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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este martes que su Gobierno mantiene negociaciones activas con Estados Unidos para garantizar el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944, pero aseguró que no se comprometerá el suministro destinado al consumo humano ni los derechos de los agricultores mexicanos.

Durante la conferencia mañanera del 10 de diciembre, Sheinbaum explicó que la administración federal dialoga con los gobernadores de los estados involucrados en la cuenca del Río Bravo con el fin de construir una postura común antes de presentar cualquier propuesta al gobierno estadounidense.

“Estamos en pláticas y estamos buscando cumplir con el tratado sin afectar el consumo humano de agua, principalmente, y también con todos los gobernadores, para poder tener un acuerdo de que no haya un conflicto entre nosotros frente a lo que se pueda llegar a proponer al gobierno de los Estados Unidos”, señaló.

La mandataria sostuvo que su Gobierno actuará bajo dos principios: cumplir los compromisos internacionales y defender los intereses del pueblo de México.

“Cómo tiene que actuar el Gobierno de México: cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación”, dijo.

Sheinbaum añadió que existe confianza en alcanzar un acuerdo favorable con Washington, mediante una negociación técnica y política que brinde certidumbre en el manejo del agua transfronteriza. Informó además que este mismo martes se llevaría a cabo una nueva reunión de trabajo entre autoridades federales para continuar con la evaluación de escenarios.

“No vamos a poner en riesgo el consumo humano de agua y vamos a buscar la garantía de que tengan agua los agricultores de una manera justa”, enfatizó.

Productores de frijol de la región noroeste del estado tomaron este martes las casetas de peaje de la autopista Chihuahua–Cuauhtémoc para denunciar que el precio que reciben por su cosecha no ha cambiado en más de una década, pese a que el costo al consumidor continúa al alza.

Según explicaron allegados al movimiento, el punto central de la inconformidad es que actualmente se les paga alrededor de 12 mil pesos por tonelada, prácticamente la misma cantidad que hace quince años. En contraste, el kilo de frijol se vende en supermercados entre 35 y 40 pesos, lo que consideran una disparidad que los mantiene en desventaja y sin capacidad de recuperación económica.

La Subdirección de Transporte confirmó que alrededor de 50 productores participaron en la protesta, realizada de manera pacífica y sin bloquear la circulación. Por el contrario, permitieron el paso libre a los automovilistas y aprovecharon para ofrecer bolsas de frijol en venta.

Los manifestantes también exigen que se abra cuanto antes el centro de acopio de frijol en la región de Cuauhtémoc, pues parte de su producción sigue almacenada sin poder comercializarse en los espacios adecuados.

Aclararon que su movilización no está relacionada con las protestas recientes de otros grupos de productores que bloquearon tramos de la carretera Panamericana y los cruces internacionales de Juárez por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

La segunda detención del exgobernador César Duarte Jáquez, que su defensa atribuye a motivaciones políticas y a la supuesta intervención de funcionarios federales cercanos al senador Javier Corral, tomó por sorpresa incluso a su equipo jurídico, aseguró su abogado Juan Carlos Mendoza, quien calificó la reaprehensión como “inexplicable” desde el punto de vista legal.

En entrevista con Azucena Uresti, el defensor afirmó que no existía “posibilidad jurídica” de que México volviera a detener a Duarte, debido a que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos impide procesar a una persona por delitos distintos a aquellos autorizados por el país que concede la extradición.

“No teníamos idea, porque no había posibilidad jurídica de que el Estado persiga a alguien por delitos diferentes. El tratado de extradición prohíbe que una persona extraditada por un delito sea detenida, enjuiciada o sancionada por otros”, dijo.

Mendoza relató que el exgobernador fue detenido afuera de su domicilio el lunes 8 de diciembre, horas después de haber estado en su despacho reunido con él y otros integrantes del equipo legal. En esa ocasión, señaló, Duarte les entregó “un documento muy importante”: la resolución traducida de la jueza estadounidense que lo declaró extraditable.

“Ahí aparecen los montos, los testigos, las cantidades, las personas morales y la expresión de la jueza —traducida— sobre peculado y asociación delictuosa”, detalló.

El abogado anticipó que el proceso será “muy largo” y que la resolución entregada por Duarte será clave para demostrar —según su versión— que la nueva causa federal reproduce hechos ya procesados en Chihuahua.

Acusa a Javier Corral de estar detrás de la nueva detención

El defensor afirmó que la reaprehensión forma parte de un “botín político” que ha acompañado el caso de Duarte desde hace años, y sostuvo que ahora la intervención también proviene de instancias federales.

“En Chihuahua siempre fue un botín político de quienes buscan mantener y ensanchar el poder. Y al parecer ya no es exclusivo de autoridades locales”, dijo.

Mendoza incluso insinuó una relación política entre el actual funcionario de la FGR, Ulises Lara, y el exgobernador Javier Corral, a quien responsabilizó de influir en el nuevo proceso.

Aseguró que la nueva orden de captura corresponde a los mismos delitos por los que Duarte ya está siendo procesado en el fuero estatal, lo que —según él— constituiría un caso de “triple enjuiciamiento”.

“¿Cómo es posible que esté siendo detenido por hechos que ya están siendo procesados en Chihuahua? Es algo que yo no había visto”, señaló.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, reviró las declaraciones del senador Javier Corral Jurado, quien afirmó que la administración estatal estaría protegiendo al exgobernador César Duarte Jáquez.

“Lo invito a que venga a Chihuahua sin fuero, sin amparo y sin escoltas”, respondió el funcionario.

Corral señaló en entrevista que el Gobierno actual no dio seguimiento a los procesos judiciales que su administración inició contra Duarte en los Estados Unidos. Ante ello, De la Peña afirmó que se trata de “un cuento repetido desde hace cinco años”.

En entrevista colectiva en el Palacio de Gobierno, el secretario envió un mensaje directo al exmandatario: “Yo caminé cinco años por las calles de esta ciudad sin amparos, sin fuero y sin escoltas. Me gustaría saber si él puede venir a Chihuahua en esas condiciones”, expresó.

Añadió que las fijaciones personales contra Duarte “son un tema individual” y que el estado no debe detenerse por discusiones políticas del pasado.

Duarte sigue sujeto a proceso en Chihuahua

La reciente detención del exgobernador forma parte de uno de los 19 procedimientos legales que aún tiene abiertos, informó De la Peña.

Explicó que el pasado 4 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos —país que originalmente atendió la solicitud de extradición— autorizó un procedimiento de excepción mediante el cual se permitió a México incorporar nuevas carpetas de investigación distintas a las que motivaron la extradición inicial.

“Se sigue el procedimiento legal que se tenga que seguir, siempre respetuosos del Estado de derecho. Él enfrentará su proceso con los elementos que tenga, y el Gobierno Federal hará lo propio con las pruebas correspondientes”, dijo.

Aseguró que la detención es resultado de un procedimiento legal avalado por un juez, aunque aclaró que no conoce a detalle el expediente federal.

“Una detención como esta tiene que ser autorizada por un juez, así que seguramente se siguió el procedimiento adecuado”, señaló.

Recordó además que Duarte enfrenta procesos legales en el estado de Chihuahua, donde contaba con beneficios previstos en la ley, no con concesiones especiales.

“Ahora le toca enfrentar la justicia en el ámbito federal, como corresponde, y defenderse conforme a la legislación penal”, concluyó.