El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, Efraín Alcantar Alvídrez, aseguró que actores políticos han retomado el conflicto hídrico como bandera electoral, repitiendo —según dijo— el mismo patrón observado en 2020 y 2021.
“Estamos a menos de un año de arrancar el proceso electoral y ya se está usando este asunto con fines partidistas”, declaró en conferencia de prensa.
El funcionario respondió así a los señalamientos emitidos por legisladores y figuras del PRI, PAN y otras fuerzas partidistas, quienes han acusado que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales pone en riesgo el derecho de los productores a trasladar el agua junto con la tierra.
Reforma no rompe el binomio tierra-agua
Uno de los puntos más polémicos del debate fue la supuesta prohibición para transferir concesiones de agua junto con los predios agrícolas. Alcantar afirmó que ese escenario no existe y que el principio “tierra-agua” permanece intacto.
“Si un productor compra un predio con un pozo registrado, podrá acudir a Conagua con su escritura para solicitar la transferencia del título sin ningún problema”, aseguró. Añadió que los trámites deberán resolverse en un plazo máximo de 20 días para evitar burocracia y agilizar procesos.
También señaló que herencias, sucesiones y compraventas continuarán operando bajo el mismo esquema actual, sin modificaciones.
Productores denuncian falta de diálogo; Conagua lo rechaza
Ante los reclamos de agricultores que aseguraron haber sido ignorados en Ciudad de México, Alcantar respondió que “todos los espacios estuvieron abiertos”.
Informó que, durante una semana, se realizaron mesas de trabajo en la Cámara de Diputados con la participación de funcionarios, legisladores, exlegisladores, organismos operadores y productores.
“Desconozco por qué no asistieron, pero jamás se les ha cerrado la puerta”, afirmó.
Sanciones más duras solo para quienes lucren con el agua
La reforma contempla multas de hasta medio millón de pesos y penas de hasta 12 años de prisión por prácticas ilegales relacionadas con la explotación del agua. Diputados del PRI advirtieron que esas medidas podrían ser excesivas y vulnerar derechos constitucionales.
El titular de Conagua respondió que las penalidades no aplicarán a productores que acrediten uso agrícola o pecuario legítimo, sino exclusivamente a quienes “vendan, comercien o lucren” con el recurso, así como a funcionarios que faciliten trámites a cambio de dinero.
Precisó que las sanciones también incluyen la alteración de medidores, la construcción de represas sin autorización y el desvío de agua con fines comerciales ilícitos.
Sobre las críticas que advierten que la dependencia no está preparada para asumir nuevas atribuciones, Alcantar rechazó esa versión. Sostuvo que la reforma fortalece facultades de investigación y sanción necesarias para recuperar la rectoría del agua en el país.
Aseguró que la institución tiene capacidad para ejercerlas y que, cuando sea necesario, podrá coordinar operativos con la Guardia Nacional para intervenir y clausurar pozos irregulares.
Pozos ilegales: cifra incierta, efecto profundo
Respecto a la estimación de entre cinco mil y ocho mil pozos ilegales en el estado, Alcantar reconoció que es difícil precisar cuántos aprovechamientos están fuera del registro oficial.
Sin embargo, insistió en que la reforma busca eliminar prácticas que afectan a usuarios con derechos legítimos, particularmente aquellas relacionadas con transmisiones de volumen sin control.
Recordó que continúa vigente un decreto de facilidades administrativas para regularizar ocho mil títulos vencidos, así como inversiones por 2,300 millones de pesos en tecnificación de riego, lo que —dijo— desmiente las acusaciones de abandono al campo.
