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El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, afirmó que la dependencia no entregará la carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción atribuidos al exgobernador y actual senador de la República, Javier Corral Jurado, pese a los intentos de autoridades federales por atraer el caso.

Valenzuela calificó como “increíble e inaudito” que desde la Fiscalía General de la República se busque obtener control del expediente mediante un juez federal, a través de un proceso que, aseguró, constituye “un abuso excesivo de poder”.

“Existe un intento de llevarse la carpeta de investigación. Hemos sostenido que es ilegal. No vamos a permitir que se la lleven para que pase lo que ha sucedido con otras carpetas”, advirtió.

Sobre esa intención, reiteró enfáticamente que no entregará el expediente “por más alarde que haga el imputado”. Sostuvo que la investigación continuará en Chihuahua.

Se trata de causas penales que se le siguen tanto al exgobernador y hoy senador, como a quien fuera su secretario de Hacienda, por presuntos actos ilícitos cometidos durante el proceso de reestructuración de la deuda pública del estado.

Valenzuela expuso que la FGR promovió la atracción mediante el juez federal Antonio Alcoberde, pero la Fiscalía Anticorrupción obtuvo primero la suspensión provisional y después la suspensión definitiva, lo que impide de momento que el caso sea trasladado fuera del ámbito estatal.

El fiscal señaló que el temor de fondo es que el expediente tenga el mismo destino que otros casos que cambiaron al ámbito federal durante la administración de Corral, como el del exfiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a quien no mencionó por su nombre. Recordó que investigaciones relevantes se debilitaron al pasar a manos de autoridades federales, entre ellas las relacionadas con presuntas irregularidades de la administración anterior.

“Lo que quieren es repetir lo que ha pasado con otras carpetas, como el caso de tortura del anterior fiscal de Derechos Humanos, quien llevaba los expedientes ‘X’. Los delitos de corrupción que tanto se difundieron se manejaban directamente desde la oficina del gobierno”, señaló.

Valenzuela sostuvo que la dependencia agotará todos los recursos legales para mantener la investigación en Chihuahua y evitar que sea trasladada a la Ciudad de México.

Adelantó además que existen varias carpetas adicionales relacionadas con presuntos delitos cometidos durante la administración de Corral, las cuales serán judicializadas antes de que termine el año.

Dijo confiar en que el conflicto competencial se resolverá a favor del estado, independientemente de los cambios próximos en la Fiscalía General de la República.

“Este es un asunto estrictamente jurídico. Celebro que haya jueces de carrera que mantienen su autonomía pese a las presiones.”

Valenzuela reiteró que la investigación contra Corral permanecerá en Chihuahua y que la Fiscalía Anticorrupción defenderá su competencia para concluir el caso. Añadió que permitir la atracción por parte de la Fiscalía General de la República abriría la puerta para que todas las investigaciones en las que aparezca un senador puedan ser reclamadas, incluso si los hechos ocurrieron antes de que los implicados asumieran el cargo.

La permanencia de Chihuahua en los primeros lugares en incidencia de homicidios podría estar relacionada con factores que van más allá de las políticas policiales o de persecución del delito, advierte el psicólogo forense Carlos Ochoa Quiroz.

Especialista en psicología criminalística, Ochoa Quiroz señala los cambios neurológicos en las generaciones jóvenes que están cometiendo delitos de alto impacto.

En entrevista con Norte Digital, el académico propone abrir una línea de análisis poco explorada: la disminución de la masa cerebral entre las nuevas generaciones.

Abordado sobre el hecho de que Chihuahua cierre la cuenta mensual con más de 100 homicidios (112 en noviembre), señaló que hay más de un factor, además de las acciones meramente policiales para enfrentar el delito.

Ochoa señala que, además del entorno delictivo y los factores sociales, es necesario observar transformaciones fisiológicas detectadas en población millennial y de la generación Z, particularmente en adolescentes y jóvenes adultos involucrados en conductas violentas.

Una señal de alerta

El especialista explicó que desde hace al menos una década existen estudios que documentan una disminución aproximada del cinco por ciento en la masa cerebral —materia blanca y materia gris— en jóvenes menores de 18 años, una reducción comparable a la que ocurre en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o demencia.

“Estamos viendo generaciones cuyo volumen de masa cerebral ha disminuido considerablemente. Es un fenómeno que ya se compara con lo que ocurre en casos de Alzheimer”, señaló.

Según Ochoa, esta disminución podría estar relacionada con factores como depresión, consumo excesivo de alcohol, VIH, cambios en estilos de vida y condiciones ambientales.

Si bien subraya que no se trata de una relación causal con el homicidio o la comisión de otros delitos, sí existe evidencia de correlación entre deterioro neurológico y conductas de riesgo.

“La generación Alzheimer”: una hipótesis emergente

Ochoa expuso que en la literatura internacional algunos autores ya denominan a los jóvenes actuales como parte de una “generación Alzheimer”, debido a que muestran signos de envejecimiento neurológico acelerado.

El especialista advirtió que, proyectando las tendencias actuales hacia 2050, México podría tener 3.5 millones de personas con enfermedades neurodegenerativas, lo que incluye a quienes hoy tienen entre 18 y 25 años.

“Si quienes están cometiendo homicidios presentan estos paralelos neurológicos, es necesario considerar esta hipótesis. Son jóvenes con mayor propensión a conductas disruptivas, ahora combinadas con indicios de deterioro neurológico prematuro.”

Chihuahua: violencia persistente y factores invisibles

Chihuahua forma parte del llamado “club del 50”: los estados que concentran la mitad de los homicidios del país. Para Ochoa, esta persistencia obliga a mirar más allá de lo visible.

“Ya no podemos quedarnos en la fachada de la delincuencia o en el factor de seguridad pública. Necesitamos analizar quiénes están cometiendo los homicidios y qué está pasando en su estructura cerebral.”

Recordó que desde principios de la década pasada se registran casos de adolescentes y jóvenes chihuahuenses involucrados en homicidios de alto impacto.

Un ambiente propicio… y una chispa biológica

Aunque reconoce que el crimen requiere un entorno favorable para desarrollarse, afirma que el componente biológico puede estar actuando como detonador.

“Para que haya homicidios necesitas personas que los cometan. Si dentro de ese ambiente hay jóvenes con deterioro neurológico, esa combinación puede explicar conductas extremadamente violentas”, explica.

Ochoa aclara que este es un campo de estudio emergente y que serán los especialistas en neurociencias quienes definan su alcance en los próximos años. Sin embargo, insiste en que la evidencia disponible ya obliga a considerar la dimensión neurológica como parte integral del análisis de violencia en Chihuahua y el país.

Desde la óptica de las autoridades, la baja en la comisión de delitos de alto impacto en semanas recientes en el estado se debe, en una buena parte, al desarrollo de intervenciones contra los criminales, como los cateos en los diferentes domicilios donde se ocultan personas y armas.

Durante la reunión de seguridad celebrada ayer en Ciudad Juárez, los participantes destacaron que los índices delictivos tuvieron un descenso durante octubre y noviembre anteriores, en comparación con los mismos periodos de años anteriores.

Dijeron que estos resultados tienen que ver con las acciones que se llevan a cabo para prevenir delitos, tales como la implementación de cateos por parte el personal de las distintas corporaciones, los que ayudaron a limitar las acciones delictivas.

En la sesión se informó acerca de los operativos que se han implementado en las diferentes regiones de la entidad, tanto para inhibir el delito como para aprehender a los generadores de violencia.

Este tipo de acciones, indicaron, tiene una atención especial en la frontera.

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el fiscal del Estado, César Jáuregui Moreno; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez; Felipe González Moreno y Jorge Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a respectivamente, así como representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), desestimó los rumores que indican que las órdenes de secuestro salen de delincuentes recluidos en los Centros de Readaptación Social (Cereso) de la entidad.

“Es algo que no está ocurriendo. De todas las llamadas fraudulentas o extorsiones telefónicas que nosotros desde la SSPE hemos investigado, no hemos encontrado una sola que haya salido de un penal en el estado. Hemos encontrado que salen de penales de otros estados, pero no del interior de Chihuahua. Creo que solamente son rumores”, enfatizó.

Agregó que hasta la fecha, no hay ninguna orden de aprehensión girada hacia una persona al interior del Cereso por ese tipo de delitos.

Detalló que hace casi tres años que el Gobierno del Estado asumió el control del sistema penitenciario y que actualmente “las cosas se hacen como se tienen que hacer” y que dos veces al mes se realizan revisiones en los penales.

“Hemos sido muy claros y muy precisos: el sistema penitenciario tiene que cambiar, tiene que seguir cambiando y así lo vamos a mantener”, remarcó.

Sobre los supuestos privilegios que tienen algunos delincuentes al interior de los penales estatales, aseguró que en el sistema penitenciario en el estado de Chihuahua, no hay una sola persona privada de la libertad (PPL) que goce de privilegios distintos al de cualquier otra persona.

“Ningún PPL tiene más privilegios que los que la ley nos obliga a darle”, dijo.

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