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Este jueves el Gobierno Federal publicó la nueva Ley General de Aguas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con la nueva ley, el Gobierno de México toma el control absoluto de las aguas del país al redefinir la gestión, distribución y uso de este recurso en todo el país.

Esta ley determina que el agua es un derecho humano fundamental y prioriza su uso para consumo humano, por encima de los fines productivos para los que se utiliza en el campo.

Además, centraliza en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) todas las facultades para otorgar, supervisar y modificar las concesiones, asignaciones y permisos para la explotación de este recurso.

Con esta aprobación revive la amenaza de agricultores para regresar a bloquear carreteras y puentes internacionales por su inconformidad ante el hecho.

El Senado de la República aprobó ayer miércoles la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, un proyecto de decreto para prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores, sistemas o dispositivos análogos y otras materias.

Con 76 votos a favor de Morena, PT y PVEM; y con los 37 votos en contra del PAN, PRI y MC, el documento fue avalado en lo general; mientras que, en lo particular, se aprobó por 76 votos a favor, 36 en contra y una abstención, por lo que fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, señaló que esta propuesta implementa la ruta prohibicionista en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores, la cual es una renuncia del Gobierno Federal a regular, vigilar, y acompañar, porque las prohibiciones son una salida fácil a un problema que no quieren controlar, lo que significa que prohibir es no establecer estándares sanitarios ni investigar con seriedad.

Por el PRI, Karla Guadalupe Toledo Zamora, refirió que los cambios a la Ley en la materia no resuelven los problemas actuales ni los atienden de fondo, pues prohibir el uso de vapeadores no eliminará su consumo, por el contrario, el mercado negro estará activo y circulará entre la juventud, sin una regulación, control sanitario ni supervisión, por lo que su salud se dañará aún más.

Del PAN, Gina Gerardina Campuzano González, señaló que mientras se habla de vapeadores, en México hay una verdadera emergencia, porque cada dos horas una mujer muere a causa de cáncer por falta de medicinas.

“La prohibición no acabará con el vapeo, sino que entregará el mercado al crimen organizado; es un mercado negro multimillonario sin supervisión”, añadió.

Alfonso Cepeda Salas, de Morena, aseguró que la discusión no versa sobre criminalizar el vapeo, sino sobre privilegiar la salud, rescatar el sistema de salud, así como evitar la corrupción de servicios subrogados.

“La minuta es congruente porque a la par se ha impulsado una amplia campaña de prevención enfocada a la niñez, adolescencia y juventudes”, agregó.

Por segunda ocasión en dos meses, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó una intervención en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 7, ubicado en Cuauhtémoc, con el fin de localizar objetos prohibidos en posesión de las personas privadas de la libertad.

Al igual que en el operativo del 10 de octubre, se hallaron armas blancas hechizas y otros artículos no permitidos, informó la dependencia mediante un comunicado oficial.

En el operativo de este 11 de diciembre participaron agentes de la SSPE y de la Guardia Nacional, integrando un contingente de 99 elementos.

La revisión incluyó los módulos 1 y 2, así como el área de talleres. En total se inspeccionaron 45 estancias y se supervisó a 471 personas privadas de la libertad.

Los objetos asegurados fueron: una punta hechiza, cinco resistencias improvisadas y cinco juegos de mesa elaborados de manera irregular.

Además, se retiraron artículos de madera y prendas de vestir no permitidas, consideradas excedentes, con el propósito de mantener el orden y reducir riesgos dentro del penal.

El 10 de octubre pasado se llevó a cabo una intervención similar, con resultados prácticamente iguales.

En aquel operativo participaron 130 agentes de la SSPE, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Fueron revisadas 480 personas privadas de la libertad, con el objetivo de detectar y retirar objetos que representaran un riesgo. En esa ocasión se aseguraron seis resistencias hechizas y cuatro puntas improvisadas.

En su comunicado, la SSPE reiteró que mantendrá labores de supervisión permanente para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios del estado y garantizar condiciones adecuadas para la población interna.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local aprobó el catálogo de requisitos que deberá cubrir la persona que ocupará la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) durante los próximos cinco años, sin establecer que el cargo deba corresponder al género femenino.

Esto, a pesar de los reiterados posicionamientos del grupo parlamentario de Morena, que ha solicitado que la presidencia de la CEDH sea encabezada por una mujer. La convocatoria, aprobada este jueves 11 de diciembre por unanimidad, mantiene abierta la participación a personas de cualquier género.

En el proceso de elección anterior, el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, demandó que por primera vez una mujer dirigiera el organismo, ya que desde su creación siempre ha sido presidido por hombres. Sin embargo, la elección recayó en Javier González Mocken, quien falleció en agosto de 2024. Desde entonces, Alejandro Carrasco Talavera funge como encargado de despacho.

El dictamen aprobado este jueves contempla que el propio Carrasco podría participar en este proceso, si así lo decide.

Los requisitos establecidos son prácticamente idénticos a los de procesos anteriores y corresponden al artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos:

Ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
No haber ocupado ni ocupar puestos de dirección en partidos u organismos políticos durante los últimos cinco años.
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.
Acreditar cinco años de experiencia en promoción, respeto y protección de los derechos humanos, comprobable mediante documentos expedidos por autoridades, organismos públicos u organizaciones en la materia.
Contar con estudios de licenciatura.
No ser persona deudora alimentaria morosa, conforme a la ley correspondiente.

La entrega de documentación —mediante formatos disponibles en el portal oficial del Congreso: https://www.congresochihuahua.gob.mx/micrositios/presidenciacedh/2026–/— se realizará una vez que la convocatoria sea publicada en el Periódico Oficial del Estado y hasta las 23:59 horas del 11 de enero de 2026.

La Jucopo, a través de la Secretaría Técnica, asignará un folio a cada participante para dar seguimiento al proceso. Tras el cierre del registro, se publicará en el portal oficial la lista de personas inscritas.

Las entrevistas se llevarán a cabo los días 19 y 20 de enero de 2026. La Jucopo evaluará a las personas aspirantes con un esquema de 100 puntos: 50 para el perfil curricular y 50 para la entrevista.

En la evaluación curricular se considerarán: grado académico (licenciatura, maestría, doctorado), experiencia profesional (trayectoria académica y laboral), experiencia específica en derechos humanos, experiencia gerencial (desempeño en cargos medios, superiores o colegiados) y formación profesional adicional (docencia, publicación de libros, artículos o ensayos).

Según informó el Congreso del Estado, la matriz de evaluación para la entrevista incluirá: expresión clara y estructurada de ideas (10 puntos), habilidades para asumir mandos medios o superiores (10 puntos), competencias indispensables para el desempeño del cargo (10 puntos) y propuestas objetivas, imparciales y orientadas al combate a la corrupción (10 puntos).