Se llamaba Alex Pretti, tenía 37 años, era enfermero de cuidados intensivos y trabajaba en el sistema de salud para veteranos de Estados Unidos. El 24 de enero, fue asesinado por agentes federales durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Mineápolis, un hecho que encendió una respuesta social sin precedentes en el estado.
Pretti era ciudadano estadounidense y, de acuerdo con familiares y personas cercanas, participaba activamente en movilizaciones contra las redadas migratorias. Su entorno lo describe como una persona comprometida con el cuidado de los demás y con una profunda vocación social, tanto desde su ejercicio profesional como desde el activismo comunitario.
Tras su muerte, organizaciones civiles convocaron la jornada “ICE Out of Minnesota: Día de Verdad y Libertad”, organizada como una huelga general. Durante ese día, trabajadores dejaron de acudir a sus empleos, estudiantes boicotearon las aulas y diversos negocios cerraron en señal de solidaridad con las familias migrantes y en rechazo a la militarización policial.
La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Pretti estaba armado y que los agentes actuaron ante una amenaza. No obstante, videos difundidos en redes sociales y testimonios de testigos presenciales contradicen ese relato. En las imágenes se observa a Pretti rodeado por agentes federales en un contexto confuso, sin que se aprecie con claridad una agresión directa antes de que se escucharan múltiples disparos.
Las protestas se extendieron por Mineápolis y otras ciudades del estado, con manifestantes exigiendo una investigación independiente, acceso a las grabaciones oficiales y la retirada del ICE de Minnesota. Legisladores estatales y organizaciones de derechos humanos advirtieron que el caso de Alex Pretti no es un hecho aislado, sino parte de una escalada en el uso de la fuerza por parte de autoridades federales.
La muerte de Alex Pretti convirtió su nombre en consigna y en símbolo de una exigencia más amplia: verdad, justicia y límites claros al poder del Estado cuando la política migratoria se impone sobre la vida civil.
