denunciantes como los puntos críticos para los viajeros, por las extorsiones que se han presentado.

De acuerdo con el testimonio, quienes viajan en autobús, en su mayoría personas adultas y paisanos que regresan del extranjero, están siendo detenidos para revisiones corporales y de equipaje que derivan en exigencias de dinero sin comprobante oficial.

“¿Pagaron impuestos?”: la pregunta que abre la extorsión

La persona denunciante afirma que los oficiales suben a los camiones para una supuesta revisión de seguridad: piden identificaciones, revisan de la cintura hacia arriba, abren bolsos personales y “van directamente al dinero que traen”.

Posteriormente, según la denuncia, los agentes preguntan si “ya pagaron impuestos por lo que llevan” y, sin importar que los pasajeros ya hubieran cubierto sus obligaciones en aduanas, les exigen pagos adicionales.

“El de aduana pide casi 2 mil dólares y te deja pasar, pero no te extiende ni un recibo”, señala el testimonio.

“Y antes de llegar a Delicias te vuelven a parar; como no traes recibo, te piden juntar 800 dólares para dejarte ir. Si no, ahí nos quedamos”.

La denuncia sostiene que los abusos se dirigen especialmente contra paisanos y adultos mayores, quienes suelen traer solo dinero en efectivo para gastos del camino y no cargan grandes equipajes.

El denunciante describe una dinámica en que los pasajeros, cansados por el viaje, terminan reuniendo las cantidades solicitadas para evitar retrasos o represalias:

“Ellos piden su cuota. Si no, te amenazan. Y como ya saben que hay retenes en cada estado, se aprovechan”.

Según el testimonio, una vez que los agentes reciben el dinero, insisten en que fuera del estado ya no es su responsabilidad si otros retenes vuelven a detener a los pasajeros.

Tramo señalado: Pasajes Santiago (Durango)

El caso más grave descrito habría ocurrido en Pasajes Santiago, un punto carretero del estado de Durango, aunque la persona denunciante asegura que la práctica también ocurre en retenes previos a Delicias.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con la denuncia, ninguno de los cobros va acompañado de recibos, folios de aduana o algún documento oficial que ampare la supuesta revisión fiscal o de seguridad.

“Bien descarados dicen: saliendo de Chihuahua ya no es nuestro problema”.

El testimonio pide que los hechos se hagan públicos para que lleguen “a quien tenga que llegar” y evitar que más personas sigan siendo víctimas durante su tránsito por la región.

Ni las autoridades federales ni las estatales han fijado postura sobre esa problemática, que ya se ha denunciado desde la tribuna del Congreso del Estado.

Les cobran hasta 200 dólares, nada más para “dejarlos seguir su camino”

El diputado Ismael Pérez Pavía (PAN) denunció que son varios los casos de “paisanos” que fueron extorsionados con hasta 200 dólares por personas que viajaban en vehículos rotulados con siglas y emblemas de la Fiscalía General de la República (FGR)

Fue el lunes pasado cuando el legislador, quien representa al Distrito XI con cabecera en Meoqui, señaló que los casos se han presentado principalmente en la carretera Delicias–Chihuahua, a la altura de Bachimba.

La cuota de 200 dólares (unos 3 mil 700 pesos, al tipo de cambio actual) es nada más para dejarlos que continúen con su camino hacia el sur del país.

Según el legislador, hay reportes de que esos supuestos agentes federales están parando y revisando principalmente vehículos con placas americanas, aprovechándose de quienes vienen de regreso a ver a sus familias.

Esta situación lleva seis días seguidos y ya existen llamadas al 911 que confirman lo ocurrido.

Pérez Pavía pidió una intervención inmediata de la Federación para detener estas extorsiones y cuidar a todas las familias que transitan por la zona.

La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño (Morena), trasladó a Ciudad Camargo la posada navideña que había programado originalmente en Delicias, luego de que grupos de agricultores se manifestaran en rechazo a su voto a favor de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

El festejo, realizado el jueves 11 de diciembre, reunió —según la legisladora— a alrededor de mil 200 personas, más del doble de las 500 que esperaba convocar inicialmente.

“Calculamos que podríamos contar con 500 familias en nuestra posada, pero no nos confiamos: estábamos listos para apapachar y consentir a todas y a todos los que quisieran compartir con nosotros este día tan especial”, publicó Chávez en su cuenta de Facebook.

La posada de Camargo se llevó a cabo el mismo día en que la senadora tenía programado celebrar el evento en la Macroplaza de Delicias. Sin embargo, desde horas antes, manifestantes inconformes con su respaldo a la reforma a la Ley de Aguas habían montado una protesta en los alrededores del lugar.

Finalmente, la legisladora no se presentó en Delicias y explicó que la cancelación obedeció a “motivos de agenda”.

Camargo, ubicada a 64 kilómetros al sureste de Delicias —menos de una hora por carretera—, se convirtió así en la sede del festejo navideño de la senadora y aspirante a la candidatura para la gubernatura del estado.

“Camargo siempre me recibió con generosidad y apertura, con escucha franca y sincera, pero lo de hoy fue histórico, y regreso de esta tierra maravillosa con el corazón desbordado de amor, esperanza y compromiso”, escribió al finalizar el evento.

La reducción a las percepciones de los juzgadores federales, tal como lo pretende aplicar el Órgano de Administración Judicial (OAJ), viola la Constitución y tratados internacionales, además de poner en riesgo la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, afirmaron integrantes de la agrupación Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed).

En un comunicado, la Jufed rechazó la medida proyectada para 2026 al considerar que violentaría el artículo 94 constitucional, que establece que la remuneración de magistrados de circuito, jueces de distrito y otros funcionarios no puede ser disminuida durante su encargo.

El posicionamiento responde a la propuesta de reducir los ingresos de los juzgadores con el fin de que ninguno gane más que la presidenta de la República, tal como lo marca el artículo 127 constitucional.

La agrupación agregó que el artículo 123 de la Carta Magna prohíbe la disminución del salario de cualquier persona trabajadora, independientemente de su función.

A ello se suma la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México forma parte, que ha sostenido que la inamovilidad del salario judicial es un requisito indispensable para garantizar la independencia de los jueces.

“Así lo ha interpretado el tribunal interamericano: sin remuneraciones estables, no hay independencia; sin independencia, no hay justicia; y sin justicia, no hay democracia posible”, señaló.

La Jufed advirtió que reducir los ingresos de ministros, magistrados y jueces altera el equilibrio entre poderes, rompe contrapesos y envía un mensaje de subordinación.

“Cuando el salario se convierte en instrumento de control, la imparcialidad deja de ser garantía y se vuelve un riesgo”, afirmó la organización.

“Lo que está en juego no es un ingreso personal. Lo que está en juego es la arquitectura institucional que permite que, cada día, podamos resolver controversias sin temer represalias económicas derivadas de nuestras decisiones”, agregaron.

Si se concreta la reducción salarial, alertaron, también estará en riesgo “la confianza ciudadana en que los tribunales siguen siendo un lugar de equilibrio, no de obediencia”.

¿Por qué el reclamo?

El OAJ aprobó nuevos tabuladores salariales en septiembre de 2025 para ajustar las percepciones de los altos mandos del Poder Judicial de modo que ninguno gane más que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, conforme al artículo 127 constitucional.

Además de implicar recortes sustanciales a los ingresos mensuales de ministros, magistrados y jueces de distrito, se eliminarían prestaciones previas y todos quedarían como derechohabientes del Issste.

El OAJ aclaró que los salarios de mandos medios y operativos no serían modificados, a fin de evitar afectaciones laborales en el personal que no forma parte de la estructura superior.

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