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México no fue incluido en la llamada “Junta de la Paz” impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una iniciativa internacional que, de acuerdo con el gobierno mexicano, opera fuera de los mecanismos multilaterales tradicionales.

La exclusión fue confirmada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien señaló que México no ha recibido invitación formal para integrarse a este consejo, promovido desde la Casa Blanca como un espacio alterno para la resolución de conflictos internacionales.

Desde Davos, Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial, Bárcena explicó que esta propuesta no sustituye ni se articula con instancias como la Organización de las Naciones Unidas, particularmente con su Consejo de Seguridad, donde los países participan bajo reglas multilaterales y con voz y voto.

La funcionaria subrayó que México mantiene su postura histórica de privilegiar el multilateralismo, el respeto a la soberanía y los mecanismos internacionales consolidados, por lo que observa con cautela iniciativas que se construyen desde una lógica unilateral.

Hasta ahora, algunos países de América Latina, como Argentina y Paraguay, han confirmado su participación en la “Junta de la Paz”, lo que marca un contraste con la posición adoptada por el gobierno mexicano.

Pese a quedar fuera de este nuevo esquema, autoridades federales han reiterado que la relación bilateral con Estados Unidos se mantiene activa en temas clave como migración, comercio y seguridad, a través de los canales diplomáticos establecidos.

En un nuevo capítulo de la cooperación bilateral en materia de seguridad, México transfirió ayer a 37 nacionales mexicanos buscados por graves delitos en Estados Unidos, marcando la tercera entrega masiva de este tipo en menos de un año y elevando el total a 92 criminales de alto impacto enviados al vecino del norte desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó esta mañana el comunicado oficial detallando la lista de los trasladados, en los que no figura el nombre de Roberto G.H., alias “El 04”, identificado como líder del grupo Los Cabrera y señalado como uno de los principales generadores de violencia en el corredor Aldama–Ojinaga, quien fuera trasladado al Altiplano, la noche anterior a la entrega de reos al gobierno de EU.

Los presos enviados al país vecino del norte, enfrentan cargos por narcoterrorismo, provisión de apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras (como el Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, designados como FTO), tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína, armas, lavado de dinero y contrabando de personas.

De los 37 nombres incluidos en la lista oficial del DOJ, 3 aparecen registrados como “SEALED” (sellados/ confidenciales), lo que significa que sus identidades, cargos específicos o detalles del caso permanecen confidenciales por orden judicial. Estos casos sellados se distribuyen de la siguiente manera:

1 en el Distrito occidental de Texas (pena máxima posible: 25 años de prisión).

1 en el Distrito de Arizona (pena máxima posible: 20 años de prisión).

1 en el Distrito de Columbia (pena máxima posible: cadena perpetua en el contexto de los cargos similares).

Los sellados representan aproximadamente el 8.1% del total transferido. El DOJ no explicó en el comunicado las razones específicas para mantener estos tres casos bajo sello, aunque es común en procesos federales estadounidenses sellar acusados para proteger investigaciones en curso, fuentes confidenciales, testigos o evitar fugas de información que puedan comprometer operaciones relacionadas con cárteles.

Entre los casos no sellados destacan figuras de alto perfil como:

Pedro Inzunza Noriega (“Sagitario”), líder del Cártel de Sinaloa/facción Beltrán-Leyva, acusado de narcoterrorismo y producción masiva de fentanilo.

Juan Pablo Bastidas Erenas (“Payo”), teniente clave en la misma facción.

María del Rosario Navarro Sánchez, primera mexicana acusada de proveer apoyo material al CJNG (incluyendo granadas y tráfico de armas).

Heriberto Hernández Rodríguez, vinculado al Cártel del Noreste (ex-Zetas).

La gran mayoría enfrenta penas máximas de cadena perpetua, y México obtuvo el compromiso de que no se solicitará la pena de muerte para ninguno.

Esta acción, calificada por la fiscal general Pamela Bondi como “otro logro histórico” en la lucha contra los cárteles, refuerza la presión de la administración Trump para desmantelar las redes de narcoterrorismo transfronterizo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mexicano, Omar García Harfuch, destacó que los trasladados “ya no podrán generar violencia en nuestro país”.

Hasta el momento, no se han reportado actualizaciones sobre los tres casos sellados, y se espera que permanezcan confidenciales hasta que la justicia estadounidense decida desclasificarlos o proceda a las audiencias correspondientes.

(mr)

El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, se colocó en el primer lugar nacional en trabajo y desempeño entre los presidentes municipales de capitales estatales, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Alcaldes correspondiente a enero de 2026, elaborada por la casa encuestadora RUBRUM.

La medición ubica a Bonilla con una calificación de 7.59, la más alta del país, por encima de alcaldes de ciudades con mayor población, presupuesto y peso político, lo que coloca a Chihuahua en la cima del ranking nacional de desempeño municipal.

En la comparación directa, el alcalde de Chihuahua superó a:

•⁠ ⁠Adrián de la Garza, de Monterrey, con 7.48 puntos;

•⁠ ⁠Enrique Galindo, de San Luis Potosí, con 7.45;

•⁠ ⁠Cecilia Patrón, de Mérida, con 7.35;

•⁠ ⁠Leo Montañez, de Aguascalientes, con 6.97.

El ranking se construye a partir de una pregunta directa a la ciudadanía: “¿Qué calificación le pondría usted al desempeño del presidente municipal?”, en una escala del 1 al 10, lo que convierte el resultado en un termómetro de percepción ciudadana sobre el ejercicio cotidiano del gobierno local.

De acuerdo con la evaluación, los rubros mejor posicionados de la administración municipal de Chihuahua capital son servicios públicos, obra pública, seguridad y atención ciudadana, áreas que suelen definir el desgaste o la aprobación de los gobiernos locales.

El primer lugar nacional no solo coloca a Bonilla por encima de alcaldes de capitales gobernadas por distintos partidos, sino que lo hace en un contexto de alta exigencia ciudadana, presión presupuestal y mayor escrutinio público, factores que han complicado el desempeño de muchos ayuntamientos en el país.

Más allá del reconocimiento, el resultado posiciona a Chihuahua capital como referente nacional de gestión municipal al arranque de 2026 y coloca a su alcalde como uno de los perfiles con mayor respaldo ciudadano entre los gobiernos locales de México.

El Congreso del Estado de Chihuahua concluyó las 18 entrevistas a las personas aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ejercicio que representa el 50 por ciento de la evaluación total para determinar quiénes serán las tres personas finalistas entre las cuales se elegirá a la próxima o próximo titular del organismo.

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que será el 26 de enero cuando se den a conocer las calificaciones obtenidas por cada una de las personas que acudieron a entrevista y cumplieron con los requisitos establecidos para participar en el proceso.

Explicó que las entrevistas son una parte fundamental del procedimiento, ya que aportan la mitad de la calificación, mientras que el otro 50 por ciento corresponde a la evaluación curricular, que incluye la trayectoria laboral y académica, información que previamente fue revisada por las fracciones parlamentarias que integran la Jucopo.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador señaló que las comparecencias, realizadas lunes y martes, permitieron conocer a fondo los perfiles de quienes buscan encabezar el organismo, y destacó que algunos aspirantes lo sorprendieron gratamente por la solidez de sus exposiciones.

“En lo general, la evaluación me parece positiva. Vimos personas que están compitiendo con exposiciones profundas, con análisis serios de la situación de la comisión y, sobre todo, con propuestas claras sobre su funcionamiento”, expresó Estrada Sotelo, quien indicó que estuvo presente en todas las entrevistas y participó directamente con preguntas a los aspirantes.

El diputado dijo confiar en que el proceso se realice con transparencia y sin evaluaciones anónimas.

“Yo espero que cada fracción política, con toda solvencia, diga cuáles son las calificaciones de cada una de las personas participantes, tanto en su parte curricular como en su parte de entrevista”, subrayó.

Una vez integradas las calificaciones individuales, explicó, la Jucopo deberá reunirse para conjuntar los puntajes y obtener un promedio general, a partir del cual se definirá si se envían al Pleno los tres perfiles mejor evaluados o si se opta por un mecanismo distinto para la integración de la terna.

El proceso continuará durante la próxima semana, con el objetivo de avanzar en la designación de la nueva presidencia de la CEDH, un órgano clave en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado.